Sumar se enfrenta en Ceuta al que ya muchos califican como su primer gran desafío en la gestión migratoria de la legislatura: la acogida y distribución de más de 850 menores migrantes no acompañados, mientras la Audiencia Nacional amplía las diligencias sobre la tragedia del Tarajal. La ONG Caminando Fronteras ha elevado a 141 el número de víctimas mortales del suceso del 30 de julio, de las que 78 han sido reconocidas por el Gobierno español y las otras 63 corresponden a cadáveres recuperados en aguas marroquíes.
La gestión de los menores y la respuesta judicial
El salto masivo del espigón de El Tarajal ha convertido a la ciudad autónoma en el epicentro de una crisis humanitaria y política. Según la Delegación del Gobierno, 528 de los 850 menores no acompañados ya están en centros de primera acogida, pero la capacidad instalada apenas llega al centenar de plazas. El Gobierno anunció el 4 de agosto una partida extraordinaria de 25 millones de euros para las administraciones ceutíes, aunque el verdadero pulso se libra en el traslado de esos chicos a la península.
En paralelo, la Audiencia Nacional ha intensificado la investigación. La titular del juzgado de instrucción número tres, María Tardón, reclamó el miércoles información sobre si la Guardia Civil recibió «en los días previos» algún aviso que hubiera podido alertar de la entrada masiva. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negó el lunes que existiera «ningún informe, aviso ni comunicación» del CNI. La denuncia la impulsa el partido Iustitia Europa, acostumbrado a hostigar judicialmente al Gobierno.
La presión humanitaria y la judicial se solapan. Mientras Caminando Fronteras sigue contabilizando cuerpos en morgues marroquíes, el debate político se ha desplazado a la acogida de los menores. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró que el Ejecutivo no desea «una batalla judicial» con las comunidades autónomas del PP, aunque la ley de extranjería obliga a esa acogida. La popular Alma Ezcurra afirmó en una entrevista que el PP cumplirá la norma, en contraste con las palabras del secretario general del PP, Miguel Tellado, que el martes pidió expulsar también a los menores: «Que por donde han entrado, vuelvan a salir».
El Ministerio de Juventud de Sumar afronta la coordinación del traslado de los menores justo en el momento en que la justicia escruta la actuación del Gobierno.
Sumar y el reto de la acogida de menores
El departamento que dirige Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia y miembro de Izquierda Unida, es el encargado de pilotar las negociaciones con los territorios. La ley atribuye a la Administración General del Estado la tutela de los menores no acompañados cuando las comunidades no pueden asumirla, y en este caso la saturación de Ceuta convierte el traslado en una obligación jurídica que choca con la resistencia de varios gobiernos autonómicos del PP, que ya en 2024 y 2025 rechazaron los llamados «repartos».
Fuentes del Grupo Parlamentario Sumar señalan que Rego trabaja contrarreloj para articular un mecanismo de solidaridad interterritorial que evite el bloqueo. La negociación no solo compromete a la ministra, sino que tensa las costuras de la coalición con el PSOE. Mientras el ala socialista prefiere una gestión ordenada que no erosione el discurso de control migratorio, Sumar necesita exhibir un perfil humanitario que refuerce su identidad dentro del Gobierno.
La Dinámica de Coalición
El debate sobre los menores de Ceuta ha activado las dos velocidades que conviven en el espacio de Sumar. Por un lado, Izquierda Unida y los sectores más vinculados a las organizaciones de derechos humanos presionan para que el Ministerio de Juventud lidere un plan ambicioso de acogida, defendiendo que 25 millones de euros son insuficientes para garantizar la integración de 850 menores. Por otro, confluentes como Catalunya en Comú observan con cautela cualquier movimiento que pueda ser instrumentalizado electoralmente por la derecha en sus comunidades.
En la relación con el PSOE, el terreno es resbaladizo. Pedro Sánchez ya ha tenido que sortear la acusación de «dejación de funciones» que el PP ha lanzado contra las ministras de Defensa y de Interior. El presidente no está dispuesto a que Sumar le arrastre a un conflicto territorial que dé oxígeno a la oposición. Sin embargo, la ley es clara y el Ejecutivo necesita que al menos una mayoría de comunidades acojan a los menores, lo que obliga a buscar acuerdos puntuales con barones del PP sin que parezca una rendición.
La proyección a corto plazo gira en torno a dos fechas. La primera es el Consejo de Ministros de la próxima semana, donde se espera la aprobación del reparto de los 25 millones y, posiblemente, un plan de contingencia para los traslados. La segunda son las comparecencias en el Congreso de los ministros afectados, solicitadas ya por el PP; ahí Yolanda Díaz tendrá que calibrar hasta dónde defiende la gestión de Rego sin entrar en colisión con el discurso de Interior. Mientras la Audiencia Nacional sigue recabando pruebas, la gestión de los menores se ha convertido en el primer test de credibilidad para el Ministerio de Juventud de Sumar.
Ficha del Caso
- El caso: La llegada masiva de personas a Ceuta el 30 de julio de 2026, con al menos 141 fallecidos según Caminando Fronteras, ha dejado más de 850 menores no acompañados en la ciudad autónoma. El Ministerio de Juventud e Infancia, liderado por Sira Rego (Sumar-IU), coordina su acogida y traslado.
- Datos importantes: 141 víctimas mortales (78 reconocidas por España); 850 menores en Ceuta, 528 en centros de primera acogida; partida extraordinaria de 25 millones de euros; Audiencia Nacional instruye diligencias sobre si hubo avisos previos al Gobierno.
- Resumen: La tensión entre la obligación legal de acoger a los menores y la resistencia de las comunidades del PP pone a prueba la cohesión de la coalición PSOE-Sumar. La ministra Rego debe pilotar una negociación que reafirme el perfil humanitario de Sumar sin romper los puentes con los socios socialistas.
