La Junta de Andalucía ha constituido una comisión técnica para diseñar el protocolo sanitario y logístico que se deberá seguir en la organización y el desarrollo de la Prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la Universidad (PEvAU) en la comunidad. Los exámenes se celebrarán en Andalucía del 7 al 9 de julio en convocatoria ordinaria y del 14 al 16 de septiembre en convocatoria extraordinaria y este lunes el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la creación de dicho grupo de trabajo, que deberá informarle periódicamente de las decisiones que lleve a cabo.
La crisis sanitaria provocada por el Covid-19 y el estado de alarma decretado a partir del 14 de marzo imposibilitaron continuar tanto en Andalucía como en el resto del país con la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles. Además, la evolución de la pandemia ha obligado a posponer a julio la celebración de los exámenes de acceso a la Universidad, que el pasado curso realizaron un total de 43.358 personas.
Por ello, en la actual situación sanitaria, la organización de la PEvAU de este año requiere del despliegue de un «excepcional» y un complejo dispositivo que garantice las condiciones de seguridad y protección tanto del alumnado como del profesorado y el personal de apoyo encargados de la logística de las pruebas, según ha informado la Junta en un comunicado.
La organización de las pruebas es competencia de la Comisión coordinadora interuniversitaria de Andalucía, órgano en el que están representadas tanto las universidades públicas de la comunidad como las consejerías de Educación y Deporte y de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.
En este curso la logística excepcional del evento requiere de la colaboración de otras consejerías, de ahí que en la comisión técnica recién creada estén representadas, además de Educación y Economía, la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, encargada de cualquier materia relacionada con protección civil y emergencias, y la Consejería de Salud y Familias, a la que le corresponde fijar las directrices y criterios de la política de salud y asistencia sanitaria.
Este grupo de trabajo, en coordinación con la Universidad de Huelva (UHU), que es la responsable de la organización de la prueba este año al presidir la Comisión coordinadora interuniversitaria de Andalucía, deberá adoptar, si fuera necesario, medidas y fijar los procedimientos a seguir en diversos aspectos. Entre ellos, destacan el suministro del material de protección para todos los agentes implicados, la adecuación de los espacios, el acceso y control a las sedes que alberguen la celebración de las pruebas o, incluso, las condiciones de seguridad que se deben aplicar a los propios exámenes.
En lo que respecta al equipamiento y las medidas sanitarias, se abordarán, si así se exigiera, criterios como la obligatoriedad de disponer de mascarillas, guantes y geles hidroalcohólicos en los distintos centros, la necesidad de controlar la temperatura de los estudiantes que se presenten a las pruebas o la situación de las personas consideradas personal de riesgo. También se darán directrices sobre la limpieza y desinfección de las aulas y demás espacios que vayan a ser usados.
En cuanto a la adecuación de los centros seleccionados para realizar los exámenes, se tendrán que evaluar las características físicas de los espacios para garantizar las distancias mínimas de seguridad entre los estudiantes en las aulas y en las zonas comunes. Para el control y acceso, este grupo de trabajo deberá establecer pautas, si fuera necesario, sobre la señalización de recorridos tanto de entrada a las sedes y aulas como de abandono de los edificios. En lo que respecta a los exámenes, se estudiará la necesidad de cuarentena de las pruebas y la adopción de medidas de seguridad sanitaria para las personas que se ocupen de su manejo, transporte y custodia.
