El pasado 25 de junio los abogados de la asociación Hazte Oír junto con los de Iustitia Europa dieron una conferencia legal sobre «La acusación popular: en defensa de la libertad».
La asistencia fue masiva, profesionales del derecho y representantes de medios de comunicación. El acto concluyó con éxito absoluto y supuso un análisis riguroso del estado actual de esta figura jurídica ante los reiterados intentos del Gobierno de socavarla: desde la denominada ley Begoña -el ataque más frontal e impune a la acusación popular en democracia- hasta la ley Bolaños 2.0, disfrazada de armonización europea pero diseñada, en realidad, para dejar al ciudadano desarmado frente a una fiscalía que en España no es independiente: la nombra el propio Gobierno.
Los cuatro letrados presentes coincidieron en que el ataque a la acusación popular no es un episodio aislado, sino parte de un patrón sistemático del PSOE contra la libertad, con el BOE como brazo armado. Javier María Pérez-Roldán y Nouna Lozano, de Hazte Oír, han reforzado la defensa de la acusación popular junto a Luis María Pardo y Rubén Gutiérrez, de Iustitia Europa. Un acto que ha sido apoyado por más de doscientos ciudadanos que han manifestado, con su asistencia, su interés y apoyo a una herramienta jurídica que ha sido atacada en los últimos meses.
Hazte Oír e Iustitia Europa reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo la acusación popular como garantía de libertad para todos los ciudadanos, al margen de cualquier interés partidista. Ambas organizaciones fueron explícitas: esta institución no pertenece a ningún partido político, pertenece a los españoles. «Cualquier ciudadano puede ejercer la acusación popular. Lo que hacemos nosotros es que no tenga que hacerlo solo». Las dos entidades anunciaron que continuarán trabajando, con plena independencia de los vaivenes políticos, para blindar jurídicamente este derecho constitucional frente a futuros ataques.
Desde Hazte Oír e Iustitia Europa se emplazaron a seguir impulsando iniciativas similares que pongan a disposición de la ciudadanía las herramientas legales para exigir justicia, con independencia de quién gobierne. Las dos organizaciones afirmaron que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, «sigue con la diana en las acusaciones populares».
