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El Congreso va a examinar este lunes a los candidatos propuestos por el PSOE, el PP, Sumar y Vox a la Junta Electoral Central (JEC), que lleva más de un año con el mandato caducado. Son seis aspirantes y sólo cinco plazas en liza, con lo que uno de ellos se quedará fuera y todo apunta a que será el nombre de Vox, ya que la decisión compete a la Mesa de la Cámara, donde PSOE y Sumar tienen mayoría.

La JEC, único órgano electoral que tiene carácter permanente, está compuesta por ocho magistrados del Tribunal Supremo elegidos por sorteo y cinco catedráticos seleccionados por el Congreso. Sus integrantes, que no cobran por serlo y sólo perciben dietas de asistencia a sus reuniones, han de ser renovados en cada legislatura.

En concreto, la Ley Electoral obliga a nombrar nuevos vocales en los noventa días siguientes desde la constitución de las Cortes, un plazo que arrancó en agosto de 2023 y acabó en noviembre de ese año sin acuerdo entre las formaciones políticas. Con el mandato prorrogado, la actual Junta Electoral que preside el magistrado Miguel Colmenero ha supervisado las elecciones europeas y los comicios autonómicos de Galicia, País Vasco y Cataluña.

NADIE QUIERE PERDER CUOTA

El escollo principal que ha impedido el acuerdo es que ninguno de los principales partidos quiere reducir su presencia en la JEC. En la anterior legislatura, el PSOE propuso a dos catedráticos y los otros tres se repartieron entre PP, Vox y Unidas Podemos. Pero, tras la victoria del PP en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, el reparto debería cambiar.

De entrada, las cuatro grandes formaciones han propuesto nombres para el examen convocado el próximo lunes en la Comisión Consultiva de Nombramientos, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Los propuestos por el PSOE son Francisco Javier García Roca, catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, letrado del Tribunal Constitucional y presidente emérito de la Asociación de Constitucionalistas de España; y la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha Mari Luz Alarcón, quien ha ejercido como asesora en la Dirección General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de Presidencia en 2022 y 2023.

El PP quiere incorporar a la JEC a Javier Tajadura Tejada, catedrático de la Universidad del País Vasco y autor de numerosos artículos defendiendo el modelo constitucional de 1978, y que repita Carlos José Vidal Prado, catedrático de la UNED que lleva en el organismo arbitral desde 2017.

Sumar presenta la candidatura de la catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago de Compostela Alba Nogueira López, que ya fue vocal de la Junta Electoral gallega entre 2011 y 2013.

Vox apuesta por renovar en el cargo a José Miguel Serrano Ruiz-Calderón, catedrático de la Facultad de Derecho de la Complutense y vocal de la JEC desde 2020. Especialista en bioética y eutanasia, fue Complutense y fue asesor de la ministra Margarita Mariscal De Gante en el Gobierno de José María Aznar.

LA MESA DEL CONGRESO TIENE A ÚLTIMA PALABRA

Así las cosas, uno de los seis candidatos se quedará fuera cuando Mesa del Congreso, presumiblemente el próximo martes, formalice el nombramiento de los cinco catedráticos y todo apunta a que será el nombre propuesto por Vox.

Los ‘populares’, como partido mayoritario, reclaman dos de las cinco plazas, como tenía el PSOE cuando era el primer partido, pero ni los socialistas quieren ceder uno, ni Sumar está dispuesto a quedarse fuera de la JEC, y ellos son quienes tienen la mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara. Por ello, Vox podría quedarse fuera, como también fue excluido de la Mesa del Congreso y del reparto de las mesas de las comisiones del Parlamento.

Del examen en la Comisión Consultiva de Nombramientos se libran los ocho magistrados del Supremo, que ya fueron designados por el Poder Judicial. De entre ellos saldrán las personas que ocupen la Presidencia y Vicepresidencia de la Junta esta legislatura.

LOS OCHO MAGISTRADOS

En la lista figuran tres magistrados de la Sala de lo Penal –Carmen Lamela, Javier Hernández García y Miguel Magro Servet–; dos de Contencioso-Administrativo –Pilar Teso y Eduardo Calvo–, otros dos de la Sala de lo Social –Ángel Antonio Blasco Pellicer y Concepción Rosario Ureste–, y uno de la Sala de lo Militar: Fernando Martín Castán.

