Un juez de Nuevo México impone una multa récord de 567 millones a Meta por daños a menores

La sanción se suma a los 375 millones ya impuestos por un jurado en marzo, elevando la indemnización total a 942 millones. Meta anuncia que recurrirá la decisión.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Un juez de Nuevo México ha ordenado a Meta pagar 567 millones de dólares por daños a menores en Facebook e Instagram, que se suman a una sanción previa de 375 millones impuesta por un jurado en marzo.
  • ¿Quién está detrás? El juez Bryan Biedscheid, a instancias del Fiscal General del estado, Raúl Torrez, que había demandado a la compañía en 2023.
  • ¿Qué impacto tiene? La indemnización total asciende a 942 millones de dólares. Meta recurrirá la decisión. El fallo podría inspirar nuevas demandas de otros estados y también en la Unión Europea, donde la protección de menores en redes sociales es un tema prioritario para la Comisión.

Meta ha sufrido este jueves la mayor condena económica de su historia por daños a menores, con una multa de 567 millones de dólares dictada por un tribunal de Nuevo México.

El juez Bryan Biedscheid, del Tribunal de Nuevo México, comparó el efecto de las plataformas de Meta con la contaminación de una fábrica. “El tribunal considera las plataformas de Meta análogas a una fábrica, la publicidad y otros contenidos como lo que produce la fábrica, y el daño psicológico y la explotación sexual de niños como la contaminación que debe ser eliminada”, recoge el fallo.

Una condena récord que eleva la factura total a 942 millones

La orden judicial detalla que unos 420 millones de dólares se destinarán a servicios de tratamiento para niños y adolescentes afectados por problemas de salud mental vinculados a Facebook e Instagram. Los 147 millones restantes financiarán programas de prevención, detección precoz y campañas de concienciación pública durante los próximos cinco años.

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Esta sanción se añade a los 375 millones en multas civiles que un jurado de Nuevo México ya impuso en marzo pasado, tras hallar que Meta violó la ley estatal de protección al consumidor. El veredicto concluyó que la empresa había engañado a los usuarios sobre la seguridad de sus redes para menores y había contribuido a los daños a sabiendas. El montante total exigido a la compañía asciende ahora a 942 millones de dólares.

Meta apelará, pero el precedente ya se extiende a Europa

Meta anunció inmediatamente que recurrirá la decisión. “Trabajamos duro para mantener a la gente segura en nuestras plataformas y hemos sido transparentes sobre los desafíos de identificar y eliminar a los malos actores y el contenido dañino”, señaló un portavoz. La empresa se mostró confiada en su historial de protección a adolescentes y acusó a la fiscalía de desvirtuar los hechos.

El tribunal comparó a Meta con una fábrica que contamina: sus plataformas producen daño psicológico y explotación sexual de niños como polución que debe ser eliminada.

El caso de Nuevo México es uno de los frentes judiciales más relevantes para las grandes tecnológicas en Estados Unidos. La oleada de demandas —impulsadas por fiscales generales estatales, distritos escolares y familias— acusa a las redes sociales de agravar la crisis de salud mental juvenil. Aunque la sentencia emana de un tribunal estatal, su eco traspasa fronteras: en la Unión Europea, la Ley de Servicios Digitales (DSA) ya exige a las plataformas medidas más estrictas para proteger a los menores, y fallos como este refuerzan la presión regulatoria.

La lógica de Washington

La decisión de Nuevo México no surge del gobierno federal, pero encaja en una estrategia bipartidista que desde la era Obama ha utilizado las leyes de protección al consumidor de los estados para cercar a las grandes tecnológicas. Es la misma táctica que en los años noventa llevó a las tabacaleras a indemnizaciones millonarias. Aquí, la retórica judicial de comparar a Meta con una fábrica contaminante no es casual: busca equiparar los daños psicológicos con la polución ambiental y forzar cambios estructurales en el diseño de las plataformas.

Para España, el impacto financiero directo es nulo. Meta no afronta pagos al erario español ni a empresas ibéricas. Sin embargo, el fallo acelera la tendencia global hacia una mayor responsabilidad de las plataformas, lo que sí afecta a la hoja de ruta de la Agencia Española de Protección de Datos y a la aplicación de la DSA. Las multinacionales estadounidenses con fuerte presencia en nuestro país —Google, TikTok o la propia Meta— saben que cualquier precedente judicial en Estados Unidos puede convertirse en argumento para endurecer las exigencias en Bruselas y Madrid. La próxima ventana clave será la revisión de los códigos de conducta previstos en la DSA, prevista para finales de 2026.

Ficha del Caso

  • El caso: Demanda del estado de Nuevo México contra Meta por violar la ley de protección al consumidor al diseñar plataformas adictivas que dañan la salud mental de los menores. La indemnización total asciende a 942 millones de dólares.
  • Datos clave: 567 millones adicionales ordenados por el juez Biedscheid; 420 millones para tratamientos de salud mental infantil; 147 millones para prevención. Meta planea apelar.
  • Para España: Aunque no hay un impacto financiero directo, el fallo refuerza la tendencia global de exigir responsabilidades a las plataformas, lo que podría acelerar medidas similares en la UE y en España bajo la Ley de Servicios Digitales.