EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Comisión Europea ha respaldado que sea el Sejm, la cámara baja polaca, quien nombre a los nuevos jueces del Tribunal Constitucional, lo que alinea a Bruselas con el primer ministro Donald Tusk frente al presidente Karol Nawrocki.
- ¿Quién está detrás? El comisario de Democracia, Justicia y Estado de Derecho, Michael McGrath, apoyado en el criterio de la Comisión de Venecia. Al frente del Tribunal está la jueza Anna Korwin-Piotrowska, que suspendió a la cúpula del órgano el viernes 30 de octubre.
- ¿Qué impacto tiene? La asamblea de jueces convocada para el martes 3 de noviembre decidirá quién controla el órgano. Bruselas evita pronunciarse sobre la suspensión y deja abierto un nuevo choque sobre la primacía del Derecho de la UE.
La crisis judicial en Polonia ha dejado de ser un pulso interno: Bruselas ha elegido bando. El comisario de Democracia, Justicia y Estado de Derecho, Michael McGrath, ha avalado que sea el Sejm —la cámara baja polaca— quien designe a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional polaco, lo que sitúa a la Comisión Europea junto a Donald Tusk y frente al presidente Karol Nawrocki.
El conflicto no nace ahora. Entre 2015 y 2023, el gobierno nacionalista de Ley y Justicia (PiS) aprobó una batería de reformas que subordinaron la carrera judicial al poder político y que le costaron a Varsovia varias condenas en el Tribunal de Justicia de la UE. Nawrocki, elegido jefe del Estado en 2025 con el respaldo de ese mismo partido, se ha negado a tomar juramento a parte de los jueces designados por la mayoría parlamentaria actual. La cúpula del Tribunal, heredada del PiS, les impide despachar desde hace meses. Dos legitimidades enfrentadas, un mismo edificio.
La Comisión ha medido cada palabra. ‘El Tribunal Constitucional polaco tiene que poder funcionar de acuerdo con la Constitución polaca y con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE‘, ha señalado McGrath. Y ha añadido la frase que blinda su posición: la Comisión de Venecia ‘ha sido clara en que el nombramiento de los nuevos jueces corresponde al Sejm‘.
El matiz desplaza el eje del debate. Bruselas no discute aquí si el PiS destruyó la independencia judicial —lo dio por hecho durante años—, sino quién tiene la potestad de reparar el destrozo. Y la respuesta, según el Ejecutivo comunitario, es el Parlamento. El razonamiento es el del órgano consultivo del Consejo de Europa que lleva desde 1990 dictaminando sobre constituciones y Estado de Derecho: en un sistema parlamentario, la propuesta de nombramiento de magistrados constitucionales reside en la cámara, no en la jefatura del Estado.
El viernes 30 de octubre, la jueza Anna Korwin-Piotrowska, al frente del Tribunal, suspendió a su presidente, Bogdan Święczkowski, y a su vicepresidente, Bartłomiej Sochański, por haber bloqueado durante meses a los jueces electos. Ahí se rompió la última regla no escrita del conflicto: hasta ese día, la disputa se libraba en los despachos y en los recursos.
La respuesta de Nawrocki fue física. El presidente polaco dio la vuelta a su avión en pleno vuelo hacia Senegal, regresó a Varsovia y, poco después de la medianoche del sábado, empujó para entrar en la sede del Tribunal y encararse con los jueces que cuestionaban su dirección. Calificó la suspensión de toma de control ilegal y se reunió ese mismo día con los líderes parlamentarios; la Coalición Cívica de Tusk y su socio de gobierno, la Nueva Izquierda, no acudieron.
Un jefe de Estado forzando la puerta de un tribunal es la definición operativa de lo que Bruselas lleva una década llamando regresión institucional.
Tusk compareció esa misma noche en un discurso a la nación sin concesiones. ‘En algunas cuestiones no puede haber compromiso’, dijo, y comparó las llamadas a la reconciliación con un ladrón que exige quedarse la mitad del bolso robado. Sobre Nawrocki fue más explícito: ‘En un Estado de Derecho, un político no puede entrar en un tribunal y dar órdenes o intimidar a los jueces, aunque sea el presidente’.
