Iustitia Europa, formación política que concurre a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre por la circunscripción de Madrid como candidatura número 8, ha solicitado a la Junta Electoral Central que mantenga suspendida la utilización de MiDNI como medio de identificación de los electores mientras no exista un protocolo completo y uniforme que regule las incidencias técnicas que puedan producirse durante la jornada electoral.
La formación recuerda que fue Iustitia quien ya llevó esta cuestión ante la Junta Electoral Central dentro del expediente 209/365, solicitando información y criterios sobre MiDNI, MiDGT y los nuevos sistemas de identificación digital con incidencia electoral. A raíz de aquella iniciativa, la JEC solicitó informes a distintos organismos y trasladó posteriormente a la formación la respuesta de la Dirección General de Política Interior y de la Policía. La propia Junta Electoral Central había suspendido en marzo la utilización de MiDNI y MiDGT hasta que la verificación de identidad ofreciera garantías suficientes.
Ahora, el Manual de las Mesas para el 29N incorpora MiDNI como medio válido de identificación y establece que cada Mesa dispondrá de un dispositivo para leer el código QR generado por la aplicación. Además, una Orden publicada el 29 de octubre encomienda a Correos la entrega y recogida de esos dispositivos en las Mesas electorales.
Para Iustitia Europa, el problema aparece en las incidencias. El sistema depende del teléfono del elector, la aplicación, la conexión de datos, los servidores de Policía Nacional, la generación y vigencia del QR, el terminal de la Mesa, su batería, cámara y navegador y el funcionamiento del verificador oficial. Tampoco concreta quién asume la asistencia técnica, qué equipos de sustitución existirán, cuánto puede tardar su reposición o qué debe hacer una Mesa cuando un ciudadano comparece únicamente con MiDNI y resulta imposible verificarlo.
Luis María Pardo, presidente de Iustita y cabeza de lista por Madrid, afirma: «Estamos hablando de la identificación de millones de ciudadanos para votar, no de probar una aplicación. Será la primera vez que este sistema se utilice de esta forma en unas elecciones generales y no podemos dejar miles de Mesas al albur de la improvisación. ¿Qué hace un presidente de Mesa si el lector se queda sin batería? ¿Qué ocurre si no hay conexión? ¿Y si cae el verificador de Policía? ¿Cuánto espera el elector? ¿Quién decide? Todo eso tiene que estar resuelto antes, no el mismo día de las elecciones».
El Manual establece cómo debe funcionar el sistema cuando todo funciona correctamente, pero no desarrolla un protocolo específico que resuelva toda la casuística derivada de una avería, pérdida de conexión, caída del verificador, fallo del terminal, imposibilidad de lectura del QR o indisponibilidad temporal de los servicios necesarios para identificar al elector.
Pardo añade: «Iustitia Europa ya pidió a la Junta Electoral Central que investigara y aclarara el funcionamiento de estos nuevos sistemas de identificación. Ahora conocemos más datos y también más interrogantes. La propia Junta suspendió MiDNI por razones de seguridad. Si todavía quedan por resolver cuestiones esenciales sobre su funcionamiento real durante una jornada electoral, lo prudente es mantener esa suspensión el 29N».
La formación advierte de que una incidencia tecnológica puede reproducirse simultáneamente en numerosas mesas, provocando colas, reclamaciones y respuestas diferentes ante electores que se encuentren en idéntica situación. «En unas elecciones generales las reglas tienen que estar escritas antes de abrir los colegios. No podemos descubrir el protocolo cuando el sistema falle. Hasta que todas las contingencias estén previstas y exista una respuesta uniforme para todas las Mesas, MiDNI no debe utilizarse para identificar a los votantes», concluye Pardo.
