EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Parlamento Europeo mantiene abierta la investigación sobre el acuerdo agrícola UE-Marruecos tras una denuncia por competencia desleal presentada en junio por el letrado almeriense Félix Cervantes.
- ¿Quién está detrás? La Eurocámara ha considerado insuficientes las explicaciones de la Comisión Europea y mantiene el caso bajo supervisión política. El sector hortofrutícola español, con Almería a la cabeza, reclama medidas urgentes.
- ¿Qué impacto tiene? La revisión podría forzar la inclusión de cláusulas espejo y controles más estrictos para los productos marroquíes, con consecuencias directas para el tomate español y las relaciones UE-Rabat.
La denuncia de un abogado almeriense ha llevado al Parlamento Europeo a revisar en profundidad el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos. El pasado 22 de junio, Félix Cervantes Rodrigo presentó un escrito en el que cuestiona la asimetría regulatoria que, a su juicio, deja a los agricultores europeos en desventaja frente a los productores marroquíes. La Eurocámara ha mantenido abierto el expediente tras considerar insuficientes las explicaciones de la Comisión Europea, y ha puesto el foco en la competencia desleal que afecta a sectores clave como el tomate español.
Una denuncia contra la ‘competencia desleal institucionalizada’
Cervantes argumenta que existe una brecha estructural: mientras los agricultores europeos deben cumplir normativas ambientales, fitosanitarias y laborales cada vez más exigentes, los productos procedentes de Marruecos acceden al mercado comunitario sin las mismas ataduras. “Una asimetría regulatoria que califica de ‘competencia desleal institucionalizada’”, resume el letrado. La denuncia desgrana diferencias en los costes laborales —hasta diez veces inferiores en el reino alauita—, el uso de fitosanitarios prohibidos en la UE y unas exigencias medioambientales mucho más laxas.
Este desequilibrio, sostiene el abogado, ha permitido que las exportaciones marroquíes crezcan sin freno. De hecho, Marruecos ya ha superado a España como principal proveedor de tomate de la Unión Europea. La denuncia también señala posibles irregularidades en el etiquetado de productos hortofrutícolas procedentes del Sáhara Occidental, que se presentarían como originarios de Marruecos, pese a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera ambos territorios jurídicamente diferenciados.
El tomate español, termómetro de una crisis anunciada
El impacto se concentra en provincias como Almería, donde el tomate es un cultivo emblemático. Las organizaciones agrarias llevan años alertando de la pérdida de competitividad, y el caso destapado por Cervantes ha vuelto a poner en el centro la necesidad de cláusulas espejo: exigir a los productos importados los mismos requisitos que se imponen a los productores comunitarios. “Nos estamos jugando el relevo generacional, el empleo rural y la soberanía alimentaria”, advierte el letrado.
El caso ha escalado hasta la supervisión política directa del Parlamento Europeo, y Bruselas ya no puede mirar hacia otro lado.
Si la investigación avanza y no se adoptan medidas correctoras, la Eurocámara contempla trasladar el expediente a las comisiones de Agricultura y Medio Ambiente, con posibilidad de organizar visitas de eurodiputados y misiones de inspección sobre el terreno. La presión desde el sur de Europa es creciente, y el Gobierno español, aunque de momento guarda silencio público, sabe que el sector hortofrutícola no aceptará un nuevo aplazamiento.
El Eje del Poder Europeo
La revisión del acuerdo con Marruecos se inserta en un debate más amplio sobre la coherencia de la política comercial de la UE. Mientras la Comisión defiende el statu quo por razones geopolíticas —con Rabat como socio estratégico en migración y control del Sáhara—, los países productores del sur (España, Italia, Grecia) exigen reciprocidad normativa. La tensión recuerda al pulso que rodeó la ratificación del acuerdo con Mercosur, donde también se ventiló la compatibilidad de las importaciones con los estándares europeos.
En el trasfondo jurídico, el precedente es claro. El Tribunal de Justicia de la UE ya anuló en 2021 el acuerdo pesquero con Marruecos al considerar que incluía aguas del Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui. Aquella sentencia obligó a Bruselas a renegociar, pero el nuevo pacto sigue en el limbo. Ahora, el frente agrícola añade otra capa de litigiosidad que podría volver a llevar el caso ante los jueces de Luxemburgo.
La posición de España es delicada. Moncloa mantiene un difícil equilibrio entre su lealtad a las directrices comunitarias —que priorizan la estabilidad de la asociación con Marruecos— y la presión interna de un sector agrario que se siente abandonado. Si el Parlamento Europeo decide endurecer los controles, el Ejecutivo español tendrá que desvelar su postura real. No hacerlo, mientras se acumulan las pruebas de la asimetría, sería insostenible.
El caso está ahora en manos de los eurodiputados, que deberán decidir si elevan un dictamen de incompatibilidad con el Derecho de la Unión y si abren un procedimiento de infracción contra España por la gestión de las importaciones. El calendario aún no está cerrado, pero las visitas de inspección a la zona y las comparecencias en Bruselas marcarán los próximos meses. El tomate español ya no es solo un producto agrícola: se ha convertido en un test para la credibilidad de la política comercial europea.
