La Generalitat de Cataluña ha decidido plantar cara al Tribunal Constitucional en una batalla que parece no tener fin: la lengua en las aulas. La consejera de Educación, en declaraciones recogidas por fuentes del Govern, ha asegurado que el ejecutivo catalán «hará lo que esté en su mano» para preservar el modelo de inmersión lingüística, incluso si ello supone desoír las reiteradas sentencias que exigen un 25% de horas lectivas en castellano.
El pulso, que no es nuevo, se produce en un momento de máxima tensión entre el Palau de la Generalitat y el Alto Tribunal. Tras años de litigios, el Constitucional ha dejado claro, en fallos de 2024 y 2025, que el sistema educativo catalán vulnera el derecho de los alumnos a recibir enseñanza en la lengua común del Estado. Sin embargo, la Generalitat insiste en que su modelo cuenta con el aval de la Ley de Educación de Cataluña y de la realidad sociolingüística del territorio.
El órdago de la Generalitat al Constitucional
La posición del Govern no es improvisada. Desde el departamento que dirige la consejera se sostiene que los tribunales «desconocen la realidad de las aulas» y que la inmersión es la única herramienta eficaz para garantizar el dominio del catalán sin menoscabar el castellano. Ayer mismo, en una reunión con directores de centros públicos, la responsable educativa presumió de que el modelo cuenta con un apoyo social mayoritario y advirtió de que cualquier vuelco judicial sería contestado con «todos los instrumentos legales y políticos disponibles».
La afirmación choca de frente con el criterio del Tribunal Constitucional, que en su sentencia más reciente —la 24/2025— recordó que el catalán y el castellano deben ser vehiculares en igualdad de condiciones y que el criterio de «lengua de uso habitual» no puede vaciar de contenido el derecho constitucional a la educación en español. Moncloa.com ha podido confirmar que el Govern ni siquiera ha iniciado los trámites para adaptar el currículo a ese fallo, pese a que el cumplimiento es obligatorio desde el pasado noviembre.
De hecho, fuentes parlamentarias consultadas por esta redacción apuntan a que la estrategia de la Generalitat pasa por alargar el conflicto. «No hay prisa, porque políticamente este pulso no perjudica a nadie en el tablero catalán», señalan. La idea es que el Constitucional —que tiene pendiente el recurso de amparo de una familia de Sant Cugat— acabe dando la razón al modelo catalán cuando cambie su composición, una tesis que en círculos judiciales se considera «ingeniería política de muy corto recorrido».
Inmersión sí, excepción no: el modelo que choca con las sentencias
La clave del desencuentro está en una palabra: excepcionalidad. Mientras que el Tribunal Constitucional admite que la inmersión sea la regla general, exige que se prevean mecanismos reales para que las familias que lo soliciten puedan escolarizar a sus hijos en castellano como lengua vehicular. La Generalitat, en cambio, defiende un sistema en el que el catalán es el eje vertebrador de todo el proyecto educativo, y las horas de castellano se limitan a las asignaturas de Lengua y, como mucho, a algún proyecto interdisciplinar.
Ese diseño, recogido inicialmente en el Estatut d’Autonomia de 2006 y desarrollado por la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), ha sido declarado parcialmente inconstitucional en varias ocasiones, pero siempre con matices que el Govern ha sabido explotar. Ahora, la sentencia 24/2025 no deja margen a la interpretación: fija un mínimo del 25% de horas en castellano —no como cuota rígida, pero sí como «parámetro de control»— y obliga a la administración a acreditar, proyecto a proyecto, cómo se garantiza el derecho de los alumnos castellanohablantes.
La Generalitat ha optado por un órdago jurídico que, en realidad, es un seguro político: mantener la inmersión intacta mientras dure la legislatura, aunque el Constitucional le enmiende la plana una y otra vez.
Desde la comunidad educativa, las reacciones son ambivalentes. La Plataforma por la Lengua celebra la «firmeza» del Govern; la asociación Hablamos Español denuncia «desobediencia institucional» y anuncia nuevas acciones judiciales. Entretanto, los padres que han peleado el 25% en los tribunales ven cómo sus sentencias favorables se archivan en un cajón administrativo sin fecha de ejecución.
Un conflicto que favorece a ERC y a Junts
La lectura política del pulso es nítida. Tanto Esquerra Republicana como Junts per Catalunya comparten la defensa numantina de la inmersión, y ambos partidos presionan al president Illa para que no ceda ni un milímetro. En privado, dirigentes republicanos admiten que el choque con el Constitucional «es perfecto» para reagrupar al independentismo después del desgaste de los pactos con el PSC. Junts, por su parte, ve la oportunidad de erosionar al Govern con el argumento de que Illa «acabará plegándose a Madrid» como el resto de presidentes.
Esa pinza coloca al presidente de la Generalitat en una posición incómoda. Fuentes próximas a su equipo reconocen que no hay margen para aplicar el 25% sin romper el acuerdo de investidura con ERC, y que cualquier movimiento en esa dirección precipitaría la caída del Govern. La alternativa, sin embargo, es seguir acumulando sentencias en contra y, en última instancia, arriesgarse a sanciones económicas o a la intervención de la Alta Inspección educativa por parte del Estado.
En Moncloa, mientras tanto, se sigue de cerca pero sin intervenir. El Gobierno central prefiere no avivar el incendio a las puertas de las elecciones generales de 2027 y confía en que el Constitucional resuelva el recurso pendiente sobre la LEC el año que viene. No obstante, fuentes de Moncloa consultadas por esta redacción admiten que si el Govern sigue sin ejecutar las sentencias, el Ejecutivo se verá obligado a actuar «para garantizar el cumplimiento de la ley», aunque no concretan plazos ni instrumentos.
Lo que observamos es un patrón que se repite desde 2010: la Generalitat utiliza el conflicto lingüístico como herramienta de cohesión interna y de presión hacia Madrid, mientras el Estado dilata las respuestas contundentes por temor a la reacción independentista. La diferencia ahora es que Illa, a diferencia de Torra o Aragonès, no puede jugar a la épica soberanista sin poner en riesgo los apoyos parlamentarios del PSC en el Congreso. La cuadratura del círculo, por tanto, parece imposible.
La próxima vista en el Constitucional está señalada para septiembre, aunque el tribunal aún no ha comunicado la fecha exacta a las partes. Entre tanto, las aulas catalanas seguirán funcionando exactamente igual que hasta ahora: con el catalán como lengua principal y con las peticiones de más castellano durmiendo en los despachos del Departament d’Educació. Un nuevo capítulo, vaya, de una novela que los catalanes conocen de sobra.
