La Policía Nacional ha detenido en Vilanova del Vallés (Barcelona) a un hombre de 39 años de edad y nacionalidad turca, por su presunta participación en un delito de colaboración con la organización FETÖ/PDY, considerada terrorista por las autoridades otomanas. Sobre el arrestado recaía una Orden de Detención y Personación para extradición emitida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Tras analizar de manera exhaustiva la información recabada por las autoridades policiales de Turquía, además de la posterior investigación llevada a cabo por los agentes de la Brigada Provincial de Información de Barcelona se pudo localizar y detener al presunto colaborador de la mencionada banda armada turca, que se encontraba oculto en España.
La investigación policial permitió conocer el lugar en el cual se encontraba el ciudadano de nacionalidad turca. Este residía en la localidad barcelonesa de Vilanova del Vallés, donde finalmente resultó detenido. El arresto se produjo en la vía pública, en el momento en el que el individuo se disponía a abandonar su domicilio. Los agentes de la Policía Nacional actuaron de una manera rápida y eficaz, evitando así cualquier posibilidad de reacción por parte del detenido.
La detención está enmarcada dentro de las investigaciones realizadas por parte de la Comisaría General de Información con respecto a personas que pertenecen a organizaciones terroristas. Estas indagaciones se realizan tanto por personas que colaboran con bandas armadas a nivel nacional como en el ámbito internacional. De esta manera se busca hacer frente a aquellos que puedan representar una amenaza para España o la comunidad internacional.
El detenido en Barcelona ya ha pasado a disposición judicial.
ORDEN DE DETENCIÓN
Sobre el arrestado en Barcelona recaía una solicitud de detención por parte de las autoridades judiciales turcas. A través de una orden de detención se busca que otro país pueda detener y entregar a una persona para su posterior enjuiciamiento o cumplimiento de una condena.
Dados los procedimientos actuales es posible agilizar la cooperación judicial entre países de la Unión Europea. Turquía mantiene una relación con la UE desde el Acuerdo de Ankara de 1963. Además, desde 2005 se encuentran en un proceso de negociación para pasar a formar parte de la misma.
Entre las medidas adoptadas tras la llegada de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) en 2004, se simplifican los trámites judiciales y que se consigue agilizar el proceso. Asimismo, al aplicar esta normativa, los países europeos suponen un reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales.
De acuerdo a la normativa europea, tras emitirse una orden de búsqueda y detención de una autoridad judicial, una vez que se conoce el paradero de la persona buscada, se puede comunicar de forma directa a la Justicia del país en el que se encuentre el acusado la correspondiente orden de detención. Este segundo país debe encargarse de su tramitación y ejecución de forma urgente.
ENTREGA EN 10 DÍAS
Una vez llevado a cabo el arresto, la persona puede entregarse de forma voluntaria a la autoridad judicial del país reclamante. En el caso de que consienta su entrega, esta debe realizarse en un plazo de diez días. Si por el contrario, no consiente su entrega, tiene derecho a ser escuchado por parte de la autoridad judicial del país en el que se encuentre. Tras ser tomada declaración y después de un plazo de 60 días se notifica la decisión a la autoridad judicial reclamante y la persona tiene que ser entregada en un plazo máximo de 10 días desde la decisión final.
Asimismo, hay que tener en cuenta que la entrega puede llegar a suspenderse de forma excepcional y de manera provisional. Esto ocurre en el caso de que haya motivos humanitarios graves, entendiendo como tales aquellos en las que haya peligro para la salud o vida de la persona buscada.
En este caso, el ciudadano turco de 39 años detenido en Barcelona será entregado a Turquía ante la reclamación de las autoridades otomanas.
ORGANIZACIÓN TERRORISTA FETÖ/PDY
La organización terrorista FETÖ/PDY nace del movimiento de Gülen. Este es un movimiento islámico turco que se encuentra dirigido por el sacerdote Fethullah Gülen, residente en Pensilvania (Estados Unidos). Aunque no tiene un nombre oficial, sus seguidores se refieren a él con el nombre de Hizmet o Cemaat.
El Gobierno de Turquía ha calificado este movimiento como una organización terrorista bajo la denominación de Organización de Terror Gulenista (FETÖ por sus siglas en turco) u Organización Estatal Paralela (PDY) desde diciembre de 2015. Además ha acusado a la organización de intentar infiltrarse en el Estado turco y derrocar al gobierno. De hecho, lo intentó de manera fallida con un golpe de Estado en 2016.
El Gobierno otomano determinó que este movimiento es una amenaza para la seguridad nacional de Turquía. Esto les llevó a intervenir el diario propiedad del grupo, el Zaman, que era el de mayor circulación en el país antes de la expropiación, además de otras compañías vinculadas con el grupo terrorista. No obstante, Fethullah Gülen negó la implicación en el intento de golpe de Estado.
700 DETENIDOS RELACIONADOS CON EL MOVIMIENTO TERRORISTA GÜLEN
La Policía turca llevó a cabo en el pasado mes de febrero una gran operación para la detención de 700 personas entre funcionarios y militares. Todos ellos por mantener vínculos con el movimiento del predicador islamista Fethullah Gülen (FETÖ). Así lo ha indicado el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan.
En el año 2016 fue cuando el mandatario otomano designó de forma oficial a este movimiento como grupo terrorista. Desde ese momento anunció que se iban a perseguir a sus miembros, a los que ha acusado de conspirar para tratar de derrocarle. Fruto de ello, hace unas semanas se practicaron redadas simultáneas en al menos 43 provincias turcas.
Además, el Ministerio Público ha emitido órdenes de arresto contra 228 personas sospechosas de apoyar al clérigo Gülen. Además, la Oficina del Fiscal General de la ciudad costera de Izmir ordenó la detención de 101 oficiales en activo y 56 exsoldados.
Otra de las operaciones estaba centrada en 71 empleados del Ministerio de Justicia y contra 201 miembros de las Fuerzas Armadas. La mayor parte de estos últimos con un rango de suboficial, de los cuales un centenar se encontraba en activo. Sin embargo, la orden de arresto más importante se encuentra relacionada con un supuesto amaño de un examen para acceder a determinados cargos de la Policía en 2009. 467 personas están acusadas de haber participado en el engaño.
