La consellera d’Educació, Carmen Ortí, admite en las Corts que los resultados valencianos en PISA son «muy malos y sin paliativos».
Su comparecencia, a petición propia, ante la comisión de Educación del parlamento valenciano —las Corts Valencianes, la cámara unicameral de 99 escaños— sirvió para hacer balance del arranque del curso y de las primeras medidas pactadas con parte de los sindicatos. El balance acabó convertido en un pulso sobre quién responde por la escuela pública valenciana.
El suspenso que la consellera admite y la culpa que traslada a Madrid
Ortí no esquivó el dato incómodo. Los resultados del informe PISA —el estudio trienal de la OCDE que mide competencia lectora, matemática y científica— sitúan al alumnado valenciano en las últimas posiciones del ranking autonómico. El suspenso es real. Y a renglón seguido, la consellera colocó la responsabilidad fuera de su departamento: señaló a la aplicación que el gobierno del Botànic hizo de la LOMLOE, la ley educativa estatal aprobada en 2020 por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Frente a ese reconocimiento, defendió lo que ya está en marcha: la subida de 75 euros al mes en la nómina de septiembre del profesorado, fruto del acuerdo con ANPE y CSIF. El sindicato mayoritario de la enseñanza pública valenciana, STEPV, no lo firmó. La foto sindical es la de un acuerdo a dos velocidades: unos lo defienden como primera piedra y otros lo leen como respuesta tardía a la vaga docente.
El pacto que ofrece Ortí y el precio que pone la oposición
Ortí tendió la mano a los grupos parlamentarios para un acuerdo educativo que trascienda esta legislatura y que permita «pactar pel bé de l’alumnat», pactar por el bien del alumnado. Su frase de cierre sonó a advertencia con destino doble: «La escuela valenciana no necesita más titulares, necesita estabilidad». Es una oferta que llega con las heridas de la vaga docente todavía abiertas.
Un pacto educativo que dure más que una legislatura exige algo que ninguna ley puede imponer: que Gobierno y oposición firmen lo mismo.
La oposición respondió justo lo contrario de lo que pedía la consellera. Los grupos de PSPV y Compromís, la oposición en las Corts, reclamaron su dimisión por, a su juicio, degradar la escuela pública. Y el foco se desplazó al otro frente abierto de la comparecencia: las acusaciones de haber desplegado una suerte de policía ideológica para supervisar la «neutralidad» en determinados contenidos.
Ortí negó ese relato con tres afirmaciones: la libertad de cátedra está garantizada, la inspección educativa es «neutral» y lo seguirá siendo, y «no se perseguirá a nadie». Las modificaciones de la inspección llegaron por la vía de la ley de acompañamiento de los presupuestos y, según la consellera, no aportan nada distinto del deber de neutralidad que ya fija el estatuto del empleado público.
El Escenario Valenciano
El Consell de Pérez Llorca, el ejecutivo de coalición de PP y Vox que gobierna la Generalitat desde diciembre de 2025, ha convertido la educación en uno de sus frentes de mayor desgaste. La supervisión de la «neutralidad» en las aulas es una de las banderas que Vox ha colocado en los pactos autonómicos con el PP, y en Valencia esa bandera tiene coste: sindicatos, asociaciones docentes, y oposición la leen como una forma de vigilancia ideológica.
El president Juanfran Pérez Llorca sostiene el marco del acuerdo; PSPV y Compromís buscan convertir cada comparecencia educativa en desgaste acumulativo. La firma sindical a dos velocidades sigue marcando el calendario del curso. El curso acaba de empezar.
Hay además un marco que trasciende Valencia. El choque por la LOMLOE es el mismo que se repite cada curso entre el Ministerio de Educación del Gobierno de Sánchez y los ejecutivos autonómicos del PP, y el mismo que bloquea un pacto educativo estatal que se intenta sin éxito desde hace más de una década. Cada autonomía mide y comparece por su cuenta; el reproche, en cambio, es idéntico en todas.
La próxima entrega de PISA, correspondiente a 2025, se conocerá previsiblemente a finales de este año y será el primer examen externo con el nuevo Consell ya asentado. Con los presupuestos de 2027 en tramitación este otoño —la ley de acompañamiento es la que tocó la inspección—, la consellera tiene una ventana para convertir su oferta en algo verificable. Si no la aprovecha, el próximo balance dirá lo mismo con otras palabras.
Ficha del Caso
- El caso: La consellera d’Educació, Carmen Ortí, comparece en la comisión de Educación de las Corts, admite el mal resultado valenciano en PISA y ofrece a la oposición un pacto educativo de largo recorrido.
- Datos importantes: Subida de 75 euros al mes en la nómina de septiembre, pactada con ANPE y CSIF pero no con STEPV; resultados de PISA en la parte baja del ranking autonómico; cambios en la inspección educativa introducidos vía ley de acompañamiento de los presupuestos.
- Resumen: La consellera traslada la responsabilidad a la LOMLOE y al Gobierno central, la oposición pide su dimisión y la oferta de pacto educativo queda pendiente de respuesta en las Corts.
