EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué está pasando? La Comisión Europea analiza en estos momentos suprimir la Dirección General de Política Regional para liberar fondos y volcarlos en defensa, según han confirmado fuentes comunitarias a Moncloa.com.
- ¿Quién impulsa la medida? Un grupo de Estados miembros del flanco oriental y Francia, preocupados por la capacidad militar del bloque, presionan a Bruselas para que el próximo Marco Financiero Plurianual priorice el gasto en seguridad.
- ¿Qué impacto tiene para España? Nuestro país es el principal receptor de fondos regionales y vería peligrar hasta 8.500 millones de euros anuales en inversiones para comunidades autónomas como Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha.
El debate que el Colegio de Comisarios venía cocinando en los silenciosos pasillos del Berlaymont ha saltado esta semana a los despachos de las representaciones permanentes. Bruselas estudia eliminar la Dirección General de Política Regional (DG REGIO), el brazo ejecutivo que reparte cada año decenas de miles de millones de euros en fondos estructurales y de cohesión, para redirigir una parte sustancial de ese dinero hacia defensa. La presión existe y las fuentes comunitarias consultadas por Moncloa.com lo confirman: sobre la mesa hay un borrador de trabajo que baraja la fusión de la DG REGIO con otros servicios o incluso su desaparición pura y dura dentro del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034.
La idea no es nueva, pero sí la convicción con la que se maneja ahora. La guerra de Ucrania ha transformado la política presupuestaria del bloque en apenas cuatro años. Si en 2020 los Veintisiete creaban Next Generation EU para salir de la pandemia, en 2026 la prioridad se llama defensa. Y el dinero tiene que salir de algún sitio.
¿Por qué la DG de Política Regional está en el punto de mira?
La arquitectura financiera de la UE se basa en dos pilares: la política agrícola común (PAC) y la política de cohesión. Esta última, gestionada por la DG REGIO, supone aproximadamente un tercio del presupuesto comunitario, con unos 60.000 millones de euros al año destinados a carreteras, saneamiento, digitalización de pymes o transición energética en las regiones más desfavorecidas. La Comisión necesita aumentar el gasto militar y la cohesión es la partida no obligatoria más voluminosa. La tentación de meter la tijera ahí es grande.
En el núcleo duro de la Comisión hay dos posturas enfrentadas. La primera, defendida por varios comisarios de orientación económica, sostiene que los fondos de cohesión han perdido eficacia y que eliminar la DG REGIO agilizaría la gestión y ahorraría recursos. La segunda, que tiene el respaldo de la comisaria de Cohesión (aún en el cargo) y de varios Estados del sur, advierte de que la cohesión territorial no es solo una partida presupuestaria, sino un principio fundacional de los Tratados (artículo 174 del TFUE).
Observamos una clara tensión entre la eficiencia de la maquinaria burocrática y la lealtad a los fundamentos de la Unión.
¿Cuánto dinero está en juego para España?
Nuestro país es, históricamente, el primer beneficiario de los fondos de política regional. Solo en el periodo 2021-2027, España tiene asignados 34.000 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo de Cohesión, a los que se suman otros 4.800 millones del Fondo Social Europeo Plus. Desaparecer la DG REGIO no significaría necesariamente eliminar todo ese dinero, pero sí perdería su paraguas institucional y, con toda probabilidad, una parte importante se reconduciría hacia gastos militares.
Comunidades como Extremadura (más del 20% de su inversión pública derivada de estos fondos), Andalucía, Castilla-La Mancha o Galicia se quedarían sin en el principal motor de convergencia. En términos prácticos, eso implica menos carreteras, menos ayudas a la digitalización de pymes rurales y menos proyectos de eficiencia energética. El impacto en la España vaciada sería devastador.
En Moncloa ya se han hecho cuentas. Fuentes del Gobierno español consultadas por este medio apuntan a que un recorte drástico de la cohesión abriría un agujero de entre 6.500 y 8.500 millones anuales en la inversión territorial. Eso obligaría a compensar con presupuesto nacional o a aceptar un retroceso de convergencia con la media europea que no se veía desde los años 90.
Eliminar la DG REGIO no es solo un cambio de organigrama: es la primera piedra para enterrar la política de cohesión bajo las prioridades de seguridad del continente.
El Eje del Poder Europeo
La pugna que se libra en Bruselas va mucho más allá de una reestructuración administrativa. Refleja el choque de modelos que atraviesa la Unión desde que estalló la guerra en Ucrania. En el eje franco-alemán, París y Berlín comparten la urgencia de gastar más en defensa, pero difieren en el método. Francia quiere un presupuesto europeo autónomo para financiar capacidades militares conjuntas; Alemania prefiere que el aumento se canalice a través de los presupuestos nacionales, aunque acepta mover dinero desde la cohesión para contentar a sus socios del este.
Los países del flanco oriental (Polonia, los tres bálticos, Rumanía) son los más beligerantes. Exigen un trasvase masivo desde la cohesión hacia defensa y, bajo la batuta de Varsovia, consideran que la DG REGIO es un vestigio del siglo XX que ya no se corresponde con las amenazas actuales. Al otro lado, la alianza de la cohesión, encabezada por España, Italia, Portugal y Grecia, defiende que recortar fondos regionales equivale a romper el equilibrio que sostuvo la ampliación al Este en 2004 y a dinamitar la confianza en el proyecto comunitario.
Los países frugales del norte (Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suecia) observan con interés un debate que les permite, de paso, reducir la factura total del presupuesto europeo. Si la cohesión se adelgaza, ellos no necesitarán aumentar sus contribuciones nacionales para financiar la defensa. Es un juego de suma cero que deja a las regiones más pobres como principal moneda de cambio.
El precedente histórico más cercano es el recorte agrícola de 2005, cuando una ampliación hacia el Este obligó a reformar la PAC, pero entonces los fondos de cohesión quedaron blindados. Ahora, por primera vez, se cuestiona el propio principio. La diferencia es sustancial: la amenaza militar rusa ha elevado la defensa a bien público europeo, mientras que la cohesión se percibe como una política redistributiva que beneficia solo a unos cuantos.
Para España, el coste político y económico es inasumible sin una contrapartida. Si Bruselas elimina la DG REGIO, Moncloa deberá elegir entre aumentar su déficit para mantener las inversiones o aceptar que el sureste español se aleje de la renta media comunitaria. Ninguna de las dos opciones resulta fácil para un Gobierno ya tensionado por las reglas fiscales.
La decisión final no se tomará antes de la presentación formal del borrador del próximo MFP, prevista para el otoño de 2026. Hasta entonces, la partida se juega en los pasillos del Consejo, donde cada Estado miembro intenta salvar lo suyo. Pero el tablero ya está inclinado. Y la balanza, por ahora, no favorece a la cohesión.
