La juez de Badajoz frena la investigación interna de la Guardia Civil sobre la UCO por injerencia en el caso Hermanísimo.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? La titular del Juzgado de Instrucción de Badajoz, Beatriz Biedma, ha bloqueado la investigación interna abierta por la Dirección General de la Guardia Civil contra agentes de la UCO por la presunta filtración de un documento del caso Hermanísimo.
- ¿Dónde y cuándo? Entre Badajoz y Madrid; el relato de la unidad se remitió la semana pasada al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
- ¿Qué resultado? Citaciones anuladas, una sola comparecencia —la del jefe de la UCO— y orden expresa de que no se informara de nada relativo a la investigación reservada.
La orden de la juez: «que no se manifestase nada»
La magistrada del Juzgado de Instrucción de Beatriz Biedma trasladó a los agentes de la UCO (Unidad Central Operativa, la unidad de élite de la Guardia Civil especializada en criminalidad compleja y económica) una instrucción sin matices: no debían declarar «nada» sobre la investigación interna abierta por la cúpula del cuerpo. Consideraba que el procedimiento constituía «una injerencia» en su tarea como instructora.
La consecuencia fue inmediata. La citación que había convocado en el Edificio del Tercio, sede de la Dirección General en Madrid, a los responsables de emitir el documento, a quienes lo supervisaron y a quien lo entregó a la juez quedó anulada. Solo una persona compareció: el máximo responsable de la unidad. El resto de los convocados, que iban a ser interrogados con abogado y apercibidos de su derecho a no declarar, quedaron fuera del procedimiento interno.
La juez añadió un argumento de fondo: decidir si una persona o un elemento es o no ajeno a una investigación «constituye un acto jurisdiccional» que le corresponde «en exclusiva» a ella. Ni la Dirección General ni un instructor interno pueden fijar los límites de lo que instruye un juzgado. La UCO trasladó las indicaciones a su cadena de mando y, «a pesar de ello», la investigación interna siguió abierta.
El origen: una guía de correos y dos informaciones reservadas
El relato consta en el escrito remitido por la UCO al titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que investiga el caso Cloacas. El magistrado había reclamado datos concretos sobre dos informaciones reservadas abiertas por la unidad después de que el director adjunto operativo (DAO) del cuerpo declarara como imputado ante la Audiencia Nacional.
La unidad sostiene que el archivo era previsible desde el primer día: la guía la generó un sistema informático y su difusión fue orden de la juez.
La primera de ellas, la IR 1/2024, nace del análisis de los correos de David Sánchez en la Diputación de Badajoz. La unidad localizó mensajes cruzados con Begoña Gómez, los consideró no relevantes y así se lo comunicó a la juez, que respondió que sería ella quien determinara qué era relevante. La UCO elaboró entonces una guía con ejemplos para manejar el volumen del material; se notificó a las partes por decisión judicial y acabó publicada en prensa.
Ese es el nudo del conflicto. El escrito subraya que la guía la generó una herramineta informática y que su difusión a las partes fue orden de la magistrada, extremos que ya estaban «perfectamente explicados hasta el detalle» en la nota de despacho de 29 de noviembre de 2024, antes de que se incoara la investigación reservada. El informe vincula la tensión con una reunión de julio de 2024, cuando la dirección del cuerpo calificó de «malintencionada y prospectiva» la petición de los correos y ordenó que la diligencia concluyera «que no había nada».
Días después, según el mismo relato, el DAO trasladó a la unidad que «nos usan» como ariete contra el Gobierno, sin precisar a quién se refería, y advirtió de que el ámbito judicial es el que menos controla el Ejecutivo: percibía esa falta de control, «al menos en parte», como una deslealtad. El encuentro terminó con una orden: ponerse «de perfil» en la investigación al hermano del presidente. El teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (Diecan), asumió entonces «directamente» el caso para proteger a los suyos.
El Contexto Institucional
El episodio describe una fricción competencial, no una sospecha sobre el trabajo de los investigadores. Y ahí está el dato relevante: de las varias comparecencias previstas en la investigación interna, solo una se celebró; de las dos informaciones reservadas remitidas al juez Pedraz, una quedó archivada y la otra permanece bajo análisis. La cadena de mando anuló las citaciones después de que la juez fijara por escrito sus competencias, lo que confirma que el sistema de control funciona cuando se activa el cauce previsto.
La UCO, unidad de referencia de la Guardia Civil en criminalidad económica, es el equipo que ha puesto sobre la mesa de los jueces piezas clave de causas de corrupción de gran complejidad. Aquí no se cuestiona su labor: se dirime quién decide el perímetro de una instrucción. La respuesta judicial es nítida —la juez— y la propia unidad activó el mecanismo correcto al informar a la autoridad judicial de la que depende como policía judicial en cuanto tuvo conocimiento de la investigación reservada.
La causa sigue abierta en la Audiencia Nacional. Pedraz ha reclamado nuevos datos y el caso Cloacas avanza sobre la actuación de la cúpula del Instituto Armado, mientras la investigación reservada 1/2024 ya está cerrada. No existe aún resolución judicial sobre el fondo del asunto, y cualquier conclusión sobre responsabilidades individuales deberá esperar a lo que dicten los tribunales.
