El Govern de Salvador Illa y Esquerra Republicana han cerrado este lunes un acuerdo que otorga a la Generalitat el control mayoritario del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, la mayor área industrial de España. El pacto, que se formalizará en el Consell Executiu de mañana, asigna a la administración catalana un 40% de la representación y al Ayuntamiento de Barcelona un 15%, dejando al Gobierno central el 45% restante. El movimiento, adelantado por fuentes parlamentarias a este medio, viene a satisfacer una de las exigencias que ERC había puesto sobre la mesa para apoyar los presupuestos autonómicos de 2026.
El nuevo reparto de fuerzas en el Consorci
Según ha podido confirmar Moncloa.com, la modificación de los estatutos del consorci de la Zona Franca desbloquea una mayoría que, en la práctica, da la vuelta a la gobernanza de un ente que hasta ahora presidía el delegado del Gobierno en Cataluña. La Generalitat pasa de una participación testimonial al 40% de los puestos en el consejo de administración, mientras que el Ayuntamiento de Barcelona, que hasta hoy apenas tenía peso, salta hasta el 15%. La suma de ambos —55%— supera ampliamente el 45% que conserva la administración central.
La nueva arquitectura deja al Gobierno con capacidad de veto sobre asuntos que requieran mayoría cualificada, pero insuficientes si la Generalitat y el consistorio barcelonés alinean sus posturas. El Consorci de la Zona Franca no es una entidad menor. Gestiona más de 6 millones de metros cuadrados de suelo industrial y logístico, donde operan empresas de sectores clave como la automoción, la logística y la tecnología. Su presupuesto anual ronda los 50 millones de euros y las plusvalías que genera por la venta de parcelas son uno de los ingresos recurrentes más importantes del área metropolitana.
La moneda de cambio de ERC
El movimiento se enmarca en la negociación de los presupuestos de la Generalitat para 2026. Esquerra Republicana exigió al Govern contrapartidas institucionales de calado a cambio de los 33 votos que necesita el president Illa para sacar adelante las cuentas. La cesión del control del polígono de la Zona Franca era, según fuentes de la formación independentista, una de las líneas rojas, junto con el traspaso de la gestión de las Cercanías y el refuerzo de la Agència Catalana de Residus.
Desde el Palau de la Generalitat, se niega que se trate de una rendición del Gobierno central. La consellera d’Economia, Alícia Romero, declaró esta misma mañana que ‘el acuerdo mejora la gobernanza de un consorcio que debe responder a las necesidades del tejido productivo catalán, que es el principal usuario de estos espacios’. El pacto, no obstante,, se ha cerrado sin esperar a la enésima comisión bilateral entre el Govern y Moncloa, lo que deja entrever la urgencia de los socialistas por atar los presupuestos antes del verano.
La suma de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona logra una mayoría del 55% que permitirá condicionar decisiones estratégicas, desde la cesión de suelo industrial hasta los convenios con el Puerto de Barcelona.
Consecuencias para Barcelona y el puerto
La operación tiene una lectura territorial inmediata: el Consorci actúa como ventanilla única para la implantación de empresas en el Polígono de la Zona Franca, pero también coordina infraestructuras logísticas vinculadas al Puerto de Barcelona y al aeropuerto de El Prat. Controlar la mayoría de su consejo permite a la Generalitat orientar la política de concesiones y, sobre todo, decidir qué proyectos de inversión se priorizan. De hecho, el Govern podría impulsar la reindustrialización de la periferia sur de la ciudad, una reivindicación histórica sindical y vecinal.
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (también del PSC), ha recibido el acuerdo con satisfacción. Para Barcelona, ganar peso en el Consorci supone recuperar cierta influencia sobre un espacio industrial que, aunque está en su término, históricamente le ha sido ajeno. Collboni ha destacado que la medida permitirá ‘reindustrializar la periferia sur de la ciudad’ y generar empleo de calidad.
Lo que incomoda a Moncloa y consolida el patrón
Más allá de los números, el gesto político es trascendental. El Gobierno de Sánchez cede una institución estratégica porque necesita los votos de ERC en el Congreso para sacar adelante la ley de Presupuestos Generales del Estado y porque el PSC en Cataluña no puede permitirse un fracaso parlamentario. La cesión es, por tanto, moneda de doble uso: en Barcelona, para Illa; en Madrid, para Sánchez.
Esta no es la primera vez que ERC logra arrancar una cesión de este calibre. En 2024, la reforma de la ley de la Agència Catalana de la Propiedad Industrial otorgó a la Generalitat capacidad de veto. En 2025, el acuerdo para la transferencia de la gestión de Rodalies —aún sin materializar del todo— demostró que el modelo de ‘concesiones controladas’ se ha convertido en la única forma de gobernabilidad en Cataluña. El Consorci de la Zona Franca es el último ejemplo de un patrón que se consolida: cada votación crucial se salda con una nueva transferencia de poder al Govern.
Moncloa intenta restarle importancia al señalar que el Gobierno mantiene capacidad de veto y que la presidencia del consorcio seguirá siendo nombrada por el delegado del Gobierno. Sin embargo, la experiencia demuestra que, cuando la Generalitat y el Ayuntamiento suman esfuerzos, la presión política puede forzar decisiones incluso en contra del criterio de la administración central. La batalla por la ampliación del aeropuerto, con sus informes enfrentados entre Aena y la Generalitat, sirve de recordatorio. De momento, el nuevo equilibrio de fuerzas en la Zona Franca es un hecho y la publicación del decreto en el DOGC se espera para finales de esta semana.
