Greenpeace ha lanzado una contundente denuncia: el Gobierno español destinó casi la mitad de los 5.000 millones de euros del paquete de ayudas por la crisis de Ormuz a subvencionar el consumo de combustibles fósiles. El dato, extraído de un exhaustivo análisis comparativo entre siete países de la UE, revela que España protagoniza el mayor ‘rescate fósil’ del continente justo cuando el shock energético derivado del conflicto en Irán exigía acelerar la transición hacia un modelo limpio.
El mayor ‘rescate fósil’ de la UE: el dato que escuece
El informe Rescate fósil o transición energética: España ante la crisis de Ormuz puntúa a los países en función de cómo han protegido a la población de la inflación energética. España recibe la peor nota: un nivel de riesgo medio de ‘anclaje fósil’ que supera negativamente a Alemania, Irlanda, Portugal o Grecia, donde ni siquiera se articularon medidas de protección con enfoque de transición. “Se ha priorizado el auxilio generalista al consumo de energías contaminantes”, resume el documento.
Los 5.000 millones de euros movilizados a través de los Reales Decretos-ley 7/2026 y 8/2026 conformaron el mayor paquete de asistencia del bloque. Sin embargo, el análisis metodológico concluye que el despliegue careció de coherencia: casi el 50% de los fondos se fue a rebajas fiscales generalistas que profundizaron la dependencia del petróleo y el gas, en lugar de centrarse en los colectivos más vulnerables y en soluciones estructurales de ahorro y eficiencia.
La comparativa europea deja un regusto amargo. Países Bajos, por ejemplo, combinó medidas de choque con fuertes directrices para la transición, mientras España ocupó el peor escalón de los analizados. Suecia y los propios Países Bajos son los únicos que, según Greenpeace, lograron compatibilizar el rescate coyuntural con apuestas sólidas por la descarbonización.
Medidas generalistas frente a soluciones de transición: la letra pequeña del plan
Vamos por partes. El Real Decreto-ley 7/2026 incluyó rebajas en los impuestos de la electricidad y los carburantes, ampliaciones del bono social eléctrico y térmico y un cheque energético de 200 euros para hogares con rentas bajas. Sobre el papel parecía un colchón, pero Greenpeace señala que la mayor parte del dinero fue a parar a medidas que beneficiaban el consumo de combustibles fósiles, sin discriminar por nivel de renta ni eficiencia. “Inyectar miles de millones en rebajas fiscales generalistas solo beneficia a los más ricos”, advierte Carlos García Paret, portavoz de la organización.
El Banco de España, Funcas y la propia Comisión Europea ya habían recomendado soluciones focalizadas. Sin embargo, el Ejecutivo optó por el paraguas fiscal amplio, con un coste fiscal elevado y una eficacia discutida a la hora de reducir la demanda de productos petrolíferos. La crisis de Ormuz, que disparó los precios tras los ataques a petroleros en el estrecho, brindaba una ventana de oportunidad para rediseñar el consumo energético, y el informe sostiene que se desperdició en buena parte.
Siendo España el país mejor preparado para resistir el shock de Ormuz gracias a las renovables, resulta injustificable que responda siendo el que más subvenciona los combustibles fósiles.
Mientras el Estado desplegaba estas ayudas, las grandes corporaciones fósiles incrementaron sus beneficios en unos 11,5 millones de euros diarios por la escalada de precios, según denunció Greenpeace en un informe paralelo. La paradoja es evidente: el contribuyente sufraga una factura energética inflada mientras los productores engordan sus márgenes.
La brecha temporal que puede descarrilar la transición
El análisis no es del todo negro. El Ejecutivo ha impulsado reformas estructurales con calado a largo plazo: la ampliación a 5 kilómetros de la distancia para el autoconsumo colectivo, la liberación del 10% de la capacidad de red para comunidades energéticas, nuevas competencias fiscales para los ayuntamientos en proyectos de energía descentralizada, y obligaciones de sostenibilidad para centros de datos. Estas medidas podrían transformar el modelo, pero la letra pequeña del calendario asusta.
Los incentivos fiscales para que la ciudadanía se sume a la transición —rehabilitación de edificios, movilidad eléctrica, compra de sistemas de autoconsumo— expiran a finales de 2026. También caducan el bono social eléctrico y el térmico. “Hasta ahora le ha faltado mucha imaginación al Gobierno para salir de la trampa de los combustibles fósiles”, insiste García Paret, que recuerda que España importa cada año 22.000 millones de euros en combustibles fósiles.
La brecha temporal concita un amplio consenso entre los expertos: dejar caer los apoyos a la rehabilitación y a la movilidad limpia justo cuando la inflación energética aún no cede supondría un frenazo en seco a la demanda de tecnologías limpias. Aquí está la contradicción que más duele: se subvenciona el diésel y la gasolina durante la crisis, pero se ponen fecha de caducidad a las ayudas que reducen la dependencia estructural.
España importa 22.000 millones de euros de combustibles fósiles, el pasaporte para la siguiente crisis.
Las diez recetas de Greenpeace para salir del bucle fósil
Para romper el anclaje, la organización ha lanzado un decálogo de medidas que van desde un impuesto a los vuelos VIP hasta la creación de un Fondo Soberano Verde. Algunas propuestas tienen ya respaldo académico:
- Reserva Estratégica de Almacenamiento Verde, aprovechando las horas solares y eólicas excedentarias para cubrir picos de demanda.
- Extensión a largo plazo de todas las ayudas fiscales a la transición y de las protecciones sociales (bono social, prohibición de cortes).
- Rehabilitar 10 millones de hogares antes de 2040, con especial foco en los grupos vulnerables mediante una cuenta de ahorro vivienda que facilite la inversión en aislamiento y eliminación del gas.
- Un “bono climático” mensual para pequeños agricultores que incentive la agroecología y el consumo de proximidad.
- Vetar la publicidad y los patrocinios corporativos de los combustibles fósiles, una medida que ya ha adoptado la UE para el tabaco.
El análisis completo, disponible en la página de Greenpeace España, concluye que el verdadero giro estratégico solo llegará si las políticas públicas dejan de tratar el consumo fósil como un bien a proteger y empiezan a entenderlo como un pasivo que lastra la competitividad y la seguridad energética.
�� El Impacto Real para el Futuro
- Beneficio medible: Redirigir los 2.500 millones de euros dilapidados en subvenciones fósiles hacia la rehabilitación y la movilidad limpia evitaría más de 5 millones de toneladas de CO2 anuales, según modelos sectoriales.
- Modelo que cambia: La crisis de Ormuz deja obsoleto el paradigma de auxilio fiscal indiscriminado; el futuro exige políticas que graven la contaminación y premien la eficiencia.
- Para las próximas generaciones: Cada euro que hoy se invierte en energía solar descentralizada o en aislamiento de viviendas reduce las facturas y la dependencia geopolítica, construyendo un colchón climático real.
