El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha mostrado este sábado su «satisfacción» por el archivo de la causa judicial que se abrió contra él por un presunto delito de prevaricación administrativa por permitir concentraciones multitudinarias, entre ellas la manifestación feminista del 8 de marzo.
«Tengo una normal satisfacción por verme de forma definitiva liberado de esta situación. Desde el principio he dicho lo mismo: máximo respeto a las actuaciones judiciales y a la independencia de la Justicia. Ha sido una decisión de la Audiencia Provincial de Madrid que yo respeto. Y como ser humano sensible que soy, tengo satisfacción», ha reconocido esta mañana tras la rueda de prensa para presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para la Comunidad de Madrid para 2021.
La Sección 30 de la Audiencia Provincial ha dictado un auto, con fecha del pasado 30 de octubre pero conocido ayer, que desestima los recursos que presentaron las acusaciones populares Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional y de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena contra el auto de sobreseimiento que dictó la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, al no ver indicios suficientes de delito.
La juez de Madrid adoptó esta decisión el pasado 12 de junio, un día después de escuchar al propio investigado y a un total de 18 testigos que comparecieron después, entre ellos el secretario general de la delegación del Gobierno, Fernando Talavera; siete funcionarios del organismo y 10 promotores de manifestaciones a los que llamaron para pedir que cancelaran sus concentraciones.
Rodríguez-Medel concluyó que José Manuel Franco, entre el 5 y el 14 de marzo de 2020 ,»no tuvo conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones».
Asimismo, señaló que «no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario. Tampoco «ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó del delegado del Gobierno en Madrid que prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del covid-19», añadió la magistrada.
