Un total de 3.845 empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) se encontraban a finales de esta semana en situación de aislamiento por el Covid-19, un 38% menos que hace quince días, cuando la cifra de aislados alcanzó los 6.165, según datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
Asimismo, 110.330 empleadas y empleados públicos (61,5%) trabajan en la actualidad en modalidades no presenciales y 50.312 (28%) de forma presencial.
El Ministerio que encabeza Carolina Darias hace balance, con datos actualizados a principios de mayo, antes de que en las próximas semanas se inicie la desescalada en la Administración General del Estado, de acuerdo con el Plan de Transición hacia la nueva normalidad aprobado por el Gobierno y atendiendo siempre las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Para preparar y afrontar la nueva normalidad, la ministra suscribió el 4 de mayo un acuerdo con los representantes de los sindicatos CSIF, UGT, CCOO y CIG, integrados en la Mesa General de Negociación en la AGE, con unos objetivos prioritarios: protección de la salud de todos los empleados y empleadas públicos, priorizar el trabajo no presencial, atención al público preferentemente telemática y flexibilización horaria.
En la actualidad, trabajan de forma presencial en la AGE durante el estado de alarma el personal de los servicios esenciales, el resto lo hace a través de fórmulas de trabajo no presencial, que incluye teletrabajo, trabajo remoto, teléfono, etc.
Por otro lado, según este Departamento, la actividad en la Administración General del Estado ha continuado prácticamente a un ritmo normal, como demuestran las cifras de reuniones celebradas. Desde el 10 de marzo se han desarrollado un total de 63.207 reuniones, todas ellas de forma telemática. Asimismo, los cursos celebrados por medios electrónicos son más del doble que los aplazados: 3.107 cursos telemáticos realizados frente a 1.545 aplazados.
Por otro lado, un total de 782 empleados públicos están colaborando de forma voluntaria en áreas de carácter sanitario, sociosanitario y de protección de colectivos vulnerables.
El personal que presta esta colaboración, como consecuencia de la situación provocada por el Covid-19, sigue percibiendo sus retribuciones íntegras en el organismo de origen, sin ver modificada su situación administrativa o contrato de trabajo mientras dure la declaración del estado de alarma.
Los ministerios que superan los 100 voluntarios en estas labores sociales autorizadas son: Ciencia e Innovación, 166; Cultura y Deporte, 131; y Hacienda, 130.
