Los senadores socialistas que participan en la Comisión de Justicia han mantenido este jueves una reunión vía telemática a la que se ha sumado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para analizar la incidencia de la pandemia de Covid-19 en el sector. En ella han constatado que es necesario agilizar y modernizar la Administración de Justicia reorganizando juzgados y tribunales, introduciendo medios telemáticos y acabando con el colapso de los tribunales mediante, entre otras cosas, de sentencias orales.
Por su parte, Campo ha desgranado el proyecto Justicia 2030 y ha explicado que el objetivo es poner a la Administración de Justicia a la altura de otros servicios públicos como la Sanidad. También busca fortalecer la capacidad del sistema para atender a la ciudadanía y cumplir de mejor manera con su función de servicio público.
Al hilo, el portavoz socialista en la comisión, Txema Oleaga, ha incidido en la importancia de percibir a la Administración de Justicia como un servicio publico, y ha abogado porque sea «ágil y moderna», para lo que «debe adaptar sus estructuras para servir al bien común».
Para tal fin, desde el Grupo Parlamentario socialista en el Senado apuestan por la reorganización de los juzgados y tribunales, y por la implantación de medios telemáticos. «No puede ser que no se pueda acceder a documentación o interponer una demanda de forma telemática en pleno siglo XXI», ha afirmado Oleaga, quien ha apuntado que deben utilizarse instrumentos «para desmontar los colapsos de los juzgados, como la intermediación o las sentencias orales».
VIOLENCIA DE GÉNERO DURANTE EL CONFINAMIENTO
Por otro lado, en la reunión telemática se ha advertido de que los casos de violencia de género han podido aumentar durante el confinamiento a pesar de que se reduzcan las denuncias por temor a los agresores. En este sentido, prevén que cuando se levante el estado de alarma se produzca una avalancha de denuncias que la Administración de Justicia debe estar en condiciones de atender.
Por último, desde el grupo socialista recuerdan que las reformas se están realizando respetando y garantizando el ordenamiento jurídico y los derechos de la ciudadanía, y siempre con el objeto de que la Administración de Justicia esté en mejores condiciones para poder respetar esos derechos.
