EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Fiscalía de Valencia ha puesto el foco en el cargo de la Generalitat que dejó sin efecto la multa de 60.000 euros a la UTE que empleaba al trabajador fallecido en la A-3.
- ¿Quién está detrás? La sanción la impuso la Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, y la anuló la Dirección General de Trabajo de la Generalitat, entonces presidida por Carlos Mazón.
- ¿Qué impacto tiene? Una eventual prevaricación reabriría la querella de la familia en Requena y añadiría un frente laboral a la causa de Catarroja sobre la DANA.
La Fiscalía de Valencia investiga a un alto cargo del Consell de Carlos Mazón por anular las sanciones laborales de la DANA.
Los 60.000 euros que la Generalitat decidió no cobrar
El foco está en la resolución que, en octubre de 2025, dejó sin efecto la multa impuesta a la UTE Conservación Valenciana, concesionaria de mantenimiento de carreteras, por poner en riesgo a su plantilla durante la riada. La Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, concluyó en abril de ese mismo año que la empresa no adoptó medida preventiva alguna aquel 29 de octubre. La Fiscalía sospecha que quien firmó la anulación pudo incurrir en prevaricación, el delito que comete la autoridad que dicta a sabiendas una resolución injusta.
Detrás de los papeles hay un nombre. Luis Ángel Sáiz tenía 45 años, llevaba dos décadas revisando puentes y carreteras y ese día tenía turno de siete de la mañana a tres de la tarde. La alerta roja de AEMET se había decretado a las 7.36. A las 17.50, muy lejos ya de su horario, fichó la salida tras encadenar cuatro horas extras.
Sobre las 19.30 habló por teléfono con su madre. “Me dijo que no le esperáramos a cenar, que estaba en un atasco monumental”, recuerda Cristina Rodríguez. Una hora después llamó a un compañero: seguía atrapado en la A-3, a la altura de Chiva, con el agua subiendo. No volvió a coger el teléfono. Su cuerpo apareció dos días más tarde, a unos doscientos metros de la furgoneta de empresa.
La compañía tenía una sala de control con cámaras en directo dentro de su sede y, según el acta, no dio información especial ni medidas de prevención a una plantilla a la que había transmitido que era “esencial”. En sus alegaciones, la UTE sostiene que las horas extras fueron “voluntarias”. Cristina lo niega. La multa de 60.000 euros era una conclusión oficial, no una estimación.
Anular una sanción no protege solo a una empresa: borra la única versión oficial que había señalado a un culpable.
La madre que lleva dos años pidiendo verdad, justicia y reparación
Cristina Rodríguez tiene 67 años y está jubilada. Lleva dos años escribiendo correos, visitando la Fiscalía y personándose en juzgados para saber por qué su hijo estaba en esa carretera. De la empresa recibió, como heredera, una nómina con cuatro horas extras y 47.000 euros del seguro laboral. “Es lo que vale la vida de mi hijo”, lamenta. La querella que presentó en Requena contra la UTE fue sobreseída.
La jueza apoyó el archivo en dos argumentos: que el fiscal del caso laboral consideró la jornada “inevitable” y que la propia Generalitat había retirado la sanción. En la práctica, la anulación administrativa acabó blindando también a la empresa en el plano penal. La abogada Izaskun Rodríguez, personada en la instrucción de Catarroja y prima de Luis, lo resume: “No pueden reconocer en otro procedimiento que sí era previsible, porque eso les perjudicaría en la causa de las muertes”.
El otro frente sigue vivo. La Fiscalía de Valencia investiga al alto cargo que anuló el expediente para determinar si hubo prevaricación. Si el caso avanza, la familia de Luis podría reabrir su querella y la instrucción de Catarroja, que examina la respuesta institucional a la riada, sumaría una pieza laboral que hasta ahora no tenía. Nadie ha respondido todavía por la muerte de Luis.
El Escenario Valenciano
La investigación llega en un momento delicado para el pacto PP-Vox que sostiene el Consell valenciano. El president Juanfran Pérez Llorca, investido por las Corts en noviembre de 2025 y en el cargo desde diciembre, gobierna con varios frentes judiciales abiertos por la DANA y sin margen para añadir uno laboral.
El expresident Carlos Mazón conserva su acta de diputado en las Corts Valencianes y sigue siendo una pieza central de la causa, aunque ya no firma ni una sola resolución desde su dimisión, el 3 de noviembre de 2025.
Enfrente, PSPV y Compromís llevan meses pidiendo en el parlamento autonómico una comisión de investigación específica sobre las sanciones laborales anuladas. El Consell responde que actuó conforme a la ley y que la competencia en materia laboral era suya.
La dimensión nacional es difícil de esquivar. La multa anulada no la puso la Generalitat, sino la Inspección de Trabajo, un servicio estatal dependiente del Ministerio de Trabajo. En la práctica, una administración autonómica dejó sin efecto una decisión estatal en materia de seguridad y salud laboral, un cruce poco frecuente entre Madrid y Valencia que la Fiscalía examina ahora con lupa. El debate sobre prevención de riesgos en catástrofes sigue abierto en el Congreso, donde las asociaciones de afectados reclaman un protocolo único para episodios de alerta roja.
Los próximos meses serán decisivos en los juzgados. La Fiscalía debe concretar si aprecia delito en la anulación y, en paralelo, el juzgado de Requena estudia la reapertura de la querella de la familia. La instrucción de Catarroja, la más amplia sobre la gestión de la riada, avanza con su propio calendario. Para Cristina, el orden sigue siendo el mismo: verdad, justicia, y reparación. “No es mala suerte”, insiste. “Fue porque los mandaron a trabajar con alerta roja aunque veían la situación con las cámaras”.
Ficha del Caso
- El caso: Luis Ángel Sáiz, oficial de mantenimiento de 45 años, murió arrastrado en la A-3 el 29 de octubre de 2024 tras hacer horas extras con alerta roja. La Inspección de Trabajo multó a su empresa; la Generalitat anuló la multa.
- Datos importantes: Sanción de 60.000 euros por infracción “muy grave” en abril de 2025, dejada sin efecto en octubre de 2025 por la Dirección General de Trabajo. La Fiscalía investiga al alto cargo por posible prevaricación.
- Resumen: El caso añade un frente laboral a la causa de la DANA y cuestiona si la Generalitat anuló la sanción para no reconocer en otro procedimiento que la catástrofe era previsible.
