La Junta de Andalucía ha anunciado este viernes el impulso de un decreto que impondrá multas de hasta 60.000 euros para frenar las agresiones a profesionales sanitarios, una lacra que en 2025 dejó 310 denuncias en Málaga y casi 2.000 en toda la comunidad.
La Junta ultima un decreto con multas de hasta 60.000 euros por ataques físicos y digitales
El consejero en funciones de Sanidad, Antonio Sanz, ha detallado que la futura ley —la primera que tramitará la Consejería al iniciarse el periodo de sesiones— incluirá un régimen sancionador específico. Las infracciones graves, como las agresiones físicas o las amenazas a través de redes sociales, podrán ser castigadas con la cuantía máxima de 60.000 euros. Además, se contemplan medidas complementarias, entre ellas la restricción del acceso a los centros sanitarios para los agresores.
“Queremos ser contundentes”, ha subrayado Sanz tras presidir la reunión del Observatorio de Agresiones a las Personas Profesionales del Sistema Sanitario Público. La norma cubrirá desde los insultos y las vejaciones hasta los ataques digitales. La inversión en seguridad en los centros andaluces ha crecido un 60,7% en cinco años, pasando de 37 millones a 60 millones de euros.
Málaga, segunda provincia con más agresiones en 2025, suma 310 denuncias
Los datos del informe anual, recogidos durante el pleno del Observatorio, muestran que Andalucía registró 1.976 agresiones a sanitarios en 2025. De ellas, 387 fueron físicas y 1.589 no físicas. Málaga, con 310 casos, se sitúa solo por detrás de Sevilla (569) y por delante de Cádiz (282), Granada (201), Almería (184), Córdoba (173), Jaén (162) y Huelva (95). En el conjunto de España las agresiones contabilizadas ascendieron a 18.563.
En todas las provincias aumentaron los episodios respecto a 2024, excepto en Cádiz, donde bajaron un 18%. El 74% de las víctimas fueron mujeres, y la Junta ha detectado un repunte de los incidentes protagonizados por personas con patologías mentales o deterioro cognitivo. La tasa de incidencia en Andalucía se quedó en 15,41 notificaciones por cada 1.000 profesionales, nueve puntos por debajo de la media nacional (24,37).
La sanidad pública andaluza atiende millones de consultas al año: sus 120.000 profesionales merecen ejercer sin miedo a insultos ni agresiones.
En los centros de Atención Primaria, el 33% de los hechos ocurrieron dentro de la propia consulta médica, mientras que en los hospitales el principal escenario fue la habitación del paciente (24%). En ambos ámbitos la causa más frecuente fue la demanda del usuario —52% en Atención Primaria, 22% en hospitalaria—, seguida del desacuerdo con el trato recibido (otro 21% en el ámbito hospitalario).
Paralelamente, la Consejería ha reforzado la asistencia a los trabajadores agredidos: en 2025 se realizaron 195 asistencias letradas —33 de ellas tipificadas como delito de atentado— y se han desplegado más de 50.000 dispositivos de seguridad, entre cámaras, alarmas y sistemas de aviso en las consultas. La Unidad Sócrates de la Policía Adscrita ha efectuado 694 entrevistas con directores y responsables de centros para anticipar situaciones de riesgo.
La Lectura Andaluza
El contexto andaluz muestra un escenario en el que las agresiones al personal sanitario no son un fenómeno aislado, sino una tendencia que, salvo el paréntesis a la baja de Cádiz, ha crecido en el resto de provincias. La Junta de Andalucía, con este decreto, opta por un modelo que combina la vía disuasoria —multas elevadas, limitación de acceso a los centros— con la preventiva y la asistencial, un enfoque que ya ha empezado a dar frutos: la inversión en seguridad sanitaria ha aumentado más de un 60% desde 2020 y la tasa de incidencia andaluza es sensiblemente inferior a la media nacional.
Para los andaluces, el valor de proximidad es doble: por un lado, la ley protege a los 120.000 profesionales que sostienen la sanidad pública, una de las mayores plantillas del país; por otro, garantiza que la atención no se vea entorpecida por episodios de violencia que, como muestran los datos, se concentran en las consultas de Atención Primaria y en las habitaciones de los hospitales. Quienes trabajan en centros de salud de barrios como los de Málaga —la segunda provincia más castigada— saben que cada agresión resta recursos y tiempo a quienes más lo necesitan.
La proyección apunta al inicio del próximo periodo de sesiones, cuando el Parlamento de Andalucía reciba el texto para su debate. Si las previsiones se cumplen, antes de que acabe 2026 la comunidad contará con una herramienta legal sin precedentes en la región. El Observatorio, con sus cinco grupos de trabajo recién definidos, seguirá afinando las medidas de acompañamiento psicológico y jurídico que ya hoy protegen a los profesionales. La lectura es clara: Andalucía se dota de instrumentos que alejan la impunidad de los pasillos y las consultas de sus hospitales y centros de salud.
