El exconsejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, ha sido apartado de la gobernanza del principal polo de innovación científica de Cataluña. El motivo: un intento controvertido de obtener para el BIST un edificio público en el antiguo Mercat del Peix, una operación valorada en 100 millones de euros. La maniobra, frustrada por el Govern, ha llevado al instituto que presidía a perder su papel de impulsor para quedar como un mero inquilino.
Cómo un edificio del Mercat del Peix dinamitó el consenso
Según la información publicada por Crónica Global y confirmada por fuentes del ámbito científico consultadas por Moncloa.com, el exconsejero de CiU trató de que la Generalitat cediera de forma gratuita a la Fundación BIST (Barcelona Institute of Science and Technology) uno de los inmuebles más codiciados del nuevo polo de investigación. El edificio, ubicado en la prolongación del Passeig de Joan de Borbó, es un activo público de primer orden que ha sido objeto de intensas disputas en los últimos meses.
El movimiento, calificado como un cambalache por los sectores críticos, suponía que una entidad privada —aunque participada por la administración— recibiera un trato de favor con un impacto presupuestario directo. La operación quebró la confianza del Departament de Recerca i Universitats y del Ayuntamiento de Barcelona en en la gestión del BIST. La cifra es demasiado alta.
Lo que se dirimía era más que un simple espacio. Estaba en juego el modelo de gobernanza del clúster científico que debe convertir a Barcelona en referente europeo de la bioingeniería y la economía azul. Las fuentes consultadas señalan que la insistencia de Mas-Colell en obtener la propiedad del inmueble, en lugar de gestionarlo mediante un canon razonable, tensó las negociaciones hasta el punto de ruptura.
El peso de un exconsejero de CiU en el Govern de Illa
La situación revela las complejas conexiones del poder en Cataluña. Mas-Colell no es solo un académico de prestigio; fue el arquitecto económico del último Govern de Convergència i Unió y un actor con gran ascendencia en ciertos sectores del establishment catalán. Su gestión en el BIST se presumía como una jubilación de lujo al servicio de la ciencia, pero la realidad ha sido más turbia.
Cien millones de euros en juego y el gran polo de innovación de Barcelona, reducido a una pugna por el ladrillo. El fiasco abre una brecha inesperada entre la alta ciencia y la política presupuestaria.
El Govern de Salvador Illa, en plena pugna por blindar su credibilidad fiscal ante la opinión pública y los comunes, reaccionó con rapidez. La apuesta por taponar la cesión gratuita y recolocar el activo bajo el control de una universidad pública, la UPF, se leyó en Palau como un ejercicio de control de daños. Un movimiento para evitar que el caso Mas-Colell se convirtiera en un nuevo escándalo de puertas giratorias y presunto trato de favor con fondos públicos.
Observamos una paradoja. El BIST, creado para coordinar a los siete grandes centros de investigación catalanes (ICFO, ICN2, ICIQ, IFAE, IRB Barcelona, CRG e IBEC), se ve ahora relegado. Pierde su capacidad de liderar el urbanismo científico de la ciudad y queda como un simple arrendatario, pagando una renta que, en última instancia, sale de los presupuestos públicos.
La decisión de la UPF de colocar un centro de investigación propio en el edificio completa el giro. La universidad pública, mucho más alineada con los criterios de la conselleria, se hace con el control del espacio. De paso, se garantiza que el activo no escape del balance público directo ni acabe en manos de una fundación privada, por mucho que esté tutelada por la Generalitat.
Un modus operandi que evoca viejas tensiones patrimoniales en la Generalitat
Analizamos este episodio como un síntoma de un mal endémico. La colonización de los centros de decisión públicos por parte de ex altos cargos no es nueva. El intento fallido de Mas-Colell recuerda a otros precedentes donde la gestión de activos inmobiliarios de la Generalitat, como los del Incasol, derivó en polémicas por supuestos favoritismos. La diferencia aquí es la magnitud: 100 millones de euros equivalen a una fracción muy sustancial del presupuesto anual de I+D en Cataluña.
El presidente ejecutivo del BIST ha sido desplazado del tablero, pero la pregunta que queda en el aire es si el prestigio científico de Cataluña sale indemne. La comunidad investigadora observa con escepticismo una guerra de despachos que poco tiene que ver con la excelencia. Mientras tanto, el edificio del Mercat del Peix se convierte en un símbolo: el de una ciencia que necesita ladrillo, sí, pero que quizás debe aprender a pedirlo con otros modales.
La herida en el proyecto es profunda, y el tiempo dirá si el nuevo rol de inquilino del BIST lastra su capacidad de atraer talento o si, por el contrario, lo libera de una gestión urbanística para la que no estaba preparado.
