El PP se persona en la causa del accidente de Urda y pone el foco en la seguridad del AVE gallego.
El PP entra en la causa y señala al Ministerio de Transportes
Alma Ezcurra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, fue la encargada de anunciar la personación en un vídeo remitido por la formación, sin comparecencia y sin preguntas. La dirigente sostuvo que el partido quiere «que se investigue hasta el final, que se conozca toda la verdad y que nadie eluda las responsabilidades que le correspondan».
Ezcurra no habló de un fallo puntual. Afirmó que lo ocurrido en Urda, en la provincia de Toledo, «no puede explicarse simplemente como un accidente» y situó el origen en «años de mala gestión, de advertencias desoídas, de decisiones equivocadas», en palabras de la propia dirigente, que reclamó al Ejecutivo y al Ministerio de Transportes explicaciones sobre decisiones concretas.
La personación del PP no fue la única. Santiago Abascal anunció ese mismo domingo que Vox también se personará como acusación popular. Dos partidos en la misma causa y dos formas distintas de ocupar el espacio: el PP apela al rigor institucional y Vox al desgaste directo. Por el momento no consta reacción pública del Ministerio de Transportes a ninguno de los dos anuncios.
La comparecencia coincidió con el Día de Todos los Santos. Ezcurra recordó a las más de cien víctimas mortales de Adamuz y Urda y tuvo un recuerdo especial para Fátima Báñez, compañera del PP fallecida en una de las tragedias, a la que definió como «una servidora pública eficaz».
Cuando un partido se persona en una causa, el proceso deja de ser solo judicial y se convierte en el escenario donde se dirimen las responsabilidades políticas.
En su intervención, la dirigente ‘popular’ criticó que, mientras las familias buscaban a sus seres queridos, se difundieran conversaciones de trabajadores e incluso las últimas palabras de un maquinista fallecido cuando intentaba frenar el tren. «Antes de buscar culpables entre los trabajadores, van a tener que explicar qué falló», dijo. Y añadió una idea que resume su tesis: los sistemas de seguridad están para evitar que un error humano acabe en tragedia.
Dio la razón a Pedro Sánchez al admitir que dos siniestros así son inasumibles, y a renglón seguido preguntó por qué nadie ha asumido una sola responsabilidad. También acusó al Ejecutivo de encargar encuestas, para medir el impacto electoral de la tragedia y cuestionó los cambios de criterio del Ministerio de Transportes sobre la velocidad de la línea Madrid-Barcelona. Cerró pidiendo un Gobierno en el que «manden los expertos, no colegas de partido».
El LZB del corredor gallego, en el centro del debate
El sistema que vigila la velocidad en la alta velocidad española se llama Linienzugbeeinflussung y se conoce por sus siglas, LZB. Es un sistema alemán de protección continua: supervisa la marcha del tren y actúa sobre el freno si el maquinista excede el límite. El corredor de alta velocidad que une Madrid con Galicia funciona con ese mismo sistema.
Ahí está la conexión gallega del caso. El AVE a Galicia, en servicio desde diciembre de 2021 y con tiempos de viaje en torno a las dos horas y cuarto hasta Ourense, es una de las infraestructuras más vigiladas del país. La competencia sobre la vía es estatal: Adif, Renfe y el Ministerio de Transportes responden del trazado y del mantenimiento, mientras la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico con sede en Santiago de Compostela) no tiene competencias directas sobre la explotación del corredor.
El Laboratorio Gallego
En Galicia, el tren nunca fue un asunto menor. Durante dos décadas, PPdeG (el Partido Popular de Galicia, gobernante con mayorías absolutas desde 2009) y BNG (el Bloque Nacionalista Galego, primera fuerza de la oposición) coincidieron, junto al PSdeG, en una reclamación poco habitual en la política española: la llegada del AVE y el cumplimiento de los plazos prometidos desde Madrid. Con el corredor ya en servicio, la pregunta ha cambiado de sitio. Ya no es cuándo llega, sino con qué garantías circula.
La política gallega entra aquí con una ventaja para el PP y un riesgo para todos. La infraestructura es estatal, de modo que el partido que gobierna la Xunta puede exigir responsabilidades en Madrid sin cargar con la gestión del trazado. El PSdeG, tercera fuerza en el Parlamento de Galicia (la cámara legislativa unicameral gallega, con 75 diputados), queda en una posición incómoda: sostiene al Gobierno central y comparte la exigencia de rigor técnico. Es el tipo de pinza que en Galicia se resuelve con gestos y en Madrid con titulares.
El eje argumental de Ezcurra —gestión frente a espectáculo, expertos frente a colegas de partido— es el mismo que Alberto Núñez Feijóo ha desplegado desde que preside el PP nacional, y que durante trece años fue su discurso al frente de la Xunta. Ahí está la lectura nacional: la causa de Urda se convierte en escaparate del relato que el PP quiere llevar a las próximas generales. La personación, eso sí, deberá ser admitida por el órgano instructor y el resultado del proceso no está escrito. Si la investigación no acompaña la tesis política, el gesto se volatiliza. Si la acompaña, el PP tendrá un argumento con expediente judicial detrás.
Los próximos pasos marcan el calendario. La admisión de la personación, las declaraciones de responsables de Adif y Renfe y las comparecencias en la comisión de Transportes del Congreso fijarán el ritmo durante los próximos meses. En Galicia queda la pregunta de siempre: si el debate sobre la seguridad del corredor se queda en Madrid o si alguien lo traslada al hemiciclo de Santiago.
Ficha del Caso
- El caso: El PP anuncia su personación en la causa judicial del accidente ferroviario de Urda y exige al Ministerio de Transportes que depure responsabilidades por lo ocurrido.
- Datos importantes: Más de cien víctimas mortales entre Adamuz y Urda, según Ezcurra. El corredor Madrid-Galicia opera con el mismo sistema de protección LZB. El AVE gallego entró en servicio en diciembre de 2021 y la competencia sobre la vía es estatal. Vox también se persona como acusación popular.
- Resumen: La causa judicial se convierte en escenario de confrontación política entre PP y Gobierno, con Galicia como telón de fondo: el mismo sistema de seguridad que protege el corredor gallego está en el centro del debate nacional sobre el rigor de las infraestructuras.