Entre ellos hay nombres que han gestionado causas muy conocidas. Carmen Lamela, cuando estuvo en la Audiencia Nacional, dirigió la investigación judicial contra el que fuera mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, que finalmente fue absuelto. Ángel Ramón Arozamena Laso fue uno de los dos magistrados que emitieron un voto particular contra la admisión a trámite de los recursos presentados por el PP, Ciudadanos y Vox contra los indultos concedidos a los condenados por el procés.

De su lado, el magistrado Vicente Magro Servet fue senador el PP por Alicante entre 1996 y 1997 y años después, en 2001, se convirtió en presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, un cargo que ocupó hasta 2016.

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a reconocer la actividad cinegética realizada de forma sostenible «como una actividad esencial y parte del acervo cultural arraigado en gran parte de la sociedad».

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, los ‘populares’ reclaman el respeto de la ciudadanía hacia la misma y el equilibrio y coexistencia con las necesidades y demandas del mundo urbano.

También quieren que el Ejecutivo distinga la actividad cinegética como una «herramienta indispensable» para la gestión sostenible de la naturaleza y por los beneficios medioambientales que proporciona sobre la biodiversidad en general, así como para evitar accidentes de tráfico, daños a la agricultura y la ganadería, o la transmisión de enfermedades entre animales y zoonosis.

En el texto registrado en la Cámara Baja, el PP destaca igualmente «el compromiso y el apoyo fundamental que prestan los cazadores en la prevención y la lucha contra los incendios forestales».

Asimismo, reclama recuperar la capacidad de la actividad cinegética para gestionar los recursos naturales del territorio, como el control de las poblaciones de fauna, como herramienta en los planes de gestión sostenible de las especies y siempre de forma compatible con otros aprovechamientos y funciones del medio natural.

«También se promoverá la descatalogación del lobo en el LESPRE, la realización de los controles poblacionales a través de la caza en los espacios naturales protegidos y la gestión adecuada de depredadores y especies exóticas invasoras», propone.

La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo quiere que el Gobierno tenga en consideración el impacto normativo de todos los desarrollos legislativos que afecten directamente a la actividad cinegética, «buscando soluciones viables y consensuadas con el sector de manera que esta se desarrolle sin impedimentos y de forma sostenible.

El PP insta al Ejecutivo a buscar el estatus adecuado para que la tenencia responsable de animales empleados para la actividad cinegética «sea conforme a los criterios de bienestar y compatibles con el desarrollo de la caza, en coherencia con las peculiaridades de su labor, transmitiendo los verdaderos valores de la actividad cinegética».

Igualmente, le reclama defender, dentro del marco de legalidad europeo, las distintas modalidades vinculadas con la actividad cinegética en España, «siempre que se desarrollen de forma ordenada bajo criterios técnicos y sostenibles, colaborando con las organizaciones del sector en el conocimiento, control y mantenimiento del adecuado estado de las poblaciones naturales siempre con base en datos científicos independientes u oficiales sobre el estado de las mismas».

El PP quiere que se apoye al sector cinegético español ante las autoridades europeas, «en aquellas cuestiones que se puedan considerar contrarias al derecho nacional».

Propone al Gobierno que colabore para que todas las personas que intervienen en la actividad cinegética tengan, además de los conocimientos adquiridos por la experiencia, una mayor formación en aspectos como la seguridad, así como sobre el hábitat o de la producción y manipulación de la caza silvestre y de la carne de caza silvestre tras la caza, colaborando con la protección y conocimiento del patrimonio natural y fomentando el empleo cinegético cualificado.

En la misma línea, anima a contribuir a la participación de representantes del sector en los órganos consultivos donde se toman decisiones que afecten a su actividad, teniendo en cuenta las evaluaciones y propuestas de las organizaciones más representativas sobre el desarrollo de las políticas públicas referidas a la caza.

Por último, reclaman al Gobierno que favorezca la difusión de la imagen social positiva de la actividad cinegética que se realiza de forma sostenible «sin criminalizar conductas y generar juicios de valor previos que perjudique su imagen en la sociedad, así como facilitar la incorporación de nuevos practicantes y mejorar la gestión administrativa».

