Con el silbatazo inicial de una nueva temporada de la Liga de Fútbol Profesional, se destapa, una vez más, un conflicto económico que lleva años en la sombra: el millonario costo de los operativos de seguridad en los estadios, que en lugar de ser asumido por los clubes y LaLiga, recae sobre las espaldas de todos los contribuyentes. El sindicato JUPOL, la fuerza mayoritaria dentro de la Policía Nacional, ha levantado la voz para denunciar esta situación que, según afirman, es una «anomalía injusta e insostenible».
Cada jornada, miles de agentes de la Policía Nacional se movilizan para blindar la seguridad de los aficionados y evitar brotes de violencia en los partidos. Los despliegues varían en tamaño y complejidad, desde operativos con 150 agentes en encuentros considerados de riesgo medio hasta la movilización de más de 400 policías en partidos declarados de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia. Este esfuerzo colosal no es gratuito; JUPOL estima que el coste anual de estos dispositivos supera los 15 millones de euros, una factura que, a pesar de corresponder a un evento privado y multimillonario, es asumida por el erario público.
«Es inaceptable que, mientras LaLiga y los clubes de fútbol ingresan miles de millones de euros cada temporada por derechos televisivos, publicidad y patrocinio, sea la Policía Nacional —y, por extensión, todos los ciudadanos— quienes paguemos de nuestro bolsillo la seguridad de un espectáculo privado», han manifestado desde el sindicato.
UN RIESGO SIN COMPENSACIÓN
La denuncia de JUPOL adquiere una gravedad especial en un contexto de creciente violencia en el fútbol. El sindicato alerta que el resurgir de los grupos ultras y la escalada de agresiones asociadas al deporte rey están obligando a desplegar cada vez más efectivos, lo que convierte a estos operativos en misiones de alto riesgo. A pesar del peligro inherente y el sobreesfuerzo que esto supone, los agentes de la Policía Nacional no reciben ninguna compensación económica ni un reconocimiento adecuado por las condiciones especiales en las que desempeñan su trabajo. La factura, en todos los sentidos, la paga el Estado.
La queja de JUPOL no es una reivindicación aislada o sin fundamento legal. El sindicato recuerda que existen precedentes a nivel internacional y nacional que respaldan su postura. En Alemania, el Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo de Bremen sentó jurisprudencia al obligar a la liga alemana a hacerse cargo de los gastos policiales en los partidos de mayor riesgo. En España, el País Vasco ya ha dado un paso al frente: la Ley 10/2015 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas obliga a los clubes a abonar 31 euros por funcionario y hora por los servicios de la Ertzaintza.
UN «ABUSO» QUE SE REPITE
La exigencia de JUPOL es clara y contundente: el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía deben tomar medidas inmediatas para que LaLiga, como organizador de la competición, asuma por fin los costes de seguridad. El sindicato subraya que esta medida no es solo una cuestión de justicia, sino que está en consonancia con la propia normativa de espectáculos públicos. Dicha legislación establece que la seguridad en el interior y los accesos a los estadios corresponde a empresas de seguridad privada contratadas por los organizadores.
Sin embargo, en la práctica, esta responsabilidad recae casi por completo en los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), popularmente conocidos como los “antidisturbios”. Las empresas de seguridad privada, en cambio, quedan relegadas a un papel meramente testimonial.
«Cada temporada repetimos la misma denuncia y cada temporada se repite el mismo abuso. LaLiga y los clubes hacen caja mientras los policías nacionales arriesgan su integridad sin reconocimiento ni compensación, y los ciudadanos pagan un servicio que no les corresponde sufragar», han sentenciado desde JUPOL.
El sindicato ha dejado claro que no dará un paso atrás. Califican la situación de insostenible tanto a nivel económico como social y anuncian que continuarán impulsando medidas de presión para que LaLiga asuma su responsabilidad. El debate está servido: en una industria que mueve miles de millones, ¿quién debe pagar la seguridad? Los policías y los ciudadanos tienen una respuesta. Ahora falta ver si LaLiga y los clubes de fútbol están dispuestos a escuchar y asumir la parte que les corresponde.
