El diálogo sobre los presos políticos en Venezuela cierra su segunda ronda con decenas de excarcelaciones y una cita en octubre. Detrás de cada excarcelación hay una puja por el crudo y los contratos, y España tiene mucho que mirar en ese tablero.
Con Estados Unidos como impulsor, el Gobierno chavista y la oposición vinculada a la Asamblea Nacional de 2015 cerraron el viernes la segunda ronda de conversaciones. El jefe negociador del oficialismo, Jorge Rodríguez, y la ex diputada Dinorah Figuera, al frente de la delegación opositora, leyeron un comunicado conjunto y confirmaron que la tercera cita será a mediados de octubre.
Qué se acordó en el segundo ciclo y qué queda para octubre
Los pactos son concretos, aunque parciales. Las partes acordaron la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y la creación de un comité de juristas que revisará las credenciales de los candidatos, con nombres de ambos bandos: Belén Ramírez Landaeta y Rogelio Pérez Perdomo por la oposición, Cecilio Sánchez y Deyanira Nieves por el oficialismo, entre otros.
También se pactó ampliar el desbloqueo de portales web, abrir una discusión sobre el uso del espectro radioeléctrico y revisar las normas vinculadas con la libertad de expresión. El anuncio coincidió con una orden de Delcy Rodríguez, presidenta encargada, para levantar de forma inmediata las restricciones sobre otro grupo de plataformas digitales. El comunicado oficial no detalló cuáles ni cuántas.
Las cifras ayudan a medir el gesto. El 17 de septiembre, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anunció el restablecimiento formal del acceso a varias plataformas y medios digitales. La organización VE sin Filtro contabilizó 18 dominios desbloqueados, que devolvieron la conexión a 15 sitios informativos, entre ellos el de la agencia EFE. Pero 177 dominios seguían bloqueados, 72 de ellos de noticias, según la misma entidad.
Una ronda de excarcelaciones no arregla un país; decide quién negociará los contratos cuando el petróleo vuelva a fluir sin trabas.
Por qué el petróleo y los contratos de Repsol entran en cada ronda
Venezuela tiene las mayores reservas probadas de crudo del planeta y una petrolera estatal, PDVSA, en el centro de cualquier reconstrucción económica. Repsol mantiene desde hace años sociedades mixtas con la compañía estatal y sigue cada comunicado como quien vigila un contrato pendiente de firma.
Y aquí está la clave: Washington reparte autorizaciones individuales a las petroleras extranjeras, de modo que la política y el crudo se leen en el mismo párrafo. Cada avance del diálogo se traduce en una pregunta empresarial: ¿vuelven las licencias?
Desde Nueva York, el secretario de Estado Marco Rubio enfrió expectativas: dijo que la transición democrática exige reconstruir las instituciones y recuperar la economía antes de celebrar elecciones libres y justas. Advirtió, además, de que un Gobierno elegido en las urnas podría no sostenerse en medio de un deterioro extremo.
Sus declaraciones llegaron un día después del primer encuentro entre Donald Trump y Delcy Rodríguez desde la captura de Nicolás Maduro, celebrado en la recepción de la Asamblea General de la ONU. ‘Hay un proceso de transición política que está en marcha’, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.
Por qué los acuerdos anteriores no bastaron para cambiar Venezuela
No es la primera vez que se firma un texto de este tipo. En octubre de 2023, el Gobierno y la Plataforma Unitaria suscribieron el Acuerdo de Barbados, un documento avalado por Noruega y respaldado por Washington que prometía una hoja electoral con garantías. El proceso terminó con la inhabilitación de la principal candidata opositora y con unas elecciones, las de julio de 2024, marcadas por denuncias de fraude.
Para España, la lección es otra. La nacionalización de los proyectos de crudo extrapesado de la faja del Orinoco en 2007 reordenó el mapa de las petroleras extranjeras, con ExxonMobil y ConocoPhillips como principales damnificados, y dejó una máxima que sigue vigente: sin seguridad jurídica, la abundancia de reservas no vale nada. Las compañías españolas con intereses en el país lo saben. Cada ciclo de diálogo se mide, por tanto, por las garantías que se firman y no por el entusiasmo de los comunicados.
El tercer ciclo queda fijado para mediados de octubre. Habrá que seguir tres señales: si la renovación del Tribunal Supremo de Justicia avanza con garantías, si Washington amplía las autorizaciones al sector energético y si los 177 dominios bloqueados empiezan a caer. Para las empresas españolas, el indicador real no será el comunicado conjunto, sino la letra pequeña de las licencias.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: Segunda ronda de diálogo entre el Gobierno chavista y la oposición vinculada a la Asamblea Nacional de 2015, con Estados Unidos como impulsor, cerrada con excarcelaciones y una tercera cita en octubre.
- Datos importantes: 18 dominios desbloqueados, que devolvieron el acceso a 15 medios, frente a 177 aún bloqueados, 72 de ellos de noticias, según VE sin Filtro. El pacto incluye renovar el Tribunal Supremo y revisar el espectro radioeléctrico.
- Resumen: La normalización parcial reabre la puja energética donde Repsol y otras empresas españolas mantienen intereses; España gana peso si llegan garantías jurídicas verificables.
