Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha utilizado para atribuir a cargos socialistas del Ministerio de Justicia el apoyo a la nacionalización del exviceministro venezolano Nervis Villalobos. El trámite, en realidad, lo denegaron. La operación de desinformación ha corrido en paralelo a la causa que instruye la Audiencia Nacional sobre la trama que la investigación atribuye a la exmilitante socialista Leire Díez.
Varios medios afines a la derecha —El Mundo, VozPópuli, El Debate, Libertad Digital, y Onda Cero— han sostenido en las últimas horas que la actual secretaria general del Ministerio de Justicia, Sofía Puente, se interesó por el expediente de Villalobos y que ese interés podría conectar con la red que investiga el juez Santiago Pedraz.
El Mundo llegó a titular que ‘la hermana de Óscar Puente habría ayudado a la trama de Leire Díez’. Horas después retiró esa idea de su titular y reescribió la versión dentro del texto. VozPópuli afirmó que Puente ‘usó su cargo en Justicia para interesarse por la nacionalización de un exviceministro chavista’. El Debate presentó el informe como prueba de que la exdirigente socialista ‘trató de influir’ en el expediente.
Qué dice realmente el informe que la UCO incorporó al sumario
La realidad documental es la contraria a la que difundieron esos medios. Según el correo electrónico de un funcionario del Ministerio de Justicia recogido en el informe de la UCO, la entonces directora general de Seguridad Jurídica se interesó por la situación del expediente de Villalobos el 15 de julio de 2020. Cuando recibió la respuesta, acompañada de informes policiales sobre los antecedentes del exdirigente venezolano, ordenó expresamente el 17 de julio de 2020 que se le denegara la nacionalidad.
Ninguno de los medios que han construido el relato menciona esa segunda fecha. Tampoco aclaran que cuando Sofía Puente dijo no, faltaban casi cuatro años para que existiera la red que hoy se investiga. La Guardia Civil pretendía saber si hubo un trato de favor en la concesión de la nacionalidad a Villalobos, residente en España desde 2014, y citó como testigo a un subdirector general de Justicia encargado de esos trámites. El escrito con la transcripción del interrogatorio es el que incorpora el correo de 2020 que ahora se tergiversa.
El bulo se sostiene sobre un detalle cierto, una pregunta, y silencia el dato decisivo: la respuesta ordenada por escrito fue un no.
Esa vinculación con la trama de Leire Díez es, además, cronológicamente imposible. El primer contacto acreditado entre la exmilitante socialista y Villalobos se produce en el verano de 2024, según la propia investigación. La red comenzó a funcionar, de acuerdo con el sumario, en abril de 2024, tras una reunión celebrada en la sede de Ferraz con quien entonces era secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
La causa que instruye el juez Santiago Pedraz trata de determinar si esa trama maniobró entre abril de 2024 y mayo de 2025 para desestabilizar procedimientos judiciales en marcha que afectaban a exdirigentes socialistas —José Luis Ábalos y el propio Cerdán— y a familiares del presidente del Gobierno. El magistrado ha imputado a una veintena de personas, entre ellas la actual directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y la gerente del PSOE, Ana Fuentes.
La denegación de 2020 y una trama nacida cuatro años más tarde
El informe de la UCO se enmarca en una investigación más amplia sobre si existió un trato de favor hacia Villalobos. La tramitación arranca mucho antes que el caso que hoy centra los titulares. Villalobos solicitó la nacionalidad a mediados de 2017 y el Gobierno del PP terminó su mandato tras la moción de censura de julio de 2018 sin resolver la solicitud. Ya bajo Gobierno socialista, Justicia denegó las sucesivas peticiones hasta que en abril de 2025, a raíz de un recurso en el que acreditó ser nieto de española y acogerse a la Ley de 2022, obtuvo la nacionalidad.
Quien se interesó desde el principio por el expediente fue, según la investigación, el Gobierno del PP a través de la policía política que operó durante el mandato de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior. Villalobos fue captado en 2016 para aportar información sobre el dinero que Jordi Pujol ocultaba en la Banca Privada de Andorra o sobre los pagos del régimen venezolano a dirigentes de Podemos. Nunca entregó el material que se le pedía.
El propio exviceministro lo relató ante el Congreso de los Diputados: ‘A mí se me ofreció que si yo podía colaborar con la policía española se me podía ayudar con los trámites de residencia y nacionalidad, tanto míos como de mi familia’. Aquellos hechos, ahora resucitados por el informe de la UCO, siguen sin depuración judicial. Villalobos colaboró a partir de 2024 con la trama de Leire Díez para desacreditar al fiscal José Grinda, que había impulsado la causa penal que le llevó a prisión.
El Eje del Poder Socialista
Ferraz afronta el caso con una consigna clara: máxima prudencia institucional hacia la Audiencia Nacional y firmeza ante lo que considera una campaña coordinada de intoxicación. La dirección federal no cuestiona al juez Pedraz ni a la UCO. Lo que denuncia, en privado y en público, es el uso selectivo de un informe policial para reconstruir una historia que los propios documentos desmienten.
La lectura interna es que este episodio se parece demasiado a otros. Durante el mandato de Jorge Fernández Díaz en Interior, el PSOE ya denunció la existencia de una policía política dispuesta a fabricar material contra sus adversarios. El caso Villalobos es la prueba documental de que aquel mecanismo existió: un exdirigente chavista captado en 2016 y utilizado para buscar trapos sucios contra Podemos y Jordi Pujol. Que ahora ese mismo expediente sirva para señalar al PSOE cierra el círculo.
En el plano territorial, el asunto apenas salpica la gestión de los gobiernos autonómicos socialistas, más centrados en la agenda de vivienda, sanidad y financiación. Los barones evitan pronunciarse sobre el sumario y reservan sus intervenciones para los foros internos. Ferraz, en paralelo, confía en que el calendario legislativo y las próximas citas parlamentarias desplacen una polémica que considera construida sobre una fecha imposible.
El riesgo a medio plazo es otro: que la sucesión de filtraciones erosione poco a poco el relato de la legislatura y alimente la sospecha sin necesidad de pruebas. La respuesta de la dirección pasa por no entrar al trapo, sostener la versión documental y dejar que sea el sumario, y no los titulares, quien fije los hechos. La causa sigue abierta y cada nuevo escrito de la UCO será leído con lupa por ambas partes.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Ferraz instala la idea de que el caso Leire Díez se ha convertido en un altavoz de bulos y exige que los hechos los fije el sumario, no los titulares.
- Protagonista: Sofía Puente (secretaria general del Ministerio de Justicia), señalada por un informe que ella misma convirtió en una denegación.
- Próximo hito: Nuevas diligencias del juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional y siguientes informes de la UCO incorporados al sumario.
