La Fiscalía General del Etado ha dictado este 7 de agosto un decreto para garantizar la protección de los menores extranjeros no acompañados que lleguen a España en situación de contingencia migratoria extraordinaria. La instrucción, firmada por la fiscal general Teresa Peramato, establece pautas de actuación para los fiscales delegados de menores y prevé la intervención del Ministerio Público si alguna comunidad autónoma se niega a acogerlos.
El documento surge en un contexto de presión migratoria sobre la Ciudad Autónoma de Ceuta, donde en las últimas semanas —según cifras recogidas por la propia Fiscalía— más de 70.000 personas han cruzado la frontera procedentes de Marruecos. Aunque el decreto no menciona expresamente este episodio, su articulado está diseñado para responder a situaciones de colapso en los sistemas autonómicos de protección de menores.
Un decreto para blindar la acogida de menores
La instrucción obliga a que, desde el momento en que la sección de menores de la fiscalía del lugar de destino tenga conocimiento de un traslado, se adopten las medidas necesarias para que la entidad pública autonómica competente garantice una acogida adecuada. El decreto recuerda que la vigilancia y control de este proceso corresponden al fiscal competente.
El Ministerio Público subraya que corresponde a las administraciones autonómicas asegurar la atención inmediata y, en su caso, la protección de estos menores, una actuación que estará bajo la supervisión directa del fiscal del territorio. La medida busca evitar dilaciones que puedan perjudicar el interés superior del menor.
El procedimiento ante el rechazo de una comunidad autónoma
El decreto detalla el procedimiento a seguir cuando la comunidad autónoma de destino rechace o muestre reticencias para asumir la recepción de los menores. En ese caso, el fiscal del territorio de origen deberá informar al fiscal del lugar de destino y remitirle la resolución de reubicación, junto con las alegaciones que haya presentado la administración autonómica contraria al traslado.
Una vez recibida esa información, el fiscal delegado de menores del territorio de destino, en el marco de diligencias preprocesales o del expediente gubernativo, requerirá con carácter urgente a la entidad pública de protección de menores para que designe el recurso más idóneo para los chicos. Además, el representante del Ministerio Público deberá comunicar la situación a la Sección de Menores encargada del control y supervisión de la protección de los menores migrantes, así como a la consejería u organismo competente de la comunidad autónoma de destino antes de que se produzca el traslado.
El fiscal delegado del territorio de origen también será informado para los efectos oportunos. Con este mecanismo, la Fiscalía General del Estado blinda la tutela judicial efectiva de los menores y establece un canal de comunicación que impida dilaciones injustificadas.
Diversas comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox han mostrado reticencias a acoger a los menores procedentes de Ceuta, lo que ha generado un debate político sobre la solidaridad interterritorial. La Fiscalía no alude a estos posicionamientos, sino que centra su actuación en la obligación legal de protección.
La instrucción recuerda que corresponde a las administraciones autonómicas asegurar la atención inmediata de estos menores, y que el fiscal velará por su cumplimiento sin excepciones.
El decreto insiste en que la protección de los menores es una competencia irrenunciable de las comunidades autónomas, y que cualquier demora o negativa activará de inmediato la supervisión del Ministerio Fiscal.
El Contexto Operativo
La crisis migratoria registrada en Ceuta ha puesto a prueba los recursos de acogida y los mecanismos de coordinación entre administraciones. La Guardia Civil y la Policía Nacional, encargadas de la vigilancia de la frontera sur y de la custodia de los centros de atención temporal, han reforzado sus dispositivos ante la llegada masiva de personas. Según los datos del Ministerio del Interior, en los últimos años la presión migratoria irregular en las costas españolas ha aumentado de forma sostenida, lo que ha obligado a incrementar los efectivos y los medios de las Fuerzas de Seguridad en la zona.
En lo que respecta a los menores no acompañados, las estadísticas oficiales del sistema de protección reflejan que las comunidades autónomas atendieron más de 12.000 casos en 2025, una cifra que evidencia la magnitud del desafío. El decreto de la Fiscalía viene a dotar de seguridad jurídica un proceso que, de otro modo, podría derivar en desprotección para los más vulnerables.
La intervención del Ministerio Público, con la posibilidad de recurrir a la vía judicial si persiste la negativa autonómica, refuerza el papel de las instituciones del Estado en la garantía de los derechos de los menores, al tiempo que alivia la carga operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que asumen la primera respuesta en frontera. Con este paso, la Fiscalía General del Estado marca un precedente en la coordinación interinstitucional necesaria para gestionar crisis migratorias sin que los derechos de los menores queden en entredicho.