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha considerado que el PSOE «actúa como una mafia» tras el nombramiento de Pilar Sánchez Acera como secretaria de Organización, a quien dice que han premiado tras montar «operaciones de Estado».

«Al adversario le montan operaciones de Estado y al que ha colaborado en operaciones de Estado le elevan a la Secretaría de Organización del propio Partido Socialista, como hemos visto con la figura de Pilar Sánchez Acera. Y eso es lo que se dedica al Partido Socialista, a premiar a quienes hacen operaciones de Estado», ha apuntado Serrano en declaraciones a los medios este domingo durante la carrera ‘Dale Caña al ELA’ en Alcalá de Henares.

Además, el ‘número dos’ del PP regional ha sostenido que «el Partido Socialista se ha vuelto loco en la Comunidad de Madrid. Serrano ha sido crítico con la figura de «un Óscar López que viene a Madrid orgulloso del sanchismo, cuando el sanchismo para los madrileños ha sido peor que una pandemia y una dana en su conjunto».

Serrano ha invitado también a López a «acabar con las bajadas de impuestos, con la libertad de elección de centro educativo o con la libertad de elegir médico, que diga si es tan valiente que va a acabar con ello».

FALTA SIMANCAS PARA «UN TRES EN RAYA»

Respecto al Congreso del Partido Socialista, ha indicado que ha aportado «poco más que insultos y ataques a los madrileños y a la propia presidenta de la Comunidad de Madrid», Isabel Díaz Ayuso, más allá de nombramientos «mafiosos», como ha catalogado el de Pilar Sánchez Acera como secretaria de organización.

«Pero bueno, yo les dejo a ellos con sus propios errores. Han nombrado de uno a una persona que ha perdido todas las elecciones en las que se ha presentado. Han nombrado de dos a una mujer que perdió contra Tomás Gómez. Yo les invito a que nombren de tres a Rafael Simancas. Y seguro que eso sí que es un tres en raya para el Partido Socialista de Madrid», ha añadido.

El Ministerio de Defensa se muestra convencido de que España alcanzará la meta del 2% del PIB en gasto en defensa comprometido con la OTAN para 2029, incluso con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados. «Hay fórmulas», señalan fuentes del Ministerio, aunque rehúsan entrar en más detalles.

El Gobierno de Pedro Sánchez se vio obligado a prorrogar de nuevo las cuentas públicas de 2023 ante la falta de apoyos parlamentarios para sacar adelante un nuevo proyecto antes de que terminara el año. El Ejecutivo ya negocia con lo socios de investidura los de 2025, Junts incluido, tras salvar la última crisis con los de Carles Puigdemont.

En este contexto, el Ministerio de Defensa no se plantea ningún escenario que no sea alcanzar al gasto comprometido con la OTAN del 2% del PIB para 2029, incluso sin presupuestos. Fuentes de la cartera que dirige Margarita Robles señalan que se puede llegar a ese porcentaje con las cuentas prorrogadas. Indican que hay fórmulas, pero prefieren no despejar sus planes, en caso de necesitarlos, por el momento.

Otro de los escollos a salvar cuando el Gobierno habla sobre el incremento del gasto en Defensa es la postura del ala minoritaria del Ejecutivo de coalición, Sumar, y algunos de los socios parlamentarios habituales, como Podemos, ERC, Bildu o BNG, que tradicionalmente se han posicionado en contra.

Las fuentes descartan «problemas» con los socios en este sentido. «El compromiso se puede cumplir y no hay ningún problema con los socios», remarca el Ministerio de Defensa, apuntando a que el incremento del gasto en este sector repercute en la creación de puestos de trabajo. «¿Cuántos puestos de trabajo representan las fragatas en Ferrol?», ilustran las fuentes.

MIEMBROS COMO ITALIA O FRANCIA NO LO ELEVARÁN AL 3%

Actualmente, 23 de los 32 miembros de la Alianza cumplen con el compromiso de destinar el 2% del PIB a Defensa, un acuerdo que se alcanzó en la Cumbre de Gales de 2014. España se sitúa a la cola, con el 1,28% de gasto.

