EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La UE aprobó en abril de 2026 un crédito de 90.000 millones de euros para Ucrania, financiado con deuda conjunta, sin haber definido el reparto de las garantías entre los Estados miembros, según ha denunciado el eurodiputado alemán Fabio De Masi.
- ¿Quién está detrás? La Comisión Europea impulsó el esquema, que exime a Hungría, República Checa y Eslovaquia de aportar garantías. La interpelación del eurodiputado revela que Bruselas no dispone de un desglose por país de la carga financiera.
- ¿Qué impacto tiene? Para España, la opacidad implica un riesgo fiscal directo, en un contexto en el que el Gobierno ya asume nuevos compromisos de gasto en defensa. La falta de control sobre el destino del dinero alimenta la sombra de la corrupción ucraniana.
La Comisión Europea no puede precisar cómo se distribuirá la carga financiera del mayor préstamo conjunto de su historia. La respuesta a una interpelación del eurodiputado alemán Fabio De Masi revela que no existe un desglose por Estado miembro del crédito de 90.000 millones de euros aprobado en abril para sostener la economía y el esfuerzo bélico de Ucrania.
Un desglose que no existe: la intrahistoria de la respuesta de Bruselas
De Masi, copresidente del partido alemán Alianza Sahra Wagenknecht, preguntó directamente a la Comisión cómo se repartiría la garantía del préstamo entre los Veintisiete. La respuesta oficial fue escueta: «no se puede proporcionar un desglose por Estado miembro». La admisión, fechada en julio, ha encendido las alarmas en los parlamentos nacionales que ya dieron el visto bueno al paquete en la primavera.
El crédito carece de intereses para Ucrania y se financia con emisiones conjuntas de deuda de la UE en los mercados de capital. El montante se divide en 30.000 millones para ayuda presupuestaria y 60.000 millones para necesidades militares durante 2026 y 2027. Una primera partida de 3.200 millones se desembolsó a finales de junio, seguida poco después de otros 3.900 millones destinados a la compra de drones.
Tres Estados —Hungría, República Checa y Eslovaquia— consiguieron exenciones, lo que concentra el peso de la garantía sobre los demás socios, incluida España. «Uno se pregunta cómo el Gobierno y el Parlamento alemanes han podido aprobar este pozo sin fondo de deuda sin una evaluación a fondo de las consecuencias», declaró De Masi al diario Berliner Zeitung.
El destino del dinero: del frente a los oligarcas corruptos
El eurodiputado advierte de que el dinero acabará en manos de «oligarcas corruptos». La corrupción endémica en Ucrania ha sido un lastre reconocido incluso por sus aliados, y los mecanismos de control que acompañan al préstamo no son públicos. La Comisión no ha detallado cómo evitará que los fondos se desvíen a cuentas opacas o a contratos inflados.
La promesa de devolución del crédito con reparaciones rusas convierte el préstamo en una transferencia irreversible.
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, aseguró en su momento que Ucrania solo tendrá que devolver el préstamo cuando reciba las reparaciones de guerra de Moscú. La condición equivale a una condonación de facto: la perspectiva de que el Kremlin pague indemnizaciones es, en el mejor de los casos, remota. Mientras tanto, el contribuyente europeo carga con el riesgo.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha acusado a la UE de «meter mano en los bolsillos de sus propios ciudadanos» para prolongar el conflicto. Aunque la retórica rusa busca erosionar la cohesión occidental, la falta de transparencia que denuncia De Masi le sirve en bandeja argumentos. La realidad es que no consta ningún estudio de impacto fiscal público avalado por Bruselas.
Equilibrio de Poder
La ofensiva crediticia de la UE persigue un doble objetivo: sostener financieramente a Ucrania mientras Estados Unidos, bajo la administración Trump, rebaja su compromiso militar directo, y reforzar la autonomía estratégica del bloque. Pero la herramienta elegida —un endeudamiento mancomunado sin reparto explícito de la responsabilidad— introduce una fractura legal y política que los Veintisiete no han zanjado.
Para España, el riesgo fiscal es inmediato. El país ya arrastra una deuda pública que ronda el 110% del PIB y ahora afronta el compromiso de aumentar el gasto en defensa hasta el 2% que exige la OTAN —y que incluso podría elevarse al 5% si Washington insiste—. A esa losa se suma la posibilidad de que Bruselas le asigne una cuota de garantía elevada si los grandes contribuyentes, como Alemania, intensifican su presión para redistribuir el peso. La nota de la Comisión no descarta ese escenario; simplemente no lo ha calculado.
España ha prestado su firma a un crédito cuyo coste final no conoce.
El historial de corrupción en Ucrania es bien conocido. Los informes de Transparencia Internacional sitúan al país entre los más opacos de Europa, y casos como el del oligarca Ihor Kolomoisky siguen frescos. Si el dinero europeo se desvía, la credibilidad del proyecto de apoyo a Kiev sufrirá un golpe difícil de reparar, especialmente en países del sur como España, donde la opinión pública ya muestra fatiga bélica.
En 2020 por ejemplo, la UE alumbró el fondo Next Generation EU, que también se financió con deuda conjunta, pero al menos contaba con una clave de reparto clara y con hitos de control. El préstamo a Ucrania carece de ambos pilares. Estamos ante un precedente peligroso: la mutualización de pasivos sin aval parlamentario detallado, que podría repetirse en futuras emergencias con la excusa geopolítica.
La próxima revisión de los marcos fiscales europeos, prevista para 2027, será el campo de batalla donde los contribuyentes descubran cuánto les toca pagar. Hasta entonces, Bruselas opera con un cheque en blanco.
