La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha designado al magistrado Vicente Magro ponente para que estudie si se debe admitir a trámite la querella que presentó el partido Laócratas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo y ministro de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, por incluir al líder de Podemos en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia.
Así lo expone una providencia con fecha del pasado 12 de marzo firmada por el presidente de la Sala, Manuel Marchena, y los magistrados Juan Ramón Berdugo y Vicente Magro, en la que explica que es a este último magistrado al que le corresponde por turno «conocer de la presente causa».
En este sentido, será Magro el ponente de la resolución que acuerde si Sánchez e Iglesias deben ser investigados por estos hechos, para lo que se designará un instructor de la causa, o por el contrario se debe archivar la querella. Antes de todo ello, la Sala, previsiblemente, dará traslado a la Fiscalía para que informe sobre si considera pertinente abrir causa o no contra ellos.
Por otro lado, los magistrados solicitan a los ‘laócratas’ que formalicen la presentación de la querella y que aporte el «poder especial» que establece el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para «interponer esta querella». Estos trámites que quedaban pendientes ya se han llevado a cabo y dado traslado al alto tribunal.
La querella fue presentada el pasado 3 de marzo contra el líder del Ejecutivo y el vicepresidente segundo del Gobierno por el presunto delito de prevaricación al entender que incluir a Iglesias en dicha comisión supone «un abuso de competencias patente y grosero.
«TORCIMIENTO DEL DERECHO DE MANERA CLARA Y A SABIENDAS»
El partido Laócratas -que se dio a conocer por presentar otras querellas en el Supremo y en los juzgados de instrucción madrileños para que se investigue el caso conocido como ‘Delcygate’- afirma en su escrito que la designación de Iglesias en la comisión es una «desviación y torcimiento del derecho de manera clara, evidente y a sabiendas».
Según apunta, la Ley 11/2002, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, en su artículo 6 detalla quiénes conforman esa comisión y el ministro de Asuntos Sociales no podría estar en ella.
Conforme a la mencionada norma, la Comisión debe ser presidida por el vicepresidente del Gobierno que designe el presidente –en este caso Carmen Calvo–, e integrada por los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior y Economía, así como por el secretario general de la Presidencia, el secretario de Estado de Seguridad y el secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia, que actuará como Secretario.
Por eso, y atendiendo al decreto aprobado en el Consejo de Ministros de 25 de febrero en el que se incluía a Iglesias, los ‘laócratas’ inciden en que el decreto anterior sobre esta misma materia y que fue derogado al aprobar el nuevo, cumplía escrupulosamente la Ley. El vigente «desprecia de una forma arbitraria, palmaria y torticera» la Ley para hacer cumplir «la voluntad caprichosa» de incluirle, asegura.
A juicio de los querellantes, defender que se puede incluir a más de un vicepresidente en dicha comisión amparándose en la Ley de 2002 «no se sostiene bajo ninguna interpretación jurídica» dado que el listado de integrantes es «taxativo y excluyente».
POSIBLE «RIESGO» PARA LA SEGURIDAD NACIONAL
Para Laócratas, la entrada de un miembro sin competencias en temas de Inteligencia «pone en grave riesgo la seguridad nacional», ya que los temas que se tratan en dicha Comisión Delegada «son de especialísima delicadeza y de alto secreto» y que atañe a la formación de una comunidad de Inteligencia, en unión con aliados y países de la OTAN».
Añade que el hecho de que Iglesias esté en dicha comisión abre la posibilidad de que la Inteligencia española deje de tener acceso «a aquellas informaciones que procedan de servicios extranjeros u organizaciones internacionales en los términos establecidos en los correspondientes acuerdos y convenios de intercambio de la información clasificada». Todo ello porque el vicepresidente segundo del Gobierno «tiene contrastados vínculos con países y gobiernos no incluidos en el Tratado de la OTAN», indica.