Pero los miembros de la OTAN ya evalúan elevar el gasto al 3% del PIB para 2030. Lo decidirán en la cumbre de La Haya de junio y el secretario general, Mark Rutte, alega la inestabilidad resultante de la invasión rusa de Ucrania. Precisamente el pasado lunes, el presidente, Pedro Sánchez, se reunió con Rutte ante quien reafirmó la intención de alcanzar la meta del 2% para 2029, ignorando el porcentaje del 3.

El Ministerio de Defensa se expresa en la misma línea y ya descarta un incremento del gasto en defensa que se eleve al 3%. Asimismo, cree que países grandes como Italia o Francia tampoco alcanzarán ese objetivo.

Pero como telón de fondo está la nueva Administración de Donald Trump, que ha exigido elevar el porcentaje a un 5% y ha amenazado con desproteger a los miembros de la Alianza que no cumplan con las contribuciones, poniendo el foco en el agravio comparativo que supone la inversión estadounidense, que destina el 3,38% de su producto interior bruto. Recién asumido su cargo, Trump afeó a España su gasto en defensa y Sánchez replicó que nuestro país ha elevado en un 70% este gasto en los últimos diez años.

Las fuentes de la cartera que encabeza Margarita Robles desechan las amenazas del presidente de Estados Unidos, poniendo el foco en que se trata de una persona cambiante. Se inclinan por no tener en cuenta las declaraciones del mandatario estadounidense y quedarse con los futuros acuerdos que se suscriban.

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha defendido que «Junts no define ni condiciona la posición de ERC» y ha criticado, textualmente, que cuando los republicanos acuerdan no están reforzando al PSOE en Madrid o al PSC en Cataluña.

«Lo que estamos haciendo es garantizar los derechos de los ciudadanos allí donde se regulan, que es Madrid», ha asegurado Capella en una entrevista este domingo en ‘La Vanguardia’ y recogida por Europa Press, en la que ha puesto como ejemplos el incremento de pensiones, subir el salario mínimo o reforzar el transporte público.

Capella ha dicho, textualmente, que no sabría definir a Junts ideológicamente porque, a su juicio, muchas veces «se va definiendo a medida que toma decisiones», y ha reiterado que republicanos y juntaires tienen diferentes modelos al menos desde el punto de vista social, apunta.

AMPLIACIÓN DE CRÉDITO DEL GOVERN

Preguntada sobre si ERC apoyará la ampliación de crédito de 4.400 millones que propone la Conselleria de Economía de la Generalitat, Capella ha explicado que trabajarán «paso a paso» y que, en sus palabras, en cada momento trabajarán para garantizar los derechos de los ciudadanos.

Con ello, la portavoz ha exigido que se cumplan los acuerdos previos cerrados entre los socialistas y ERC porque, si no se cumplen, «la percepción que tiene el ciudadano es que las fuerzas políticas acuerdan, pero nunca se materializa lo que acuerdan y se acaba generando un caldo de cultivo de desconfianza absoluta», dice.

También ha negado la posibilidad de que ERC vote en contra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una eventual cuestión de confianza en el Congreso: «Nosotros no tenemos prisa con tener un gobierno del PP y de Vox. Porque el PP y Vox son aquello de cuando peor, peor. No lo haremos».

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha admitido que no es, en sus palabras, optimista y ve «bajas» posibilidades de avances con el PSOE, por lo que ha defendido mantener la iniciativa de Junts para la cuestión de confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«La proposición no de ley (PNL) debe mantenerse. No nos planteamos retirarla en ningún caso. Merece la pena que el debate se haga y que se vote, también», ha afirmado en una entrevista publicada este domingo en ‘Vilaweb’ y recogida por Europa Press.

Tras ser preguntada por si esto cambiaría en el caso de que haya avances con los socialistas, Nogueras ha asegurado que, por ahora, no no los ha habido: «Las posibilidades de que los hayan, creo que son muy bajas. Ya veremos. No soy optimista. Durante un año nos han demostrado que hacen lo de siempre y lo hacen como siempre. Depende sólo de su voluntad política».

La dirigente de Junts ha considerado que están donde estaban «el primer día» con el PSOE, después de que esta semana ambos partidos hayan llegado a un acuerdo para salvar parte del deceto ómnibus y tamitar la cuestión de confianza.

ESPIONAJE

Preguntada por si cree que juntaries pueden negociar con el PSOE al tiempo de ser espiados, Nogueras lo ha afirmado porque «se ha demostrado que siguen haciéndolo».

