Los principales grupos del Congreso han apoyado tramitar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) con la que buscan que el copago del Sistema de Dependencia sea más justo para los ciudadanos.
Se trata de un texto que el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha presentado ya tres veces en comisión en la Cámara baja. El primer intento de tramitación fue en 2015, pero las circunstancias políticas de los últimos años –la moción de censura y las dos convocatorias de elecciones siguientes– frenaron en dos ocasiones su avance en el Parlamento.
En la ley, el CERMI pide que se apruebe un reglamento para establecer unos criterios básicos sobre la capacidad económica y participación en el coste «iguales y vinculantes» para todas las administraciones. Estos criterios tendrían margen de ampliación de derechos y de mejora por parte de las comunidades autónomas.
El objetivo, según explicó Pérez Bueno en sede parlamentaria, es la «gratuidad del sistema» pero, mientras, proponen como mínimos, una exención para aquellos beneficiarios cuya capacidad económica personal no supere en 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) (1.344,6 euros) para todo tipo de servicios, incluido el residencial que es, según ha indicado, el más costoso.
También quieren limitar el copago al 60% y preservar el 40% del IPREM para que la persona tenga disponibilidad económica para el resto de sus necesidades. Asimismo, la ILP recoge la imposición de nuevos criterios a tener en cuenta para fijar la participación del usuario, como la edad o el momento de aparición de la dependencia.
Durante el debate de este martes en el Congreso, el diputado del PSOE Luis Carlos Sahuquillo ha reconocido al CERMI el «logro» de esta Iniciativa Legislativa Popular y ha dicho que, tras la «frustración» que ha generado el hecho de que esta ILP de 2015 aún no se haya tramitado, hoy tienen «una nueva oportunidad».
Si bien, ha lamentado que hoy están debatiendo esta ILP debido a los «importantes recortes» durante los «años de gobierno del PP que fueron devastadores para las personas en situación de dependencia. «Sus decisiones han supuesto birlarle 1.900 millones del nivel convenido más otra cantidad similar que tenían que aportar las CCAA», ha afirmado Sahuquillo dirigiéndose a la bancada ‘popular’.
Por su parte, la diputada del PP Alicia García ha reprochado a los socialistas que «los mayores recortes en dependencia se hicieron en un real decreto para reducir el déficit público en 2010», cuando gobernaba el PSOE.
También ha criticado a Pedro Sánchez su gestión durante la pandemia ante las muertes de ancianos en residencias. «Se mostró escapista, hizo la política de la avestruz, en lugar de atender a los dependientes de España», ha denunciado. En todo caso, también ha mostrado su apoyo a esta ILP que «piensa en el mas de 1,1 millones de personas dependientes y en las 376.000 en lista de espera».
LABERINTOS BUROCRÁTICOS
La diputada de Vox Rocío De Meer ha contado la historia de una trabajadora del Congreso cuyo hijo murió a los 15 meses sin recibir la prestación por dependencia que le correspondía. «No sé a qué estamos jugando. Ya está bien de fingir que esta ley soluciona algo, o se reforma o no ha venido a solucionar nada», ha avisado, criticando asimismo los «laberintos burocráticos» de la dependencia.
Mientras, la diputada de Unidas Podemos Marisa Saavedra ha criticado el «proceso de demolición sistemático de la Ley de dependencia» que hizo, a su juicio, el Gobierno de Rajoy. «He visto personas que se quedaron con ayudas de 31 euros al mes o que tenían que decidir entre pagar una medicación carísima o alimentos», ha denunciado.
La diputada de Esquerra Republicana María Carvalho ha criticado el «copago confiscatorio» y ha advertido de los efectos que tiene en las personas en situación de exclusión, que se ven «más abocadas a la pobreza».
Por su parte, el diputado de Junts Per Catalunya Genís Boadella ha hecho un «reconocimiento» al CERMI por haber impulsado esta ILP que «no es justo que vaya pasando de legislatura en legislatura», un debate, el del copago en dependencia, «bloqueado» pero, a su juicio, «del todo necesario».
La diputada de Ciudadanos Sara Jiménez considera que ha «faltado voluntad política» y ha puesto el ejemplo de mayores que tienen que destinar «casi toda su pensión» para pagar la residencia.
Mientras, el diputado del PNV Íñigo Barandiarán ha adelantado su voto en contra por la «deficiencia competencial», un tema, el de las competencias, que también preocupa a la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua pero, en su caso, ha dicho que esta ley «merece ser tramitada» para introducir límites al «copago injusto», y por el apoyo que suscitó entre la ciudadanía, con 740.000 firmas.
