La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha reanudado este martes su agenda institucional, que tuvo que ser aplazada con motivo de la pandemia del coronavirus, y ha recibido a la presidenta del Tribunal de Cuentas María José de la Fuente.
A esta primera visita, que ha tenido lugar en la sede de la Fiscalía General del Estado, también ha asistido el fiscal de Sala jefe del órgano supervisor, Miguel Ángel Torres Morato.
El Tribunal de Cuentas es un órgano constitucional que se configura como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y la gestión económica del Estado y del sector público, ejerciendo también el control económico y presupuestario de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas.
La función de enjuiciamiento tiene por objeto determinar la responsabilidad contable de quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. Se trata de un procedimiento de naturaleza indemnizatoria, que persigue el reintegro de los daños y perjuicios económicos sufridos por el erario público, y es compatible con el ejercicio de la potestad disciplinaria y con la jurisdicción penal.
En este sentido, el Ministerio Público subraya en un comunicado que la función del Tribunal de Cuentas y de la Fiscalía del órgano –compuesta por el fiscal de Sala, un teniente fiscal y una plantilla de tres fiscales– tiene una gran relevancia en la prevención y lucha contra la corrupción.
PROCEDIMIENTO DE INTERÉS
El Tribunal de Cuentas lleva ahora mismo procedimientos que suscitan gran interés social, como el seguido contra los líderes independentistas para determinar el importe y los posibles responsables contables de los perjuicios económicos generados por los gastos de organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Hasta el momento, el Tribunal de Cuentas ha impuesto una fianza de 4,1 millones de euros a los 28 investigados por estos hechos, entre los que se encuentra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros catalanes condenados por el ‘procés’ independentistas, como el exvicepresidente Oriol Junqueras, para asegurar el reintegro a las arcas públicas del posible coste del 1-O, en caso de que estos sean finalmente condenados y considerados responsables contables.
Además, la Fiscalía recuerda que las actuaciones del sector público encaminadas a paliar los efectos de la crisis sanitaria y fomentar la actividad económica son también objeto de control y fiscalización económico-financiera por el Tribunal, «garantizando así la transparencia y el estricto cumplimiento de la legalidad y del interés general».
