Las formaciones independentistas y nacionalistas del Congreso, junto con Más País, han vuelto a registrar este miércoles en el Congreso una petición para que se abra una comisión de investigación sobre las supuestas comisiones de Arabia Saudí por la adjudicación del AVE de La Meca que fueron a parar a cuentas atribuidas al Rey Juan Carlos I, una solicitud que hasta ahora la Mesa de la Cámara rechaza admitir a trámite. Eso sí, su propuesta no se limita al Rey emérito, sino a toda la Familia Real.
«La comisión tendrá por objeto investigar presuntas irregularidades cometidas por miembros de la Familia Real, así como de sus cómplices, y sus posibles influencias en la política diplomática y comercial del Estado español con Arabia Saudí», figura en el escrito.
Tras conocerse este lunes la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de asumir la investigación de este caso, al entender que el Rey emérito perdió la inviolabilidad tras su abdicación, estas formaciones parlamentarias iniciaron conversaciones para volver a presentar en el Congreso esta solicitud.
De nuevo la iniciativa lleva la firma de Esquerra Republicana (ERC), el PNV, EH Bildu, Junts, la CUP, el BNG, Compromís y Más País. En el texto se actualizan las solicitudes anteriores recogiendo la decisión de la Fiscalía y las múltiples declaraciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein acerca de «presiones e incluso amenazas graves por parte de los servicios secretos del Estado y la Casa Real, supuestamente para confiscar documentación comprometedora para el Rey emérito.
FELIPE VI, AL TANTO DEL ACOSO A CORINNA
También destacan que, según las mismas fuentes periodísticas, la misma Corinna zu Sayn-Wittgenstein apunta al actual monarca como conocedor de la campaña de acoso, difamación y persecución contra su persona y su familia
Como en su anterior petición, los firmantes hacen también referencia a las últimas decisiones de Felipe VI: «Los escándalos encadenados que sean ido revelando en la prensa han tenido su culmen la semana en la que el Gobierno se ha visto forzado a decretar el estado de alarma para mitigar la crisis del Covid-19, pues el domingo, 15 de marzo el actual jefe del Estado comunicó la renuncia a la supuesta herencia de su padre proveniente de cualquier fondo irregular», reza la iniciativa.
A igual que en marzo, la apertura de la comisión de investigación en el Congreso se justifica en la necesidad de «depurar las responsabilidades políticas que se puedan derivar, así como para asumir las medidas que se consideren oportunas para fiscalizar la actuación de la Familia Real y personas vinculadas, y evitar que se puedan cometer actuaciones ilegales y/o ilícitas aprovechando la situación privilegiada que ocupan».
EN MARZO, EL ÚLTIMO VETO
Hasta ahora, el órgano de gobierno que preside Meritxell Batet, con los votos del PSOE, el PP y Vox, ha vetado todas las tentativas anteriores, siguiendo el criterio de los servicios jurídicos de la Cámara sobre la inviolabilidad de la Corona que se establece en la Constitución. Unidas Podemos, por su parte, vota a favor de tramitar la petición.
«No procede su admisión a trámite teniendo en cuenta la posición institucional de la Jefatura del Estado en el marco constitucional y, especialmente, lo dispuesto en los artículos 56.3 y 65 de la Constitución, así como la interpretación que a este respecto se ha hecho por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y los precedentes existentes en la Cámara», subrayaron los letrados de la Cámara la última vez que se trató este asunto en la Mesa, el pasado mes de marzo.
Unidas Podemos también tiene anunciada su propia solicitud de comisión de investigación sobre las actividades de Juan Carlos I, aunque conforme al reglamento del Congreso necesitará sumar la firma de otro grupo parlamentario para poder registrarla.
