Dos de los cuatro jóvenes detenidos por el caso Blocus València duermen ya en la prisión de Picassent.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Cuatro jóvenes han sido arrestados en la provincia de Valencia por su presunta pertenencia a Blocus; los dos adultos están en prisión provisional en Picassent desde el 31 de octubre.
- ¿Quién está detrás? El Consell de Pérez Llorca, el juzgado de instrucción y la Fiscalía de Menores: tres instituciones que miran el caso desde prismas distintos.
- ¿Qué impacto tiene? Los adultos se enfrentan a penas de cuatro a ocho años por organización criminal y los padres de los menores podrían responder con su patrimonio.
Cuatro detenidos, dos en Picassent y una acusación que lo cambia todo
La investigación sigue abierta y no tiene fecha de cierre. Cuatro jóvenes —dos adultos y dos menores— fueron arrestados en la provincia de Valencia por su presunta vinculación con el movimiento Blocus. Los dos mayores de edad pasaron a disposición judicial el sábado 31 de octubre y el juez decretó para ellos prisión provisional en Picassent, el centro penitenciario de referencia de la provincia. Allí siguen. Los otros dos son menores y su futuro se decide en otro tribunal.
La situación de los dos menores no admite atajos. Uno permanece ingresado en un centro de internamiento; el otro, de 16 años, fue arrestado ese mismo sábado en los alrededores de la plaza de toros de Valencia y quedó en libertad. La Fiscalía de Menores instruye su expediente por una vía separada, con medidas que, en caso de condena, serían siempre inferiores a las previstas para los adultos.
El grueso del caso pende de una calificación: organización criminal. Es el delito que sostiene la imputación de los dos adultos y el que explica la contundencia de la respuesta judicial. «La organización criminal está muy penada, con penas que pueden ir de los cuatro a los ocho años de prisión», explica José Domingo, director del despacho Domingo Monforte, en declaraciones a À Punt. Ocho años es el techo. El suelo, cuatro.
Hay una segunda capa, menos visible y más delicada. La causa investiga también la presunta inducción a terceras personas para que cometiesen desórdenes públicos y robos, aunque los detenidos no hayan participado materialmente en esos hechos. «La conspiración. No hace falta que se cometan los delitos, el derecho penal se anticipa y castiga», añade el penalista. Un robo llevaría de uno a tres años; la conspiración se quedaría en uno.
El derecho penal no espera a que el cristal se rompa: castiga también a quien empuja a otros a romperlo.
De la prisión a la factura: quién paga los cristales rotos
Ahí aparece el dinero. Si se reclaman indemnizaciones por los daños —cristales, mobiliario urbano, lo sustraído—, la responsabilidad civil recae sobre quien responde legalmente por el autor. «La responsabilidad civil está clara por el daño, es de los padres. Pertenece al valor del cristal y a lo que se han llevado», señala Domingo. Para las familias de los dos menores, la causa penal puede acabar costando dinero real.
No es una hipótesis remota. La investigación incluye expresamente la incitación a cometer actos vandálicos como parte del objeto del procedimiento, y cada acto tiene un precio que alguien acaba asumiendo. Los abogados de los investigados preparan ya sus escritos contra el ingreso en prisión de los dos adultos, mientras la instrucción acumula diligencias.
El Escenario Valenciano
No consta un pronunciamiento público del Consell de Pérez Llorca ni de los grupos de las Corts Valencianes sobre esta causa, y ese silencio también informa. La operación obliga a la política valenciana a elegir marco: la protesta ciudadana que desbordó instituciones tras la DANA o la respuesta penal contra quienes la organizaron. El PP y Vox sostienen el orden público como prioridad; PSPV y Compromís han hecho del derecho a la protesta una bandera desde las inundaciones. Y en ese fondo está el expresident Carlos Mazón, diputado en las Corts, inmerso en el proceso judicial por su gestión de la emergencia.
La dimensión nacional pesa más que la provincial. La investigación contabiliza alrededor de trece detenidos en distintas ciudades españolas, y el propio penalista apunta que el caso podría acabar en la Audiencia Nacional si las diligencias confirman ese alcance territorial: «Posibilitaría una coordinación más eficiente». En Madrid, el Gobierno de Pedro Sánchez observa el asunto desde la doble lógica de la seguridad y del derecho a manifestarse, mientras el debate jurídico se mueve entre la vía penal y la sanción administrativa de la Ley de Seguridad Ciudadana, la norma que desde 2015 convive con el Código Penal en la gestión del espacio público.
Los siguientes pasos tienen calendario judicial, no político. La instrucción debe cerrar la identificación de los implicados, revisar las medidas de los menores y decidir si eleva el caso. Mientras, el segundo aniversario de la DANA de octubre de 2024, que se cumplió el pasado 29 de octubre, vuelve a poner en primer plano la pregunta de fondo: cuánto de aquella protesta fue desorden y cuánto fue demanda ciudadana sin canal institucional.
Ficha del Caso
- El caso: Cuatro jóvenes, dos de ellos menores, están investigados por su presunta pertenencia al movimiento Blocus. Los dos adultos cumplen prisión provisional en Picassent desde el 31 de octubre.
- Datos importantes: penas de cuatro a ocho años por organización criminal, de uno a tres por robo y alrededor de un año por conspiración; cerca de trece detenidos en España; responsabilidad civil que puede recaer en los padres de los menores.
- Resumen: la causa puede quedarse en un juzgado de Valencia o escalar a la Audiencia Nacional según el alcance territorial que confirme la investigación.
