Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA y Cooperativas Agroalimentarias exigen al Gobierno sanciones penales contra el fraude en el aceite de oliva. Las cuatro entidades han planteado una batería de medidas que describen como necesarias, urgentes y estructurales ante la pérdida de rentabilidad y de competitividad que, sostienen, se viene produciendo de forma sistemática y continuada en el olivar de almazara.
La petición se dirige al Ejecutivo central y al conjunto de las administraciones, según el comunicado difundido por las organizaciones profesionales agrarias y por la patronal del cooperativismo agroalimentario. La reclamación es conjunta: la firman las cuatro entidades, de modo que llega al Gobierno con el respaldo de buena parte del sector.
El escrito se ordena en tres bloques, tal y como lo formulan las entidades firmantes:
- Sanciones penales contra el fraude, una de las patas centrales de la petición dirigida a las administraciones.
- Medidas urgentes frente a la caída de rentabilidad que el sector ya da por instalada en las explotaciones.
- Medidas estructurales, de fondo, porque el diagnóstico que traslada el sector es el de un problema continuado y no puntual.
Pedir sanciones penales equivale a reclamar que el fraude se castigue en los tribunales y no solo con expedientes administrativos. Las organizaciones sitúan esa vía junto a las medidas económicas, dentro del mismo paquete dirigido al Gobierno y a las comunidades autónomas.
Por qué la rentabilidad del olivar de almazara está en el centro del debate
El olivar de almazara es el que se destina a la producción de aceite, a diferencia del olivar de aceituna de mesa. Su cuenta de resultados depende de la diferencia entre lo que cuesta producir y lo que el agricultor cobra por su cosecha en el mercado en origen.
Cuando ese margen se estrecha durante varias campañas seguidas, la explotación entra en pérdidas aunque la cosecha haya sido aceptable. Es el escenario que las organizaciones agrarias describen como pérdida de rentabilidad y de competitividad, y frente al que reclaman medidas de fondo y no solo respuestas puntuales.
El sector no habla de un mal año: describe una pérdida de rentabilidad sistemática y continuada que arrastra al olivar de almazara campaña tras campaña.
El agricultor no fija el precio del aceite. Lo que percibe depende de un mercado que se forma lejos de la finca, mientras los costes de producción responden a los insumos, el combustible y la mano de obra. En ese desajuste se apoya la reclamación de medidas estructurales.
En el eslabón final está la almazara (la instalación donde se moltura la aceituna y se obtiene el aceite). Muchas de ellas son cooperativas propiedad de los propios agricultores, así que la rentabilidad del cultivo y la de la transformación van de la mano.
En ese marco se sitúa también la Ley de la Cadena Alimentaria (la norma que prohíbe vender alimentos por debajo del coste de producción). La vía penal que reclama el sector apunta a las conductas fraudulentas que escapan al control administrativo.
A quién afecta la caída de rentabilidad en el territorio
El olivar de almazara sostiene la economía de numerosas comarcas del interior peninsular, con presencia destacada en territorios de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, entre otras comunidades. Cuando el precio en origen no cubre los costes, el golpe no se queda en la finca.
Alcanza también a las almazaras cooperativas, al empleo jornalero que depende de la recolección y al pequeño comercio de los municipios olivareros. En muchos de esos pueblos, el olivar es la actividad principal y sostiene la población durante buena parte del año.
En las zonas de olivar de secano (el cultivo que depende solo del agua de lluvia, sin riego), la producción varía cada campaña con el clima y un año malo no se compensa con más riego. Cuando el margen se estrecha, el riesgo de abandono de la finca crece.
La consecuencia de fondo es la pérdida de relevo generacional (la incorporación de jóvenes que sustituyan a los agricultores que se jubilan). Sin rentabilidad, el abandono del cultivo se convierte en el riesgo central para estas comarcas.
El impacto se mide también en servicios: menos explotaciones significan menos actividad para las cooperativas, menos jornales y menos familias con arraigo en municipios que ya pierden población. La cadena se rompe por el eslabón del precio.
Los siguientes pasos del sector olivarero
Por el momento no consta una respuesta oficial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a la petición. Las organizaciones se dirigen tanto al Gobierno central como a las comunidades autónomas, que comparten competencias sobre el sector agrario.
Lo que piden las cuatro entidades es un paquete completo: persecución judicial del fraude, alivio inmediato para las explotaciones y una estrategia de fondo que devuelva competitividad al olivar. La pelota está ahora en las administraciones.
Claves del Mundo Rural
- 📌 Lo que debes saber: ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias piden al Gobierno sanciones penales contra el fraude y medidas urgentes para el olivar.
- 👥 A quién afecta: A las explotaciones de olivar de almazara, a las cooperativas, a los jornaleros y a las comarcas que dependen del cultivo.
- ⏭️ Qué consecuencias puede traer: Sin margen, crece el riesgo de abandono del cultivo, de pérdida de relevo generacional y de menos actividad en los pueblos.