«Las infiltraciones que hemos sabido se han hecho bajo el mandato de Marlaska, que es ministro del Interior desde el 2018, y es una realidad que con demasiada frecuencia olvidamos», ha añadido.

Pedro Sánchez se mostró este martes exultante tras haber cerrado un pacto con Junts per Catalunya para aprobar un decreto con varias de las medidas estrellas del ‘ómnibus’ a cambio de que el PSOE facilite que la Mesa del Congreso de los Diputados tramite la cuestión de confianza a la que el presidente del Gobierno solo se someterá si así lo decide.

La Moncloa intentó señalar al PP por su ‘no’ a una ley que incluía temas tan sensibles como la subida de las pensiones, ayudas a los afectados por la Dana y las ayudas públicas al transporte público.

Pero encuestas, sindicatos e incluso periodistas afines le han dado la espalda y le han llevo a cambiar de postura y moverse a contrarreloj para llegar a un nuevo pacto con Carles Puigdemont.

El acuerdo ha provocado el enfado del Partido Popular, que a través de Borja Semper ha mostrado su descontento. «Sánchez ha preferido pasar por la humillación a la que le ha sometido Puigdemont y plegarse a sus imposiciones, como es la cuestión de confianza que le exigía».

El principal partido de la oposición no ha desvelado cuál será su sentido de voto pese a que de la ley se caen algunas medidas que tanto molestaban a Génova 13 como la devolución del Estado al PNV de un palacete parisino que fue arrebatado por la Francia ocupada por los nazis a militantes de la formación jeltzale.

Este enfado, en realidad, está generado por la negativa del PNV a pactar con el PP, que sigue molesto porque los nacionalistas fueron los que apuntillaron a Mariano Rajoy (y, con permiso de EH Bildu, son el socio más fiel de Pedro Sánchez). «Seríamos irresponsables si anunciáramos el sentido del voto ahora. Queremos ver negro sobre blanco lo que Junts avanza en las redes sociales», dice Semper.

SÁNCHEZ LEVANTÓ LA VOZ CONTRA EL PP

Antes el pacto, Sánchez cargó las tintas contra la oposición por su negativa a votar a favor de una ley que incluía un tema capital para la sociedad como son las pensiones. El dirigente socialista cargó contra «la enorme capacidad que tiene la coalición negacionista del Partido Popular y de Vox para contaminar el debate público con manipulaciones y mentiras. Esa estrategia del Partido Popular y la del partido de la ultraderecha de Vox es dañina para España y para la mayoría social de españoles y españolas».

La coalición negacionista que forman PP y Vox, según opinión socialista, «lejos de afectar al Gobierno de coalición progresista, le hace más fuerte, porque nos recuerdan de lo que ellos son capaces y la importancia de que nuestra agenda social de progreso salga adelante, como lleva saliendo adelante durante estos últimos siete años».

La ley rechazada por el Congreso, dice Sánchez, eran «reformas con pacto social, que siempre reivindico porque generan estabilidad, a diferencia de lo ocurrido en otros momentos de nuestro país, en los que se ha aprobaban de manera unilateral contrarreformas que encontraban su rechazo social por parte de millones y millones de pensionistas o también, de trabajadores y trabajadoras».

La oposición dice que su intentona fue un ‘trágala’ y Sánchez hizo oídos sordos y aseguró que estaba dispuesto a remangarse la camisa para llegar a acuerdos. «En un parlamento tan fragmentado como el que tenemos, yo voy a buscar votos y apoyos hasta debajo de las piedras para revalorizar las pensiones a nuestros jubilados y jubiladas, voy a buscar votos hasta debajo de las piedras para que los jóvenes tengan transporte público gratuito y voy a buscar votos hasta debajo de las piedras para que los afectados de La Palma y de Valencia tengan las ayudas que merecen y necesitan».

«Vamos a buscar votos hasta debajo de las piedras por responsabilidad y por convicción para que la gente tenga sus derechos, los derechos que el Partido Popular y Vox les han cercenado votando en contra», añadió. Finalmente, la revalorización de las pensiones otorgará oxígeno político al PSOE en plenas tensiones para combatir su precariedad parlamentaria.