La saturación de la red eléctrica en Galicia deja a Ourense con apenas un 5% de margen para nueva industria. La provincia opera al 95,02% de su capacidad, según los últimos datos de UFD, la distribuidora del grupo Naturgy.
Solo 26,89 megavatios libres en toda la provincia de Ourense
La cifra absoluta mide mejor el problema. De los 539,69 megavatios (MW) que suman capacidad ocupada y disponible, 512,80 están comprometidos o en uso y solo quedan 26,89 libres. Ese margen decide qué empresas pueden abrir, ampliar o electrificar sus procesos en la provincia.
La diferencia entre escalas de tensión explica el bloqueo. La alta tensión (132 kilovoltios) es la autopista que mueve energía a larga distancia; la media tensión (20 kilovoltios) es la red de reparto que llega hasta la puerta de naves, comercios y viviendas. Ahí el margen es casi nulo: 16 de las 17 subestaciones de la provincia marcan cero megavatios.
El reparto de lo poco que resta lo confirma. Parada de Sil conserva 0,63 MW; A Rúa, 2,98; Padrenda, 2,76; y O Barco, 2,69. Son pellizcos dispersos en municipios alejados de los grandes centros de consumo: en la ciudad de Ourense, Barbaña, Saceda y Velle están a cero en media tensión y la alta tensión de Barbaña apenas guarda 0,84 MW.
El caso más elocuente es el polígono de San Cibrao das Viñas, el principal suelo empresarial de la provincia. Su subestación arrastra 0,00 MW de margen en media tensión de forma ininterrumpida desde principios de año y solo 0,87 MW en alta tensión. Con esas cifras, autorizar enganches inmediatos o incrementos de potencia resulta inviable, incluida la ampliación del parque empresarial ya proyectada.
En Ourense no falta suelo industrial ni capital dispuesto a invertir: falta un enchufe capaz de sostenerlo.
Detrás de esos ceros no hay un apagón a la vista, y conviene precisarlo. El bloqueo responde al principio N-1, el criterio de seguridad que impide autorizar más potencia sin garantizar la estabilidad del sistema. Lo explica Camilo Carrillo, catedrático de Ingeniería Eléctrica de la Universidade de Vigo: «la distribuidora o el operador no pueden autorizar más potencia concedida sin comprometer el sistema».
El catedrático advierte además de un desajuste temporal. Cualquier proyecto relevante ya no solicita cientos de kilovatios, sino decenas de megavatios por la electrificación de los procesos, y repotenciar un nudo no se resuelve en meses. «Adaptar la red eléctrica no es cuestión de meses; estamos hablando de un proceso de años», resume. Cuando el cuello de botella toca niveles elevados de tensión, la competencia pasa a Red Eléctrica de España y la tramitación exige aprobación del Gobierno central, con licencias y expropiaciones por medio.
Consultadas formalmente por la prensa provincial sobre convenios o planes de repotenciación, ni la Consellería de Economía e Industria ni Naturgy facilitaron respuesta antes del cierre de edición.
El nudo que también se decide en Madrid
La planificación estatal mira a 2030 con una decena de nuevas subestaciones y 1,6 gigavatios (GW) comprometidos para Galicia. La cifra pide perspectiva: el margen libre de toda la provincia de Ourense no llega a 27 megavatios, y el cuello de botella se concentra en la red de distribución, no en las grandes líneas de transporte.
Ahí aparece la contradicción que ninguna administración resuelve sola. La Xunta de Galicia (el gobierno autonómico gallego, con sede en Santiago de Compostela) impulsa suelo industrial y captación de inversiones en el interior; la capacidad eléctrica que esas inversiones necesitan se decide en Madrid y la ejecuta Red Eléctrica. San Cibrao das Viñas es la foto fija: suelo preparado, demanda esperando y cero megavatios en la puerta.
El calendario tampoco acompaña. La atracción de industria hacia el interior de Ourense se juega mientras el planeamiento energético avanza por ciclos de años, y cada trimestre sin capacidad disponible es un proyecto que se marcha a otra comunidad o que sencillamente no se ejecuta.
El Laboratorio Gallego
Galicia encadena mayorías absolutas del PPdeG (el Partido Popular de Galicia, en el gobierno autonómico desde 2009) y eso convierte cada política autonómica en un ensayo con lector nacional. El PPdeG gobierna la Xunta con Alfonso Rueda al frente, el BNG (el Bloque Nacionalista Galego) es hoy la primera fuerza de la oposición y el PSdeG (la federación gallega del PSOE) ocupa el tercer puesto en el Parlamento de Galicia, la cámara legislativa unicameral gallega con 75 deputados. La capacidad eléctrica del interior no ha ocupado hasta ahora el centro del debate parlamentario, y ahí está el problema: la electricidad es invisible hasta que falta.
La dimensión nacional es difícil de esquivar. Galicia fue el escaparate desde el que Alberto Núñez Feijóo construyó durante trece años su perfil de gestión, y la reindustrialización del interior sigue siendo el argumento con el que el PP vende política industrial. El cuello de botella, eso sí, no se resuelve con suelo ni con discurso: cuando el nudo es de transporte decide el Gobierno central, y cuando la red de distribución está al límite firma la compañía. La Xunta ordena territorio; no genera megavatios por decreto.
La proyección es incómoda. El plan a 2030 marca el horizonte, pero los proyectos que hoy esperan enganche no aguantan hasta entonces: la ampliación de San Cibrao das Viñas y cualquier atracción industrial en Ourense dependen de que se abra capacidad, y el propio análisis técnico advierte de que repotenciar un nudo lleva años de tramitación.
Ficha del Caso
- El caso: La red eléctrica de Ourense funciona al límite y estrangula la llegada de nueva industria en un territorio que busca fijar empleo y población lejos del eje atlántico.
- Datos importantes: Uso del 95,02%; 26,89 MW libres frente a 512,80 ocupados; 16 de las 17 subestaciones a cero en media tensión; San Cibrao das Viñas sin margen desde principios de 2026; plan estatal a 2030 con diez subestaciones y 1,6 GW en Galicia.
- Resumen: La saturación no provoca apagones, pero bloquea inversiones industriales y expone el desfase entre la política gallega de suelo y la planificación energética estatal.
