EN 30 SEGUNDOS
- ¿A quién afecta? A los vecinos de Boadilla del Monte y, sobre todo, a quienes viven, compran o tienen negocio en el entorno de la Avenida Siglo XXI con vuelta a Infante Don Luis, una de las zonas comerciales con más tránsito del municipio.
- ¿Cuándo ocurre? La moción se presenta en el Pleno ordinario de noviembre de 2026, aún sin fecha cerrada. Si sale adelante, la EMSV firmará la aceptación y los inmuebles estarán operativos en 2027.
- ¿Qué cambia? El Ayuntamiento pagará 600.000 euros a CaixaBank para levantar la hipoteca registral y dejará de asumir más de 165.000 euros anuales por mantener cerrados unos locales que llevan quince años sin uso.
Los locales y el aparcamiento de la Avenida Siglo XXI de Boadilla del Monte vuelven a la agenda política quince años después. El Grupo Municipal Popular llevará al Pleno de noviembre una moción para respaldar el acuerdo con CaixaBank que levanta la hipoteca sobre unos inmuebles municipales bloqueados en el Registro desde hace más de una década.
Quince años cerrados y una hipoteca que lo bloqueaba todo
Los inmuebles se levantaron sobre suelo público mediante un derecho de superficie que acabó bajo el control de Artas Consultoría, una sociedad directamente vinculada a la trama Gürtel. La Audiencia Nacional anuló aquella concesión en 2022 y la resolución es firme desde 2024, con el Ayuntamiento y la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) reconocidos como víctimas judiciales.
El fallo, sin embargo, no desatascó nada. Las fincas siguen bloqueadas en el Registro de la Propiedad por una hipoteca contraída con CaixaBank que impide inscribir, vender o alquilar. Quince años dan para mucho.
La entidad financiera ha propuesto extinguir esa carga y cerrar los litigios pendientes a cambio de 600.000 euros, una cifra que queda por debajo del 15% de los 4,1 millones reclamados en origen. La asesoría jurídica y la Intervención municipal han dado el visto bueno, y la EMSV se reserva las acciones legales contra la mercantil deudora.
Para el regidor, Javier Úbeda, Boadilla fue perjudicada por la trama y el acuerdo cierra una etapa histórica que necesita el respaldo de toda la Corporación. En la práctica, la moción pide al Pleno que avale lo que ya han validado los técnicos.
Quince años de bloqueo se resuelven ahora con una firma, 600.000 euros y una pregunta que nadie ha contestado: quién gestiona lo que vuelve.
Lo que cuesta cada año mantener las persianas bajadas
Cerrar cuesta. La EMSV desembolsa más de 165.000 euros anuales en gastos corrientes, tributos, suministros, y pólizas de seguro de unas instalaciones que no producen un euro. A eso se suman más de 500.000 euros en impuestos atrasados que el anterior concesionario dejó sin pagar y el lucro cesante de tres lustros sin rentas.
El equipo de gobierno sostiene que reactivar los locales generará ingresos públicos para programas esenciales y cita como destino las nuevas promociones de vivienda pública municipal. Es la parte del relato que más mira el vecino: qué se hace con lo que se recaude.
Si la moción prospera, el Consejo de Administración de la EMSV formalizará la aceptación del pacto y los locales y el aparcamiento estarán plenamente operativos en 2027. Después, el Ayuntamiento elegirá la vía de gestión que considere más ventajosa: alquiler o enajenación directa.
Un acuerdo barato que no cierra del todo la herida
El pacto tiene su lógica. Pasar de una reclamación de 4,1 millones a un pago de 600.000 es una salida razonable para un Ayuntamiento que llevaba años rascando el bolsillo por un inmueble que no podía usar. Y deja claro quién es la parte perjudicada.
Pero conviene no confundir desbloqueo con reparación. Los 600.000 euros levantan la hipoteca y permiten inscribir; no devuelven las rentas perdidas ni cobran los impuestos atrasados. Esas dos facturas siguen abiertas y dependen de la vía judicial que la EMSV mantiene contra la mercantil deudora. Tampoco hay calendario de obra ni modelo de explotación sobre la mesa: el Pleno vota el acuerdo, no el uso.
El precedente madrileño ayuda a leer lo que viene. La trama Gürtel operó en varios municipios de la región —Boadilla, Pozuelo, Majadahonda, Arganda— mediante convenios urbanísticos, y las secuelas registrales han seguido aflorando años después de las sentencias. Cada consistorio ha negociado su propia salida con entidades que heredaron cargas de sociedades después condenadas.
La diferencia aquí es el precio y el plazo. Boadilla compra su desbloqueo por 600.000 euros, pero los vecinos de la Avenida Siglo XXI no verán las persianas levantadas antes de 2027. Tres años después de que la resolución fuera firme. Y con una incógnita encima de la mesa: si el Consistorio opta por enajenar, ese suelo público dejará de serlo para siempre.
El próximo hito es el Pleno ordinario de noviembre, cuya fecha concreta no ha fijado aún el Ayuntamiento. Ahí se verá si la Corporación respalda el acuerdo con todos los grupos o solo con el del equipo de gobierno. Dejémoslo en un ‘ya veremos’. La convocatoria y el orden del día se publicarán en la web del Ayuntamiento de Boadilla.
