La historia de la Corona española también se escribe en agosto. Lejos de la imagen de un país detenido, la política nacional ha convertido el mes estival en territorio de consensos constituyentes, reformas de calado y decisiones que han condicionado legislaturas enteras.
Agosto de 1977: la ponencia que redactó la Constitución
El antecedente más rotundo se remonta al 1 de agosto de 1977, cuando las Cortes recién elegidas constituyeron la ponencia encargada de redactar el anteproyecto constitucional. Siete diputados, los llamados padres de la Constitución, asumieron aquella tarea: Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez-Llorca, de UCD; Gregorio Peces-Barba, del PSOE; Jordi Solé Tura, del PCE; Miquel Roca, de Minoría Catalana, y Manuel Fraga, de Alianza Popular.
Los trabajos comenzaron bajo un estricto compromiso de confidencialidad, en un contexto marcado por la violencia terrorista y la incertidumbre sobre el futuro político del país. Aquel acuerdo entre ideologías enfrentadas permitió avanzar hacia el consenso que desembocaría en el texto constitucional refrendado el 6 de diciembre de 1978.
El verano de la Corona: pactos, reformas y decisiones de Estado
Cinco años después, agosto volvió a ser decisivo. El 27 de agosto de 1982, en plena crisis interna de la UCD, Leopoldo Calvo-Sotelo firmó la primera propuesta de disolución de las Cortes Generales bajo la Constitución vigente. El decreto llevaba la firma del rey Juan Carlos I, según recoge la Casa del Rey, y convocó elecciones para el 28 de octubre. Aquella cita la ganó el PSOE con 202 diputados, una mayoría histórica que cerró el ciclo centrista de la Transición.
La lucha contra ETA también tuvo un capítulo estival. El 26 de agosto de 2002, el juez Baltasar Garzón ordenó la suspensión cautelar de Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna aplicando la recién aprobada Ley de Partidos. La decisión abrió el camino a la ilegalización de las tres formaciones por el Tribunal Supremo en marzo de 2003.
La crisis de deuda soberana convirtió agosto de 2011 en un mes de reformas. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunció el adelanto electoral al 20 de noviembre y pactó con el líder de la oposición, Mariano Rajoy, una modificación del artículo 135 de la Constitución para blindar la estabilidad presupuestaria. La reforma se anunció el 23 de agosto y se registró en el Congreso tres días después. Aquel giro marcó el cambio de ciclo que llevó a Rajoy a la Moncloa.
La política española ha utilizado el silencio administrativo de agosto para mover piezas que en otoño resultaban imposibles de explicar.
Los bloqueos institucionales tampoco respetaron el descanso estival. En agosto de 2016, con el Gobierno en funciones tras dos elecciones, el Congreso habilitó el mes para la investidura de Rajoy. PP y Ciudadanos firmaron un acuerdo de 150 medidas el día 28, pero la Cámara negó la confianza en las votaciones del 31 de agosto y del 2 de septiembre. La investidura llegó el 29 de octubre gracias a la abstención del PSOE.
La memoria histórica también se aceleró en verano. El 24 de agosto de 2018, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto que modificaba la Ley de Memoria Histórica e iniciaba los trámites para exhumar a Francisco Franco del Valle de los Caídos. El traslado de los restos al cementerio de Mingorrubio culminó el 24 de octubre de 2019, tras más de un año de litigios.
La Corona vivió su propio mes de agosto en 2020. El día 3, la Casa del Rey comunicó la decisión de Juan Carlos I de trasladar su residencia fuera de España, en un contexto marcado por la investigación sobre el origen de determinadas comisiones. Días después se confirmó que el rey emérito, se encontraba en Abu Dabi, una decisión que reconfiguró el relato institucional de la monarquía.
Los últimos años confirman la regla. Las elecciones del 23 de julio de 2023 dejaron un Congreso fragmentado, y agosto sirvió para negociar la Mesa y los apoyos de investidura que llevaron a Pedro Sánchez a la reelección en noviembre. El 8 de agosto de 2024, Salvador Illa fue investido president de la Generalitat, y Carles Puigdemont regresó fugazmente a Barcelona sin ser detenido.
La lectura institucional: por qué agosto sigue marcando el pulso de la Corona
Conviene leer estos episodios como una pauta de funcionamiento del Estado. Agosto no es un paréntesis; es un laboratorio de acuerdos precisamente porque baja el ruido mediático y los líderes negocian con menos presión de sus bases. La Corona aparece como elemento de estabilidad en los momentos más delicados: firma decretos de disolución, encarna la continuidad institucional o comunica decisiones que afectan a su propia legitimidad, como ocurrió en 2020.
A mi juicio, el verdadero desafío no es el calendario estival, sino la calidad de los consensos. La ponencia de 1977 demostró que el verano puede alumbrar acuerdos de Estado si los actores asumen que hay materias que no admiten estrategia partidista. Las reformas recientes, sin embargo, se han limitado a desbloquear investiduras con mayorías frágiles. Ahí reside la diferencia entre la estatura de un pacto constituyente y la urgencia de un pacto de legislatura.
Por eso, cuando cada agosto se reabre la agenda de la Corona, conviene distinguir entre lo que es estrategia y lo que es arquitectura de Estado. La próxima vez que un titular sitúe una decisión institucional en pleno agosto, habrá que preguntarse si se está ante un movimiento táctico o ante un paso más en la consolidación del sistema. El verano español, en todo caso, sigue ofreciendo material de primera magnitud al cronista.
Claves del Protocolo y Estado
- Contexto del acto: Agosto ha sido escenario de hitos que van desde la ponencia constitucional de 1977 hasta la salida del rey Juan Carlos en 2020.
- El detalle de protocolo: La Corona firma decretos de disolución, refrenda reformas constitucionales y comunica decisiones que afectan a su propia legitimidad con efectos de Estado.
- Próximos pasos: La Casa del Rey no ha confirmado actos inmediatos que prolonguen esta pauta estival, pero la agenda institucional de agosto seguirá bajo observación.
