El exministro de Industria, Miguel Sebastián, ha enviado un escrito a la Audiencia Nacional en el que solicita personarse como acusación particular en las diligencias previas 96/2017 que se siguen en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de Manuel García Castellón contra BBVA, según ha sabido MONCLOA.COM de fuentes próximas al responsable socialista.
La acusación se fundamenta en las informaciones difundidas por diversos medios de comunicación «en relación con las operaciones de espionaje y vigilancia realizadas por grupos operativos coordinados por el entonces comisario de policía José Manuel Villarejo, cuyos servicios habrían sido contratados en el año 2004 por responsables del BBVA con el fin de favorecer los intereses económicos del Francisco González Rodríguez, entonces, Presidente Ejecutivo de la entidad», se indica en una nota de prensa de CCS Abogados, el bufete que representa a Sebastián en esta causa.
Estas informaciones acreditarían que las comunicaciones telefónicas de nuestro representado, en aquel tiempo Secretario de Estado y director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, tanto las privadas como las oficiales, habrían sido intervenidas; que, así mismo, habría sido objeto de seguimientos y vigilancias continuadas y que, incluso, se llegó a construir un falso relato en torno a su persona con el propósito de desacreditarlo ante los demás e intentar torcer su voluntad«, señalan los abogados del exministro.
El examen de los materiales hasta ahora conocidos pone de manifiesto que se está «ante unos hechos especialmente graves que, de resultar finalmente probados, podrían constituir el mayor escándalo de corrupción corporativa de la democracia española«.
En opinión de los abogados de Sebastián, se habrían utilizado «recursos del BBVA para la defensa de posiciones internas de poder en perjuicio de los accionistas minoritarios». En este sentido, las unidades operativas contratadas de forma encubierta para acometer las indicadas tareas de espionaje y reconstrucción falsaria de la realidad, estarían coordinadas y tendrían una estrecha relación con personas pertenecientes a cuerpos policiales y de seguridad del estado, lo que les habría permitido acceder a informaciones privadas y reservadas especialmente protegidas».
«Si fue posible intervenir, como indiciariamente acredita la documentación y los archivos de audio publicados, la línea telefónica oficial de nuestro representado, entonces Secretario de Estado con sede en el Complejo de la Moncloa ¿qué garantía del derecho a la intimidad pueden esperar los hombres y mujeres del común y, en particular, aquellos que han depositado en la entidad bancaria datos personales sensibles?«, se pregunta CCS Abogados.
A pesar del tiempo ya transcurrido desde que aparecieron las primeras noticias sobre este asunto, a principios de enero, «ningún representante del BBVA se ha disculpado públicamente por tales hechos, ni se ha dirigido a mi representado aunque solo fuese para informarle de las medidas internas que se piensan adoptar o para transmitirle su voluntad de prestarle ayuda y colaborar en la identificación de los responsables y en la defensa de los derechos de las personas perjudicadas».
«Con independencia del esclarecimiento penal de los hechos, la más elemental política de compliance obliga al actual equipo directivo del BBVA a ofrecer una mínima explicación a las personas cuya intimidad fue drásticamente vulnerada y a las que, como ocurre singularmente en el caso de mi patrocinado, se les ‘fabricó’, por encargo, un falso relato acerca de su vida personal, con el solo propósito de desacreditarlo ante los demás y crear un contexto intimidatorio. Tampoco se adoptó una sola medida de apartamiento o suspensión cautelar de aquellas personas presuntamente implicadas y que todavía desempeñan ciertas tareas de representación institucional del BBVA«, censuran los representantes de Sebastián.
«Esta opacidad y pasividad en la respuesta, unida a los hechos anteriormente descritos que, sin perjuicio de su definitiva calificación jurídico-penal, son indiciariamente delictivos y atribuyen a D. Miguel Sebastián la condición de persona ofendida por el delito/os, son los que explican y justifican su personación como acusación particular en las citadas Diligencias penales«, concluye este bufete dirigido por el también exministro de Justicia, Francisco Caamaño.
