La Policía Nacional ha detenido en las localidades de Sevilla y Dos Hermanas a cinco personas que, supuestamente, integraban un grupo criminal dedicado a la explotación laboral, al tiempo que ha liberado a ocho personas de origen chino que trabajaban en talleres clandestinos de confección textil en «condiciones insalubres y sometidas a extenuantes jornadas de trabajo».
En un comunicado, la Policía señala que los trabajadores se hallaban hacinados en el sótano de dos talleres. La investigación se inició el pasado mes de mayo a raíz de la denuncia interpuesta por una mujer de origen chino por amenazas y coacciones. Los empleados estaban siendo sometidos a jornadas de trabajo «fatigantes» y carecían de contrato y de alta en la Seguridad Social.
Las diligencias practicadas y las vigilancias realizadas, pudieron determinar que se realizaban continuos portes de material hacia un polígono industrial. El primero de los talleres se encontraba ubicado en un chalet unifamiliar de la localidad nazarena, donde, concretamente residían cuatro de los detenidos, miembros de una misma familia, y en el sótano del mismo presuntamente explotaban a los trabajadores. Allí se encontraron hasta siete puestos de costura.
El segundo de los talleres se localizó en un inmueble de Sevilla, que contaba con tres plantas y se conectaba a través del garaje con el resto de la vivienda. Este taller carecía de cualquier tipo de ventilación y luz natural y pudo comprobarse que trabajaban y dormían en «condiciones penosas e insalubres la mayoría de las víctimas liberadas», que estaban vigiladas y supervisadas «por una persona de confianza del principal encartado». Este taller contaba con veinte puestos de costura.
Ambos espacios carecían de visibilidad desde el exterior y de cualquier tipo de rótulo que pudiera señalar que en su interior se desarrollaba actividad económica alguna y donde los detenidos extremaban medidas de seguridad para no ser detectados.
La operación culminó con la entrada y registro en ambos inmuebles donde se procedió a la detención de los cinco miembros de la organización por los presuntos delitos de grupo criminal y contra los derechos de los trabajadores. En el registro se intervinieron 3.855 euros en efectivo, facturas, cuadernos de anotaciones, ordenes de trabajo y abundante documentación.
La Policía destaca que el ‘modus operandi’ de este grupo criminal, es el mismo que en otros casos investigados de explotación laboral de ciudadanos chinos, en los que empresarios «se aprovechan de la necesidad de sus compatriotas obligándoles a trabajar en condiciones abusivas careciendo de cualquier derecho inherente al trabajo desarrollado». Esta operación se ha llevado a cabo en colaboración con el Grupo III de la UCRIF de la BPEF de Málaga, así como con la actuación de la Inspección Provincial de Trabajo.
