EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El juez federal Darrin Gayles, del distrito sur de Florida con sede en Miami, ha desestimado con prejuicio la demanda por difamación de 10.000 millones de dólares de Donald Trump contra The Wall Street Journal y el resto de codemandados.
- ¿Quién está detrás? El presidente de Estados Unidos y su equipo jurídico, que ya ha anunciado que recurrirá; al otro lado, el diario, Dow Jones, News Corp, Rupert Murdoch y el consejero delegado Robert Thomson.
- ¿Qué impacto tiene? Cierra la puerta a repetir la misma reclamación y consolida el estándar de la malicia real, un criterio que también condiciona a los medios y empresas españolas con actividad en EE. UU.
Un juez federal de Miami desestima con prejuicio la demanda de 10.000 millones de Donald Trump contra The Wall Street Journal.
La malicia real: el listón que el presidente no ha logrado alcanzar
El fallo, firmado por el juez Darrin Gayles el sábado 31 de octubre, es la segunda vez que el distrito sur de Florida cierra la puerta al presidente. Gayles concluye que Trump no acreditó la malicia real, el estándar que la jurisprudencia americana exige a las figuras públicas: no basta con que una información sea falsa o dañina, hay que demostrar que el medio conocía la falsedad o actuó con temerario desprecio hacia la verdad, la actual malice de la doctrina Sullivan.
En el texto de la resolución, el juez sostiene que el presidente estaba “aferrándose a un clavo ardiendo” —«grasping at straws», en la expresión original— en su intento de encontrar un defecto en el trabajo del diario, y remata que la demanda enmendada “no alcanza a alegar malicia real”. La desestimación con prejuicio (with prejudice) impide volver a plantear los mismos hechos: no es una pausa procesal, es un cierre definitivo de esa vía.
De la carta de 2003 al recurso anunciado: la cronología del pleito
El origen está en un artículo publicado el 17 de julio de 2025. En él, The Wall Street Journal describía una nota de contenido sexual que llevaba el nombre del presidente y que aparecía dentro de un álbum de 2003 preparado para el 50 cumpleaños del financiero Jeffrey Epstein. Trump negó cualquier relación con el texto: “Esto no soy yo. Esto es una cosa falsa”, declaró entonces al diario.
La reacción fue inmediata. Trump presentó su demanda al día siguiente en en el tribunal federal de Miami y reclamó 10.000 millones de dólares por difamación. En abril, Gayles rechazó la primera versión del escrito al considerar que el presidente no se acercaba “ni de lejos” a probar la malicia; su equipo volvió a la carga en mayo con una demanda enmendada que sostenía que el diario había sido temerario al no explicar cómo sus periodistas obtuvieron y verificaron la nota.
El pleito nombraba también a News Corp, a su fundador Rupert Murdoch, al consejero delegado Robert Thomson, a la editorial Dow Jones y a dos periodistas del rotativo. La Cámara de Representantes citó después a los albaceas del patrimonio de Epstein y obtuvo una copia censurada del libro de cumpleaños; Ghislaine Maxwell, que ensambló el álbum, cumple una condena de 20 años por su papel en la red de tráfico sexual. “El presidente Trump seguirá adelante con su potente demanda”, dijo un portavoz del equipo legal, que prepara el recurso.
Desestimar con prejuicio no es un tecnicismo procesal: es la diferencia entre perder un pleito y quedarse sin poder volver a plantearlo nunca.
La Lógica de Washington
La pregunta que importa en Washington no es si el presidente perdió un pleito, sino por qué los pleitos se han convertido en una herramienta política de primer orden. Trump litiga contra la prensa porque su coalición lo lee como una forma de rendición de cuentas, no como una amenaza a la libertad de expresión: para el votante republicano que lo sostiene, los grandes medios forman parte de un establishment que lleva una década cuestionando su legitimidad. Demandar es, en esa lógica, librar la misma batalla en otro tribunal.
El precedente americano que enmarca todo esto es de 1964. La sentencia del Tribunal Supremo en el caso New York Times contra Sullivan elevó el listón de la malicia real para proteger la cobertura periodística de los cargos públicos en plena lucha por los derechos civiles, y desde entonces ese criterio ha blindado a la prensa del país. No han faltado voces dentro del propio Tribunal Supremo que han sugerido revisarlo; lo que esta resolución demuestra es que, por ahora, el listón sigue donde estaba.
Para España el asunto no es ajeno. Los grupos editoriales españoles —Prisa, Vocento, Atresmedia, Mediaset España— cubren la política americana con corresponsales en Nueva York, y cualquier información sobre el presidente entra en un terreno donde una demanda por difamación puede presentarse en cuestión de horas, como ocurrió aquí. El régimen español es otro: el honor y la propia imagen se protegen vía artículo 20 de la Constitución y la ley orgánica de 1982, sin jurados civiles ni indemnizaciones punitivas al estilo americano.
La proyección inmediata es un recurso ante el Undécimo Circuito, con sede en Atlanta, cuya vista no tiene fecha pública. Mientras, siguen abiertos los frentes contra la BBC y The New York Times. Ahí llegará la próxima señal: si los tribunales mantienen el criterio de Gayles, la vía judicial pierde fuerza como herramienta política; si alguno lo rebaja, el mapa cambia para toda la prensa que informa sobre Estados Unidos.
Ficha del Caso
- El caso: Un juez federal de Miami desestima con prejuicio la demanda por difamación de 10.000 millones de Trump contra The Wall Street Journal por una nota sobre su vínculo con Jeffrey Epstein.
- Datos clave: Resolución del 31 de octubre de 2026; demanda presentada el 18 de julio de 2025; primer rechazo en abril y escrito enmendado en mayo; codemandados News Corp, Rupert Murdoch, Robert Thomson, Dow Jones y dos periodistas.
- Para España: El estándar de la malicia real condiciona a los medios y a las empresas españolas con actividad en EE. UU., aunque el régimen español de protección del honor no contemple indemnizaciones punitivas.
