La Comunidad de Madrid no acogerá a más menores migrantes no acompañados mientras el Gobierno central no restablezca, a su juicio, el control de las fronteras. Así lo ha asegurado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, tras la petición de Moncloa de repartir entre las autonomías los miles de menores que han llegado a Ceuta en las últimas semanas.
La saturación que esgrime la Consejería
El sistema de protección de menores de la región está tensionado desde hace más de dos años, según Dávila. Ceuta albergaría alrededor de 7.000 menores que no pueden ser expulsados, una presión que, de trasladarse a Madrid, “pondría en riesgo el sistema de protección a la infancia”.
La red madrileña de acogida está diseñada para atender a niños y adolescentes en situación de desamparo o vulnerabilidad grave, no para absorber llegadas masivas. “No podemos convertir la solidaridad en un instrumento para tapar la incompetencia”, advirtió en Telemadrid. El argumento no admite medias tintas.
Solidaridad o control: el pulso político
Dávila ha rechazado que el debate se plantee en términos de solidaridad entre territorios. Para la consejera, el Gobierno utiliza ese argumento para ocultar “una pérdida absoluta del control de la política migratoria”. La consejera, lo deja claro: “Madrid no va a asumir las incompetencias del Gobierno de España”.
La responsable autonómica también ha arremetido contra la relación del Ejecutivo con Marruecos. “Se ha perdido absolutamente el control”, ha subrayado, en referencia a la llegada masiva de menores que, según sus palabras, evidencia un fallo diplomático. “Llevamos dos años pidiendo que se refuerce el control de las entradas irregulares, tanto en la ruta canaria como en Barajas”, ha añadido.
Un aviso, en toda regla.
La solidaridad no puede ser un cheque en blanco que cubra la ausencia de control migratorio.
Precedentes y comparativas: Madrid no está sola
El rechazo a acoger más menores no es un movimiento aislado. Otras comunidades, como Cataluña o Andalucía, han mostrado reticencias similares cuando sus sistemas de acogida alcanzaron el límite. En 2022, el Gobierno tuvo que recurrir a derivaciones extraordinarias tras el colapso de Canarias, pero las plazas ofrecidas por Madrid fueron entonces solo unas decenas. Ahora, con una red ya tensionada por el aumento de solicitudes nacionales, la negativa es categórica.
En Madrid, la red de protección de menores contaba a finales de 2025 con algo más de 5.000 plazas, según datos de la Consejería. La ocupación supera ya el 90 % en algunos centros, una cifra que los sindicatos del sector califican de “insostenible”. Sin un refuerzo estatal claro, añadir cientos de menores supondría, en palabras de Dávila, “poner en riesgo a los menores que ya tutelamos”.
La postura de la Comunidad de Madrid plantea un dilema real. En esta redacción consideramos que la clave no está en apelar a la buena voluntad autonómica, sino en articular un pacto con financiación concreta y plazos claros. Mientras el Gobierno central no presente un plan de reparto que refuerce los recursos de las regiones, el argumento de la saturación seguirá siendo una muralla difícil de franquear. La pelota, una vez más, está en el tejado del Estado.
