La CUP cuenta con una de los funcionamientos internos más curiosos de cualquier formación europea. Esta amalgama de grupos asamblearios, movimientos sociales, agrupaciones municipalistas, okupas antisistema, anticapitalistas e independentistas cuenta con el respeto de una gran parte de la población catalana por su labor en los consistorios desde 1987.
A partir de 2012 decidieron dar el salto al Parlament de la mano de David Fernández, que logró tres diputados. Tres años después se dispararon hasta los diez escaños, en este caso con Antonio Baños como número uno. Fue entonces cuando se evidenció que la CUP tenían una curiosa vida interna: 1.515 afiliados apoyaron la investidura de Artur Mas y otros tantos la rechazaron.
Las navidades de 2015 fueron los protagonistas de la vida política, teniendo al independentismo catalán en vilo. Antes de reyes, la CUP votó en contra de la investidura de Mas y algunos no se lo perdonaron.
La presunta falta de credibilidad de la primera votación y la polarización que logró Carles Puigdemont les hundió para las catalanas de 2017, en este caso con Carles Riera como candidato, y se quedaron con solo 4 diputados tras perder más del 40% de sus votos.
UN ESCÁNDALO INTERNO PONE EN PELIGRO A LA CUP
La CUP fomenta el equilibrio territorial teniendo su sede central en Manresa y no reconocen ni al Estado español ni a la monarquía de Felipe VI. Su ideología combativa no ha provocado demasiadas guerras internas.
Harina de otro costal es un caso que ha removido los cimientos de la formación. La protagonista ha sido la exdiputada Mireia Boya, que ha denunciado que sufrió un «episodio de agresión psicológica continuada» en el Parlament.
«Me voy de la política nacional para coger aire y fuerzas», explica. Boya no desvela el nombre del presunto acosador, pero puntualizó que no trabaja en el Parlament y que es un militante de base. Quim Torra se solidarizó con ella: «Mireia, quiero mostrarte también públicamente todo mi apoyo. Cuídate. Nos tienes a tu lado».
La exdiputada explica que le persigue el «recuerdo de aquellos comportamientos agresivos y roles de poder» y afirma que ha «visto con tristeza como en las organizaciones tienden a dar la vuelta a las prioridades, a olvidarlas y a hacer periférico todo aquello que realmente importa y no paramos de repetir. Me voy por eso, necesito tiempo para cuidarme. Y por primera vez, me lo tomo».
UNA REACCIÓN INESPERADA
Algunas preguntas se deslizan en algunas asambleas de la CUP: «¿Por qué no lo denunció en su momento?». Y, «¿por qué no da el nombre del acosador?». Tampoco hay consenso sobre la decisión de la corriente a la que pertenece Boye, Poble Lliure, que no ha acatado el mandato del consejo político y ha decidido presentarse a las generales del 28-A dentro de Front Republicà.
Esta coalición estará también integrada por Pirates de Catalunya y Som Alternativa, que encabeza el que será el candidato para las elecciones del 28-A, Albano Dante Fachin, exlíder de Podem, exdiputado del Parlament y número uno de Front Republicà.
Este hecho agrieta a la coalición, pero la reacción de la CUP sobre el tema del acoso a Boye ha provocado un enfado interno que ha salido a la luz. La formación reaccionó lamentando su mancha y anunciaron que pretenden «seguir aprendiendo de las carencias y contradicciones que aún tenemos como organización feminista».
«Tenemos que reconocer que no somos impermeables a un sistema patriarcal», añadieron. Pero la ‘tímida’ reacción de un partido que normalmente se comunica de forma vehemente ha levantado el enfado interno.
Cuatro agrupaciones del partido independentista han exigido en público «transparencia y autocrítica. Nos sentimos decepcionados al enterarnos de que durante tanto tiempo se han dado casos de acoso psicológico con roles de poder dentro de la organización sin que haya habido ningún tipo de reacción por parte del partido».
Militantes de las localidades barcelonesas de Sant Adrià de Besòs, Vilassar de Mar, Canet de Mar y Sant Pol de Mar han exigido en un comunicado «transparencia y que se dé a la militancia una explicación con un claro mensaje de autocrítica sobre su actuación como organización».
¿ESPÍAS EN LAS ASAMBLEAS?
Los cuatro grupos piden «un mensaje sobre qué ha fallado en la política de gestión de conflictos, agresiones y abusos de poder» porque se «desprotege a la víctima y se protege a la persona acosadora».
Otra exdiputada, Pilar Castillejo, ha admitido ser testigo «de los roles de poder y comportamientos agresivos que cuentas. No lo sufriste sola». Pese al escándalo, la CUP ha rechazado suspender de forma cautelar al militante anónimo porque sus protocolos no contemplan esta sanción.
Por otro lado, la CUP ha exigido la comparecencia en el Parlament de Juan Ignacio Zoido y Fernando Grande-Marlaska por una supuesta intentona de la Policía Nacional de infiltrarse en su organización mediante espías.
La revista La Directa ha desvelado que la Brigada de Información de la Policía Nacional intentó colocar un topo en la dirección de la CUP y en el entorno del exdiputado David Fernández en abril de 2017 mediante la compra de un simpatizante, el activista Quim Gimeno, que habría rechazado la oferta de 700 euros mensuales más extras por contar las intimidades de la formación.
Según la CUP, este hecho «vuelve a poner de manifiesto las sistemáticas operaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional dirigidas a monitorizar, perseguir y hacer seguimiento de los movimientos sociales» catalanes.
