La Generalitat trabaja con los ayuntamientos catalanes en un censo de pisos vacíos basado en inteligencia artificial, según ha avanzado L’Hdigital. El Govern pretende sustituir un recuento manual y lento por un mapa de desocupación actualizable, con el objetivo de movilizar vivienda deshabitada y reforzar sus políticas de acceso a la vivienda. El proyecto responde a una carencia estructural del sistema de información de la vivienda en Cataluña.
Por qué la Generalitat abandona el método manual
El proyecto se desarrolla desde hace dos meses en el Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería (CIMNE) de Lleida. La herramienta combinará datos de consumo de agua y electricidad, información del padrón municipal y comprobaciones presenciales que algunos consistorios ya realizan. El sistema cruzará esas fuentes para determinar si un inmueble está ocupado, vacío o tiene un uso intermitente. La elección del CIMNE no es casual: el centro ya acumula experiencia en modelos numéricos aplicados a la gestión pública.
Hasta ahora, la detección de vivienda vacía dependía de un funcionario que acudía al inmueble y comprobaba su estado. Era un proceso caro y difícil de escalar a todo el territorio catalán. La inteligencia artificial promete acortar los plazos y extender el diagnóstico a zonas que históricamente quedaban fuera del control administrativo. La automatización también reduce la dependencia de los recursos municipales, muy desiguales en función del tamaño del ayuntamiento.
La previsión del Govern es cerrar un mapa de prevalencia de vivienda vacía a partir de 2027. No se trata de un informe estadístico aislado, sino de una base para que la Generalitat y los ayuntamientos orienten sus esfuerzos de movilización del parque desocupado. Esa comparabilidad interesa al Govern porque permitirá evaluar qué municipios tienen margen para movilizar pisos con relativa rapidez y cuáles necesitan planes de rehabilitación previa.
Las cifras que justifican el proyecto
Según los últimos datos publicados por el IDESCAT, correspondientes a 2021, Cataluña registra 417.652 viviendas vacías. Es la cifra más reciente disponible y la propia Generalitat admite que ha quedado desfasada. Sin un recuento actualizado, las políticas de vivienda corren el riesgo de repartir recursos con arreglo a un diagnóstico poco fiable.
L’Hospitalet de Llobregat concentra parte del problema. Con 8.197 pisos desocupados, es la cuarta ciudad catalana con más vivienda vacía. En un municipio con fuerte demanda de alquiler y lista de espera para vivienda protegida, el dato convierte el censo en una herramienta especialmente sensible para la planificación local. El consistorio del área metropolitana lleva años reclamando instrumentos de diagnóstico compartidos con la Generalitat.
El censo no resuelve por sí solo la falta de vivienda, pero sin un diagnóstico territorial sólido cualquier plan de movilización queda condenado a la improvisación.
Del diagnóstico a la movilización: los límites del sistema
El salto del dato a la vivienda efectiva es el más complejo. Identificar un piso vacío no otorga a la Generalitat la capacidad automática de incorporarlo al parque asequible. La legislación catalana obliga a abrir expedientes, notificar a los propietarios y acreditar la desocupación con todas las garantías jurídicas.
La utilidad del mapa dependerá de su capacidad para separar bolsas de vivienda vacía estructural, segundas residencias e inmuebles sin cédula de habitabilidad. Cada categoría exige una respuesta distinta: recargos fiscales, mediación con los propietarios o rehabilitación cuando el estado del inmueble impide su alquiler.
Quedan, además, incertidumbres técnicas razonables. El consumo de luz y agua puede dispararse en una vivienda turística o en un piso de uso ocasional, y el padrón no siempre refleja la residencia real. La Generalitat asume que el algoritmo reduce el margen de error, pero no lo elimina.
La utilidad real se medirá a partir de 2027, cuando el mapa esté operativo. Si para entonces los ayuntamientos logran traducir el censo en vivienda movilizada, el proyecto habrá dejado de ser un instrumento técnico para convertirse en una herramienta de gestión pública.
