EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado caer que condiciona su respaldo a la ampliación de la UE al reconocimiento del catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales.
- ¿Quién está detrás? La Moncloa, con el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, como voz visible. Enfrente, Alemania, Francia, Italia, Suecia y Lituania.
- ¿Qué impacto tiene? La ampliación hacia Ucrania, Montenegro, Albania o Macedonia del Norte queda expuesta a un órdago que España juega en solitario.
Sánchez ha atado la ampliación de la UE al reconocimiento del catalán como lengua oficial y varios socios hablan ya de órdago. El Gobierno no lo dice por escrito, pero lo deja caer en cada comparecencia: España no respaldará la entrada de nuevos miembros si antes no se incorporan el catalán, el gallego y el euskera al catálogo lingüístico comunitario.
La estrategia es nueva y, según reconocen fuentes diplomáticas consultadas por este medio, la más arriesgada de cuantas ha ensayado la Moncloa en Bruselas. No solo amenaza con estancar un debate lingüístico que lleva más de tres años encallado. Además puede granjear al Ejecutivo nuevas oposiciones por el enfoque político que ha decidido darle: convertir una reivindicación técnica en moneda de cambio de la política exterior europea.
El secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, puso voz esta semana al planteamiento. ‘Esperamos que ese reconocimiento pueda producirse antes que otras lenguas se puedan incorporar al listado de lenguas oficiales de la Unión Europea, simplemente porque es hora, 40 años después de la adhesión de España a la UE, de acabar con esa discriminación que sufren 20 millones de españoles’, defendió.
Moncloa lleva más de tres años con la petición sobre la mesa. La oficialidad del catalán, el gallego, y el euskera formaba parte del acuerdo de investidura de 2023 con los independentistas catalanes, y el Gobierno quiere cerrar la legislatura con al menos un avance tangible. De ahí la decisión de tensar la cuerda con los socios.
La respuesta comunitaria, por ahora, es un silencio administrativo. En el Consejo de Asuntos Generales del pasado lunes, la cuestión de las lenguas cooficiales se despachó en diez minutos de conversación. Nada más. Sobre la mesa hay 24 lenguas oficiales y ninguna prisa por ampliar la lista.
Convertir el catalán en peaje de la ampliación es la jugada más arriesgada de Moncloa: gana titulares en casa y pierde aliados fuera.
El problema de fondo es jurídico. La incorporación de nuevas lenguas al régimen lingüístico comunitario exige, por regla general, la reforma de los Tratados y, por tanto, la unanimidad de los Veintisiete. Sampedro ha abogado por caminos intermedios que eviten tocar los Tratados y ha puesto el ejemplo del árabe en Naciones Unidas: lengua oficial y de trabajo sin ser lengua auténtica de la Carta. La comparación, eso sí, no ha convencido a los servicios jurídicos de varios Estados miembros.
Berlín lidera las quejas y Estocolmo marca distancias
La lista de reticencias crece. Alemania lidera el bloque de quejas y su ministro para Asuntos Europeos ha pedido ‘no bilateralizar’ la integración europea, además de reiterar las dudas jurídicas. Suecia va en la misma dirección: su ministra de Asuntos Europeos, Jessica Rosencrantz, dejó claro que ‘una cosa es la ampliación y otra distinta es el debate sobre otras lenguas’, dos cuestiones que a su juicio ‘no se pueden mezclar’.
Lituania ha calificado de ‘inaceptable’ condicionar la ampliación a este debate, y Francia e Italia mantienen su veto a la incorporación del catalán. La presidencia irlandesa del Consejo, que pilota el semestre, lo ha dicho sin ambigüedades: ‘no hay ninguna posibilidad’ de que el reclamo prospere en el corto plazo.
El calendario complica aún más las cosas. La ampliación mira a Ucrania, pero también a Montenegro, que está cerca de entrar, y a Albania y Macedonia del Norte, que podrían ser los siguientes. Asociar ese proceso, existencial para la UE desde la invasión rusa, a un pulso lingüístico es lo que más incomoda en las capitales.
El Eje del Poder Europeo
Lo que observamos es un pulso asimétrico. España juega sola y lo sabe. El eje franco-alemán, lejos de dividirse, coincide esta vez en la incomodidad: París e Italia mantienen su veto lingüístico desde 2023 y Berlín no quiere que una cuestión de identidad nacional contamine la agenda de ampliación, que considera la gran prioridad estratégica de la década. Los frugales del norte —Suecia, Dinamarca, Países Bajos— suman su rechazo a mezclar debates. Y el flanco este, Polonia y los bálticos, observa con nerviosismo cualquier gesto que retrase la entrada de Ucrania.
Para España el coste es doble. Hacia dentro, Moncloa necesita exhibir un avance ante sus socios independentistas antes de que se agote la legislatura. Hacia fuera, la jugada erosiona el capital negociador del país en los dos asuntos que más pesan ahora en Bruselas: el reparto del Marco Financiero Plurianual y la propia política de ampliación. Quien amenaza con bloquear la entrada de nuevos miembros para lograr una lengua se expone a que, cuando llegue la hora de pedir fondos o flexibilidad fiscal, nadie le devuelva el favor.
La lectura a cinco años invita a la cautela. Existe un precedente que España cita y que conviene recordar: el irlandés se convirtió en lengua oficial de la UE en 2007, más de tres décadas después de la adhesión de Dublín, y lo hizo sin reforma de los Tratados y sin bloquear ninguna ampliación. Ese camino, el de la insistencia técnica y el acuerdo discreto, es el que Bruselas considera viable. El del órdago, el que ha escogido Moncloa, es precisamente el que puede cerrarle las puertas.
El próximo test llegará en la siguiente reunión del Consejo de Asuntos Generales, donde España volverá a poner el asunto sobre la mesa. En Bruselas nadie mueve ficha por ahora: la ampliación sigue su curso, el catalán sigue esperando y Moncloa sigue sola en el pulso.
