La víctima del caso VioGén de Granada reclama 12 años y medio de prisión para el exjefe de la Policía Local y otros siete agentes. La acusación particular pide abrir juicio oral contra los ocho policías locales por 47 accesos presuntamente irregulares a la plataforma de seguimiento de víctimas de violencia machista entre agosto de 2023 y abril de 2024.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La víctima del caso VioGén solicita penas de hasta 12 años y medio de cárcel para el exjefe de la Policía Local de Granada, José Manuel Jiménez Avilés, y siete agentes más por descubrimiento y revelación de secretos.
- ¿Dónde y quién? El escrito se dirige a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, plaza número 4. Hay ocho agentes procesados, varios del Grupo de Mujer y Menores, y la Fiscalía pide el archivo.
- ¿Qué supone para los ciudadanos? Se dirime quién puede consultar el expediente de una víctima de violencia machista y si el rastro digital de esas consultas sirve para condenar.
Cuarenta y siete accesos sin justificar entre agosto de 2023 y abril de 2024
El escrito de la acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, sitúa las consultas presuntamente irregulares en la plataforma VioGén entre el 25 de agosto de 2023 y el 4 de abril de 2024. Fueron 47 entradas a un expediente que no les correspondía, sin dejar «ninguna constancia» en el módulo de anotaciones sobre los motivos que justificaban cada acceso. En esas consultas habrían aparecido los recorridos de la mujer, los cambios de horario de su trabajo, sus cambios de domicilio, las medidas de seguridad adoptadas para protegerla y datos relativos a su hija menor.
Hay un detalle que vertebra toda la acusación: la competencia. La custodia de la víctima correspondía en exclusiva a la Guardia Civil, no a la Policía Local, y cinco de los agentes habrían llegado hasta el nivel 3 de la plataforma, donde se visualizan los datos sensibles del expediente. El caso nace de una denuncia de julio de 2024: la mujer, expareja de un subinspector del cuerpo condenado por maltratarla, advirtió de que su agresor «siempre había estado al tanto de todos sus movimientos, incluso por delante de ella».
El origen de las consultas habría sido una orden verbal del entonces jefe de la Policía Local al subinspector jefe de la unidad, para reunir datos con vistas a un expediente disciplinario contra la expareja de la víctima, también compañero de cuerpo. Aquel expediente quedó paralizado a los ocho días de su apertura. Las intromisiones, según el relato de la acusación, no cesaron. Mientras se consultaba el expediente, el agresor fue ascendido a jefe de la Academia de la Policía Local. Los accesos, sostiene el escrito, generaron «temor y desasosiego», alteraron la confianza de la mujer y la mantuvieron en «un estado constante de alerta»; algunas de sus rutinas de seguridad ni siquiera llegaron a anotarse en el sistema para que la Policía Local no las conociera.
La Fiscalía pide el archivo y la víctima exige juicio oral
La instrucción está cerrada. El juzgado ha procesado a los ocho agentes por supuestos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, pero la Fiscalía ha solicitado el archivo al entender que los hechos no constituyen delito penal. Frente a ese criterio, la acusación particular que ejerce la mujer acaba de pedir que se abra juicio oral contra todos ellos.
Las penas solicitadas dibujan una escala muy concreta. Para el exjefe, José Manuel Jiménez Avilés, y para el subinspector jefe de la unidad se piden 12 años y medio de prisión y 30 años de inhabilitación absoluta, como inductores de un delito de descubrimiento y autores de uno de revelación de secretos. Para el oficial jefe y el resto de los agentes, las condenas oscilan entre los 8 años y dos días de cárcel y los 12 años y medio, con inhabilitaciones de entre 20 y 30 años.
La custodia de una víctima de violencia machista es competencia exclusiva de la Guardia Civil; cada consulta fuera de ese cauce deja una huella y también una sospecha.
El escrito incluye además una petición económica: 20.000 euros para la mujer y otros 20.000 para su hija por daños morales, con acción civil subsidiaria frente al Ayuntamiento de Granada, al considerar que los hechos se ejecutaron presuntamente aprovechando medios, credenciales y relaciones jerárquicas del servicio policial municipal. Y una prueba técnica que puede ser determinante: que la Secretaría de Estado de Seguridad identifique desde qué direcciones IP accedió cada agente y si hubo entradas simultáneas coincidentes con los turnos de trabajo del agresor, que no está procesado en esta causa.
La acusación solicita, por último, que la vista oral se celebre íntegramente a puerta cerrada para salvaguardar la intimidad de la víctima y de su hija menor. El escrito ya está remitido a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, plaza número 4, que debe decidir ahora si abre el juicio o si archiva la causa en la línea que defiende la Fiscalía.
La Lectura Andaluza
Andalucía cuenta con marco propio contra esta lacra desde la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, una norma que casi dos décadas después sigue ordenando la respuesta de ayuntamientos y servicios sociales. La Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, mantiene activo el teléfono 900 200 999 de atención permanente, y los consistorios andaluces firman convenios para que sus policías locales puedan consultar el sistema VioGén. Esa arquitectura funciona cuando cada pieza respeta su parcela; el caso de Granada mide qué ocurre cuando una de ellas se sale del cauce.
La pregunta que se hace cualquier lector es sencilla y algo incómoda: si algún día acabara con un expediente de protección, ¿quién podría abrirlo? La respuesta importa especialmente en las ciudades medias y en los pueblos andaluces, donde la Policía Local conoce a todo el mundo y la información vuela más rápido que cualquier procedure oficial. La confianza se rompe cuando quien debe protegerte consulta tu ficha, y sobretodo cuando lo hace sin dejar rastro. De ahí que la investigación sobre las direcciones IP, la trazabilidad de cada consulta y la puerta cerrada en el juicio sean tanto o más relevantes que las penas que se pidan.
Lo que viene ahora es una decisión procesal con fecha abierta: el juzgado debe resolver si abre juicio oral o archiva, y en caso de vista, esta se celebrará sin público y con pericial informática sobre el rastro digital. Si el proceso avanza, el Ayuntamiento de Granada se sentará como responsable civil subsidiario y el debate sobre los controles internos de una herramienta clave en la lucha contra la violencia machista dejará de ser teórico. Andalucía ha sido pionera en poner medios; el siguiente paso es demostrar que esos medios también se vigilan. Ese es el examen que Granada tiene sobre la mesa.
