El candidato del PSPV a Benidorm reivindica la tasa turística mientras el PP carga con una condena de 333 millones.
Se llama Pere Rostoll y quiere arrebatarle la vara de mando a Antonio Pérez, el alcalde que ha encadenado tres victorias consecutivas en Benidorm, las dos últimas con mayoría absoluta. En 2023, el PP logró 16 concejales frente a los 8 del PSPV. Periodista de profesión, Rostoll dirigió Relaciones Informativas de la Generalitat de Ximo Puig y hoy es jefe de comunicación del Ministerio de Transportes de Óscar Puente.
Una tasa para que el turista pague la factura que hoy asumen los vecinos
Su diagnóstico tiene cinco frentes. La ciudad está «más sucia que nunca» —dice—, con el contrato de limpieza prorrogado desde 2018 y el recibo de la basura duplicado; el transporte público es «un completo desastre»; la seguridad se deteriora en las zonas de mayor concentración de turismo británico; y la vivienda expulsa a los jóvenes hacia los municipios del entorno. Benidorm parece varias ciudades a la vez, resume, con barrios de primera y de segunda como el Rincón de Loix o la Cala.
Sobre la vivienda maneja una cifra que duele: entre 8.500 y 9.200 viviendas cerradas, según la última estimación que cita. Su plan pasa por inventariarlas, movilizarlas a precios asumibles, declarar la zona tensionada y limitar los alquileres. Ahí apela a la dirección del PSPV y, en concreto, a Diana Morant, que trasladó el compromiso en la conferencia política del partido.
Y entra la tasa turística. Rostoll es partidario de aplicarla y promete defenderla sin matices. Cuando se aprobó la ley autonómica, recuerda, el rendimiento estimado era de unos 100 millones de euros en toda la Comunitat, de los que cerca de un tercio correspondería a los ayuntamientos.
El argumento es simple: quien visita la ciudad genera gastos de basura, agua y limpieza de playas, y debe colaborar. «No es un castigo para los turistas ni lo van a pagar los vecinos, que ya pagan bastante», sostiene, antes de subrayar que el PP ya ha subido el IBI y la basura.
El dinero comprometido suena mucho en los mítines, pero es la factura de la limpieza y la vivienda la que decide si un vecino puede seguir viviendo en su ciudad.
La patronal turística se opone frontalmente. Rostoll responde que se sentará a hablar con ella, pero que su prioridad son los ciudadanos, los vecinos, y los trabajadores del sector. Reconoce haber escuchado a empresarios relevantes y a dirigentes del PP posicionarse a favor, un detalle que utiliza para desactivar el marco del enfrentamiento.
La condena de la Serra Gelada: 333 millones que hipotecan a cinco generaciones
El otro bloque no depende de un programa electoral. El Tribunal Supremo condenó al Ayuntamiento de Benidorm a pagar 333 millones a un promotor inmobiliario por incumplir un convenio urbanístico en la Serra Gelada. Para Rostoll es «el símbolo de la mala gestión del PP de una época»: descontrol urbanístico, enredos y dirigentes que jugaban «al Monopoly en contra de los intereses de la gente».
Rostoll eleva la factura final por encima de la indemnización: habla de una carga de 570 millones de euros aplazada a 47 años, un lastre que, en sus palabras, «liquida cinco generaciones de benidormenses». El grupo socialista también ha denunciado la concesión de la zona de acampada de la Séquia Mare a la empresa que menos aportaba, sin canon.
El Escenario Valenciano
La candidatura de Rostoll encaja en una estrategia más amplia. El PSPV que dirige Diana Morant busca recuperar terreno municipal tras años de dominio del PP en la Comunitat, mientras el Consell de Pérez Llorca —el gobierno autonómico de PP y Vox— mantiene su pulso con el Ejecutivo de Pedro Sánchez por la financiación. En ese tablero, Benidorm funciona como laboratorio: una ciudad turística donde se comprueba si el discurso de la vivienda moviliza o divide.
El debate, además, tiene dimensión nacional. La tasa turística lleva años aplicándose en Cataluña y Baleares, y su discusión llega a Alicante con el mismo eje que recorre España: quién asume el coste de un modelo que genera riqueza, pero también residuos, presión sobre la vivienda y desgaste de los servicios públicos. El PP lo rechaza; el PSOE lo defiende como instrumento de redistribución. Esa brecha se medirá en las elecciones municipales de 2027, donde el PP se juega conservar una de sus plazas simbólicas.
Por delante quedan dos calendarios. El judicial, con la ejecución de la condena de la Serra Gelada y su impacto en las cuentas municipales. Y el político, con una campaña que arrancará en 2027 y en la que el PSPV quiere convertir la mala gestión urbanística del pasado en su argumento central. El pacto PP-Vox en la Generalitat sigue marcando el tono de fondo en toda la Comunitat.
Ficha del Caso
- El caso: El candidato del PSPV a la alcaldía de Benidorm, Pere Rostoll, presenta su programa y defiende la tasa turística mientras el Ayuntamiento arrastra una condena millonaria del Supremo.
- Datos importantes: 333 millones de indemnización por la Serra Gelada; 570 millones de carga aplazada a 47 años según el PSPV; entre 8.500 y 9.200 viviendas cerradas; un rendimiento estimado de la tasa turística de 100 millones en la Comunitat.
- Resumen: El PP afronta las municipales de 2027 con el desgaste de la sentencia urbanística, y el PSPV convierte la vivienda y la tasa turística en el eje de su campaña.
