Luis María Díez-Picazo, el magistrado que tomó la decisión de frenar el cambio de doctrina en el Tribunal Supremo que favorece a los hipotecados, no tiene hipotecas sobre sus propiedades inmobiliarias.
Díez-Picazo es el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Desde esta posición decidió que los 31 magistrados de la Sala revisen una sentencia de este mismo Tribunal que ha cambiado la jurisprudencia. El fallo que ha provocado este cambio de rumbo señala que el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) de las hipotecas lo deben pagar los bancos, y no los consumidores, como ocurría hasta ahora.
El caso es que Luis María Díez-Picazo cuenta con cinco propiedades inmobiliarias en la Comunidad de Madrid y sobre ninguna de ellos pesa ningún préstamo hipotecario. En la capital dispone de dos viviendas con garaje localizadas en la almendra central de la ciudad, a lo que hay que sumar otra casa en el municipio de El Escorial, en la misma comunidad autónoma.
La más antigua de sus propiedades es un apartamento de setenta y cinco metros cuadrados que disfruta por una donación recibida en 1995. En la misma dirección, Díez-Picazo tiene a su nombre una plaza de garaje que está inscrita como propiedad independiente de la vivienda y que también recibió por donación en la misma fecha. Ambas se encuentran libre de cargas.
Además, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo disfruta en la capital de otra vivienda de doscientos metros cuadrados, mas un anejo de 26 metros, trastero y plaza de garaje. Esta propiedad sí fue comprada y fue escriturada en 2016. A pesar de su gran superficie y lo reciente de su compra, no pesa sobre ella ninguna hipoteca.
Díez-Picazo también goza de otra propiedad en Madrid capital gracias a una donación y sobre ella no pesa tampoco ninguna hipoteca. Está escriturada en 2014. Se trata de una vivienda de 119 metros cuadrados, que cuenta con un trastero. Todas las propiedades de la capital se encuentran muy cerca unas de otras, a unos trescientos metros.
Finalmente, el magistrado tiene una vivienda de doscientos treinta metros cuadrados adquirida en 2001 en régimen de gananciales con su esposa. La propiedad se encuentra en un antiguo edificio de San Lorenzo de El Escorial a diez minutos a pie del famoso monasterio esta localidad madrileña. Como en ocasiones anteriores, sobre ella no pesa tampoco ninguna hipoteca.
EL CONFLICTO DE LAS HIPOTECAS
Tras conocerse la sentencia, que perjudica a los bancos, Díez-Picazo decidió de que la Sala de lo Contencioso Administrativo la revise, a la vista de lo que él mismo calificó como “enorme repercusión económica y social”. Una decisión de este tipo, que revise el cambio de jurisprudencia de una sentencia, es inédita hasta ahora. El magistrado ha cosechado fuertes críticas y Podemos ya se ha querellado por prevaricación contra él.
El cambio de doctrina del Tribunal Supremo se ha producido en una reciente sentencia, del 16 de octubre. En ella, los magistrados que la firman consideran que la escritura del préstamo hipotecario (sobre el que hay que pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados) beneficia al banco que presta el dinero. Por lo tanto, es al banco al que le corresponde pagar el impuesto.
La decisión del presidente de Luis María Díez-Picazo de someter a la consideración de la totalidad de los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo este cambio de doctrina y las consiguientes críticas provocaron también la intervención del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. Tras una reunión con los magistrados que firmaron la sentencia, se decidió convocar un Pleno el próximo 5 de noviembre para tomar una decisión final sobre este impuesto a las hipotecas.
Los consumidores debían pagar hasta ahora por el impuesto de Actos Jurídicos Documentados entre un 0,5% y un 1,5% del importe del préstamo hipotecario, dependiendo de la comunidad autónoma de residencia.
