La vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha explicado este viernes que en el informe de Inspección a la residencia DomusVI de Lliria (Valencia) «recoge un trato degradante» a los residentes, pero que, «a juicio de los técnicos, no rebasaba el ámbito de sancionador administrativo para llegar al grado de ilícito penal porque entonces se hubiera dado traslado automático a Fiscalía», ha señalado.
Oltra, en una rueda de prensa posterior a la reunión del pleno del Consell, ha señalado al respecto que las cuatro inspecciones realizadas al centro en 2019 derivaron en una propuesta de sanción en junio de 174.000 euros a la empresa al observar irregularidades graves, como es dar un trato degradante que afecte a la dignidad de los residentes. Así, se habían observado «usuarios que no estaban vestidos o que estaban en posturas corporales «inadecuadas».
Sin embargo, ha recalcado que los inspectores en estas visitas no pudieron «visualizar» la «crueldad» del trato grabado en un vídeo por una exempleada, por lo que no consideraron que el caso no debía ser llevado al ámbito del derecho penal. Así el informe detalla «un trato degradante o no digno o de otros incumplimientos tiene mucho valor», aunque es «verdad que una imagen de un minuto y medio -en referencia al vídeo grabado por la exempleada- tiene más impacto que un informe que se ha tardado horas en elaborar».
«Hay indicios de un trato degradante, no correcto, pero de ahí a que los técnicos pudieran visualizar la crueldad de las imágenes de la caída que se ve en el vídeo probablemente no, porque es difícil que esto pase cuando los inspectores están presentes, pero sí irregularidades graves que comportan una de las sanciones más graves que existen en este ámbito, de hasta 80.001 euros·, ha señalado OLtra, quien ha insistido: «Si Inspección entiende que debe ser trasladado a Fiscalía porque se traspasa el derecho sancionador administrativo y pasa al derecho penal se traslada automáticamente, ha insistido.
Al respecto, ha explicado que el derecho sancionador está «absolutamente tasado» y que recoge unas sanciones en función de la tipología de las irregularidades detectadas o por reiteración «que no se pueden alterar». Por ello, cuando se detecta una irregularidad Inspección realiza un seguimiento para comprobar cómo se va subsanando porque «no todas las deficiencia se pueden arreglar en una semana».
En el caso, de Lliria se realizaron cuatro inspecciones en 2019 y ha justificado que pese a ello siguiera operando porque las razones para cerrar un centro «también están tasadas» y ha señalado que cuando el Consell así lo considera procede a su cierre como ha hecho con el centro de mayores de Vila-real que el TSJCV ha bloqueado.
Oltra ha recalcado que la residencia está «bajo vigilancia activa» porque ya «no tiene la presunción de que hace las cosas adecuada y dignamente», pero ha explicado que se está a la espera de lo que determine la nueva investigación de Inspección para adoptar las medidas correspondientes sobre este centro.
Además, ha recordado que Fiscalía ya ha abierto una investigación de oficio y que su departamento le trasladará todos los expedientes y la propuesta sancionadora que ha elevado sobre la residencia, así como el resultado de la nueva investigación.
La consellera ha confirmado que ya hay familiares que han solicitado el traslado de sus mayores y ha insistido en que su departamento «facilitará» ese traslado a quienes quiera cambiar de centro tras el visionado de «esas imágenes tan terribles».
MÁS INSPECTORES
Oltra ha destacado que la situación de Lliria se ha podido detectar gracias al aumento de inspectores que han pasado de siete en 2015 en la etapa del PP, cuando la ley marcada un mínimo de 20, a 21 en 2018. Además, ha recalcado que por la pandemia se han recortado el plazo de 3 años que marca la nueva Ley de Servicios Sociales de 2019 para bajar los ratios y en año y medio se alcanzará los 33 inspectores.
En ese sentido, ha insistido en lanzar un aviso a las empresas que quieran entrar en el sector de servicios sociales: la mentalidad empresarial del lucro rápido y del pelotazo aquí no tienen cabida, la mentalidad que debe tener es la que pone en el centro a las personas, se pueden dedicar a esta actividad económica como medio de vida, pero bajo la filosofía de responsabilidad social, trato digno y hacer bien el trabajo que no es otro que los mayores estén lo mejor».
Sin embargo, ha lamentado que hay grupos que «no lo entienden así», y en ese sentido ha apuntado que en el centro de DomusVI de Alcoi, en la primera etapa de la pandemia, se contagiaron todos los residentes y murieron más de la mitad. «Llueve sobre mojado», ha constatado.