La asamblea de jueces convocada para el martes 3 de noviembre decidirá quién controla el órgano y si la suspensión de Święczkowski se consolida. El manual no lo contempla. McGrath, por su parte, se ha detenido justo antes: no ha respaldado la suspensión del viernes ni la ha censurado. Es la posición clásica de la Comisión en los últimos años, avalar el principio y no la ejecución, para no quedar atrapada si el Tribunal acaba dando la razón a Nawrocki.
El giro que convierte a Tusk en el socio fiable de Bruselas
Hay una lectura de geometría variable que explica la comodidad del Ejecutivo comunitario. Desde el giro político de 2023, Varsovia dejó de ser el alumno díscolo del este y se convirtió en el socio grande y previsible que Berlín y París necesitan para cualquier mayoría en el Consejo. La Comisión lo sabe: avalar a Tusk es también avalar el método con el que se reconstruye un Estado de Derecho, y ese método pasa por el Parlamento. Hungría y Eslovaquia leerán doble rasero, porque lo es en parte. Varsovia incumplió durante años y no hubo sanciones efectivas; el aval de hoy llega cuando el gobierno es afín.
El precedente histórico más útil es el del artículo 7 del Tratado de la UE, ese mecanismo que permite constatar un riesgo claro de violación del Estado de Derecho y que Bruselas activó contra Polonia en diciembre de 2017 y desactivó en 2024, sin que el Consejo llegara a votar nunca la constatación. En paralelo, el TJUE impuso a Varsovia en 2021 una multa coercitiva de un millón de euros diarios por el funcionamiento de la Cámara Disciplinaria. Diez años de procedimiento para un resultado que ahora se resuelve en una asamblea de jueces convocada para un martes.
El Eje del Poder Europeo
El primer eje en juego es el que enfrenta a Varsovia con Budapest. Viktor Orbán lleva desde el sábado presentando el caso como prueba de que Bruselas solo respeta a los gobiernos que le gustan, y tiene munición: la Comisión Europea ha dicho quién debe nombrar jueces en Polonia, pero no ha dicho una palabra sobre la suspensión del presidente del Tribunal, decidida por una jueza. Ese silencio calculado es la posición clásica del Berlaymont, y también su punto débil. El segundo eje es el franco-alemán, que necesita a Polonia para el próximo Marco Financiero Plurianual (el presupuesto de la UE a siete años, que debe entrar en vigor el 1 de enero de 2028) y para el paquete de defensa. Un Varsovia con un Tribunal Constitucional en guerra civil institucional es un socio menos fiable en ambasNegociaciones.
Para España, el cálculo es doble. Primero, de alineamiento: Polonia y España están entre los principales receptores netos de fondos de cohesión y comparten frente con Italia y Portugal en la defensa de esa política ante los frugales del norte, que quieren recentralizar el presupuesto en defensa y competitividad. Un gobierno polaco debilitado institucionalmente resta músculo a ese bloque en el momento en que se reparten los sobres. Segundo, de doctrina: la Comisión acaba de sostener que el legislativo manda sobre el nombramiento de jueces constitucionales, y ese criterio, aplicado con la misma vara, tiene coletillas en Madrid. El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial duró cinco años y Bruselas lo convirtió en asunto recurrente de sus informes anuales sobre el Estado de Derecho sin mover un solo expediente. Las empresas españolas con presencia en Polonia —banca, infraestructuras,, energía— miran la escena con la misma pregunta que sus matrices: cuánto tarda en estabilizarse el marco jurídico.
La lectura a cinco o diez años es la que de verdad importa. El Tribunal Constitucional polaco ya dictaminó en 2021 que la Constitución nacional prevalece sobre partes del Derecho de la UE, y esa doctrina sigue viva en su jurisprudencia. Si la asamblea del martes consolida el control del órgano por los jueces designados por el Sejm, Varsovia habrá resuelto el conflicto por vía parlamentaria; si no, la pelota vuelve al Consejo de Asuntos Generales, donde constatar un riesgo exige cuatro quintos de los Estados miembros y constatar una violación grave, unanimidad menos el Estado afectado. Ninguna de las dos mayorías está hoy sobre la mesa. Lo que observamos es un patrón conocido: cada vez que la Comisión encuentra un gobierno dispuesto a deshacer entuertos anteriores, modera el tono y traslada el coste político al Tribunal de Justicia. Polonia pagará la factura de su propia reconstrucción, y España —que fue espectadora durante el bloqueo del CGPJ— debería tomar nota de quién acaba decidiendo cuando la política judicial entra en campaña permanente.
