Unidas Podemos ha reclamado que los fiscales del Tribunal Supremo acusados por el teniente fiscal Luis Navajas de ejercer presiones se abstengan y no participen del informe que debe redactar el Ministerio Público durante la tramitación de los indultos a los condenados en el juicio del ‘procés’, al estar «contaminados ideológicamente».
«Han dado muestras de posicionamiento ideológico en el pasado y pensamos que ese informe no lo deberían de hacer esos fiscales», ha asegurado durante una entrevista el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, en alusión a la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal y Fidel Cadena.
En esta línea, ha defendido que el Gobierno está actuando «simplemente» como marca la ley para detallar que cuando hay una petición de indulto, se debe tramitar y después recopilar informes preceptivos, tanto del tribunal sentenciador como la Fiscalía y los centros penitenciarios. Con todo ello, el Consejo de Ministros debe valorar si esa solicitud se ajusta a la ley y «si hay razones de interés público, de proporcionalidad o de justicia material que recomienden acordarlos o no».
Asens arremetió contra el papel de determinados fiscales «atrincherados» en el Tribunal Supremo, capitaneados por el fiscal de Sala Javier Zaragoza, a los que atribuye una posición «muy beligerante hacia aquello que consideran que se aparta de su ideología y que han tenido actuaciones en el pasado muy cuestionables».
Así, ha rememorado por ejemplo el caso de Madrigal, que ha escrito artículos no hace mucho hablando de «gobierno ilegítimo y entrando hacer valoraciones políticas que la descalifican desde el punto de vista profesional, de la neutralidad que exige un cargo como el suyo».
Por el contrario, ha elogiado al teniente fiscal Luis Navajas, en su opinión una persona de «prestigio», que ha sido «especialmente valiente» cuestionando a sus compañeros «que han intentado doblegar su voluntad». Por tanto, ve una «buena noticia» que se hayan abierto diligencias para aclarar lo sucedido.
LA DERECHA PRETENDE QUE EL GOBIERNO PREVARIQUE
Tras enfatizar que todo ciudadano tiene derecho a pedir un indulto, a Asens le preocupa «enormemente que la derecha esté pidiendo al Gobierno que prevarique» y quiere que se prive de las disposiciones que marca la ley al «adversario político».
«Beben de la idea de que todo lo que es susceptible de formar parte de la antiespaña no tiene los mismos derechos que el resto de españoles», ha apostillado el dirigente de En Comú Podem. Frente a ello, Asens cree que hay «base y elementos suficientes» para otorgar el indulto a los líderes independentistas porque la sentencia del Supremo es «desproporcionada»
«¿Merece más pena lo que pasó el 1-O que alguien que ha matado a una persona o ha violado a una mujer, que es algo de justicia? Pensamos que si el indulto tiene sentido es para corregir este tipo de casos», ha ahondado.
UNA LEY DE AMNISTÍA ES «POCO VIABLE»
Sobre si es partidario de impulsar una ley de amnistía, ha señalado que es una propuesta de los partidos independentistas que les parece interesante pero «poco viable» teniendo en cuenta la correlación de fuerzas en el Congreso y en el Tribunal Constitucional, donde se concentra una mayoría «conservadora».
Al respecto, ha reconocido que existe una «controversia» sobre si esa figura puede encajar en el ordenamiento jurídico, pues se muestran «escépticos» de que sea aceptado por el TC a pesar de que hay juristas de «reconocido prestigio» que piensan que es posible.
En todo caso, el diputado de Unidas Podemos ha trasladado a las formaciones soberanistas que está «muy bien señalar horizontes lejanos, más o menos utópicos, pero que se tiene que hacer propuestas a corto plazo, que sean pragmáticas y viables para avanzar».
«No podemos esperar a que llegue ese momento de difícil concreción para desjudicializar un conflicto político que, a nuestro entender, se debe resolver por la vía política y no los tribunales», ha subrayado.
REFORMAR EL DELITO DE SEDICIÓN: ES «UNA AMENAZA»
Y es que para Asens lo factible es acometer una reforma del delito de sedición en el Código Penal, un compromiso electoral de Unidas Podemos y en Comú en el que llevan mucho tiempo trabajando y que no se ha podido hacer antes porque la «pandemia lo ha impedido».
«Si se hace ahora no es para contentar a los independentistas sino porque forma parte del acuerdo al que llegamos con el PSOE», ha disertado para indicar la confección de este tipo penal es una «bomba de relojería» que derivó en la sentencia «injusta» del Supremo, que se ha «alterado la voluntad del legislador» y se ha arrogado «unas funciones que no le corresponden».
Por tanto, es hora de que el poder legislativo «vuelva a tomar la palabra» y adecuar el delito a los «estándares internacionales» porque ahora es una «antigualla del pasado, que se basa en una concepción predemocrática del orden público y que tiene una influencia castrense», con unos contornos «indeterminados e imprecisos» que han motivado esa interpretación del Supremo.
Interpretar lo ocurrido en el 1-O como delito de sedición «desborda» para Asens «los parámetros de cualquier país democrático» y debe ser reformulado para «corregir no solo la situación de injusticia que sufren los líderes independentistas que están en prisión sino también para blindar el derecho de manifestación para cualquiera que lo ejerza en el futuro». «Es una amenaza al derecho de protesta», ha enfatizado.
Unidas Podemos cuenta con un borrador redactado «desde hace un año» y ha sido presentado a sindicatos, a organizaciones de derechos humanos y al resto de partidos al bloque de investidura, entre ellos al PSOE.
Ahora están a la espera de que se formulen propuestas por parte de sus socios de gobierno, pues es un texto «abierto, no monolítico». En cuanto se alcance un acuerdo, el proyecto legislativo requerirá una serie de informes, como el del Consejo de Estado y pasar por un plazo de audiencia pública para que se presente como anteproyecto en el Consejo de Ministros.
«Luego entrará como un cohete en el Congreso. Ahí deberá ser aprobado con las enmiendas que sean oportunas por el resto de partidos y esa hoja de ruta puede significar de tres meses a seis meses», ha desgranado Asens.
TORRA ES QUIEN DEBE CONVOCAR ELECCIONES, NO EL SUPREMO
También se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el Supremo decrete la inhabilitación del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, y si ello motivaría la convocatoria de comicios.
Al respecto, el dirigente de En Comú Podem ha remarcado que las elecciones «no deben convocarse desde un despacho del Supremo sino que debe ser el presidente el que cumpla con «su promesa» cuando dijo, ante un Govern «dividido y desnortado» por la «confrontación» entre los socios, que convocaría elecciones una vez se aprobaran los presupuestos.
«Han pasado muchos meses desde entonces y creemos que deben convocarse ya, pero también pensamos que los presidentes los debe poner y quitar la ciudadanía. Es preocupante cuando se quitan presidentes desde los tribunales y más cuando tiene que ver con una retirada a destiempo de una pancarta», ha zanjado.
