El Ministerio del Interior y Presidencia del Gobierno son los dos departamentos gubernamentales que más reclamaciones recibieron en 2019 por parte de ciudadanos que no estaban conformes con las respuestas que la administración da a sus peticiones de información pública sobre distintos asuntos.
Así lo recoge el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en su memoria correspondiente a aquel ejercicio que acaba de remitir al Congreso.
En aquel año, en el que el PSOE aún gobernaba en solitario, el órgano encargado de gestionar esas reclamaciones de los ciudadanos, resolvió un total de 900 quejas ante la información facilitada por parte de la Administración General del Estado (AGE) y los organismos del sector público estatal.
Por ámbitos organizativos, la AGE y sus ministerios son los que concentran un mayor número de impugnaciones (594, un 66,00% del total), seguido por el conjunto de los organismos públicos y las entidades vinculadas o dependientes de la AGE (165, el 18,33%) y por Presidencia del Gobierno y los órganos constitucionales (71, con un 7,89 % del total).
JUSTICIA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Por ministerios, el que recibió más reclamaciones fue el de Interior (134, el 14,89%), le sigue de Presidencia del Gobierno, (62, el 6,89%), en tercer lugar figura Justicia (46, el 5,11%) y la cuarta plaza es para Política Territorial y Función Pública (45, el 5%).Hacienda es el siguiente ministerio con más quejas (38, el 4,22%), seguida de Ciencia y Trabajo, que acumularon (35 cada uno, el 3,89%, respectivamente).
Por su parte, la Agencia Tributaria fue objeto de 31 impugnaciones (el 3,44%), las mismas que las autoridades portuarias, mientras que la Corporación RTVE recibió 17 reclamaciones, el 1,89% del total.
EMPLEO PÚBLICO
El Consejo de Transparencia detalla que, aunque la temática de la información sobre la que se presentan las reclamaciones es muy heterogénea, destaca un 20% que estuvo relacionada con el empleo público.
Fueron en total 180 reclamaciones: 61 relativa a información sobre retribuciones de altos cargos y empleados públicos, 47 a procesos selectivos, 46 aludían a otras cuestiones como concursos de traslados o libres designaciones, y seis relacionadas con el régimen de incompatibilidades.
A continuación, los temas sobre los que mayor número de reclamaciones se suscitaron tenían que ver con información de naturaleza jurídica (informes, dictámenes, normativa, etc) con un total de 160, un 17,78% del total, y la información estadística (frecuencias de transportes, líneas de comunicación, licencias telecomunicaciones, etc.) con 124, reclamaciones, un 13,78% del total.
Las reclamaciones constituyeron en 2019 el 50% de las iniciativas planteadas por la ciudadanía al Consejo, que recibió un total de 1.780 impugnaciones, un 33% más que el año anterior, y un 244% más que en 2015, cuando este organismo empezó a funcionar.
Desglosadas por ámbito territorial, 927 reclamaciones se presentaron contra resoluciones de la AGE y el sector público estatal, que recibió, sólo a través del Portal de Transparencia un total de 7.442 solicitudes de información. Es decir, el 12,46% de los ciudadanos que ejercieron su derecho de acceso a la información por esta vía recurrió ante el Consejo al no estar conforme con la respuesta de la administración.
RECLAMACIONES A LOS AYUNTAMIENTOS
Por su parte, contra resoluciones de comunidades autónomas que tienen convenio con el Consejo y contra las dictadas por entes locales de estos territorios se registraron 853 impugnaciones.
El Consejo destaca, como «un indicador a reseñar», que el número más alto de reclamaciones (407, un 47% del total) se dirige a resoluciones de ayuntamientos o entidades locales menores, que superan así a las Administraciones autonómicas (con 321 reclamaciones y un 37,07%) en términos de conflictividad.
La materia principal de las reclamaciones es la información municipal (332 reclamaciones, que representan el 38,34% del total), referida a diversos asuntos pero localizada en un municipio determinado.
La segunda materia más reclamada es la información sobre empleo público: esto es, procesos selectivos, nombramientos de libre designación, retribuciones, etc., tanto autonómico como local (163 reclamaciones, un 18,82% del total).
