El regreso de Puigdemont a Cataluña se ha convertido en la única pregunta que nadie en Junts sabe responder. Ni la dirección del partido ni buena parte de sus cuadros tienen la más mínima pista sobre cuándo, cómo ni con qué intenciones piensa volver el expresident desde Waterloo.
El malestar es real y crece con cada semana que pasa. Según ha publicado Crónica Global, la incomodidad entre los dirigentes de la formación es palpable ante un secretismo que ya no se interpreta como estrategia, sino como vacío de mando. Puigdemont no ha comunicado su plan a nadie del núcleo duro. Nadie.
El escenario, sin embargo, ha cambiado por completo. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de julio anticipaba la aplicación de la amnistía este otoño, y el aval del Tribunal Constitucional a los recursos de amparo sitúa al Supremo sin margen: el 6 de octubre deberá dejar sin efecto la orden de detención que pesa sobre él desde hace nueve años.
Con la vuelta técnicamente despejada, la pelota está en su tejado. En Junts le han trasladado el deseo mayoritario de la formación: que ocupe su escaño en el Parlament como jefe de la oposición y ejerza de revulsivo ante unas encuestas malas y ante el auge de Aliança Catalana, que no parece tener techo.
Lo único confirmado es que hará un tour por distintos puntos de Cataluña para comprobar cuánto ha cambiado el territorio desde octubre de 2017, cuando declaró la independencia y cruzó la frontera. Él mismo lo explicó al diario británico The Sunday Times. Será allí, sobre el terreno, donde decida qué papel quiere jugar.
El partido que lleva nueve años gobernado por un líder ausente no tiene un plan B: tiene un calendario, una incógnita y una militancia esperando instrucciones.
Esa indefinición tranquiliza a unos y desespera a otros. A eso se suma un octubre cargado de plazos políticos en Madrid, donde sus siete votos son determinantes para la nueva financiación autonómica y para unos presupuestos que hoy parecen lejanos.
Siete votos decisivos y una financiación sin dueño
La relación entre la cúpula de Junts y el PSOE está rota desde hace un año. En ese hueco, ha sido el grupo parlamentario de Míriam Nogueras el que ha llevado el peso de las conversaciones con los socialistas, unos contactos que se han acercado en las últimas semanas a cuenta del decreto de vivienda.
En Madrid quieren saber cuanto antes si Puigdemont piensa implicarse más o si, por el contrario, da un paso al lado. Junts insiste en un concierto económico; el Gobierno confía en alcanzar un punto medio. Alguien tendrá que decidir de forma estructural, y en la formación entienden que no hay tiempo para contemplaciones: unas semanas de adaptación, lógicas, pero decisiones tempranas.
El efecto dominó en el Parlament
En la cámara catalana el margen es mayor, pero la incertidumbre es idéntica. Si vuelve y ejerce como diputado, habrá que decidir a quién se sacrifica en un grupo ya reestructurado en septiembre de 2025, cuando Albert Batet se apartó para dar paso a Mònica Sales, acompañada de Salvador Vergés como portavoz.
Sales es una de las cuatro vicepresidentes de Junts y se ha ido consolidando en estos meses, aunque sigue sin generar consenso interno. Si el expresident renuncia al escaño, su acta pasaría al siguiente de la lista, el exconcejal en Barcelona David Torrents, a expensas de lo que decida hacer el exconseller Lluís Puig, en una situación similar.
Queda otro interrogante. Si se presentará a las próximas elecciones catalanas, que están a poco menos de dos años vista. Si la respuesta es no, tampoco hay tanto margen para construir un candidato competitivo ni demasiadas alternativas disponibles.
Lo que observamos: la tregua termina el día que aterrice
La opción más disruptiva, que nadie descarta en el partido, es la retirada. Dejaría una formación dividida, con liderazgos como el de Jordi Turull muy tocados, obligada a un congreso a pocos meses de las municipales de mayo de 2027 y, muy probablemente, de unas generales anticipadas. Detrás, toda la plana mayor de la antigua Convergència esperando desde fuera para recuperar el control del espacio.
El precedente catalán más cercano es el propio relevo de Batet en septiembre de 2025, presentado como natural y que ha dejado un grupo sin consenso claro. Lo recuerda la trayectoria de Carles Puigdemont desde 2017: el partido ha funcionado con supervisión remota. Ahora el dilema es parecido, con un factor añadido. La decisión no depende de la militancia ni de la dirección, sino de una sola persona.
Analizamos esta espera como lo que es: un riesgo electoral de primer orden. La tregua interna durará hasta que Puigdemont aterrice, algo que podría ocurrir en un par de semanas, cuando se publique la sentencia del Tribunal Constitucional. En Junts dicen estar preparados. No saben muy bien para qué. Y eso, reconocen fuentes internas, es lo que más incomoda.
En Moncloa observan el movimiento con calculadora. Un Puigdemont activo en el Congreso puede ser un socio más exigente, pero también un interlocutor único y reconocible para cerrar la financiación antes de que el calendario electoral lo envenene todo. Silencio en Waterloo, nervios en Barcelona y Madrid esperando.
El reloj corre. El 6 de octubre el Supremo debe levantar la orden de detención, y en algún momento de las próximas semanas el Constitucional hará pública una doctrina que marcará todos los casos pendientes. Entonces, y solo entonces, Junts sabrá qué partido es.
